¿Por qué Yucatán vive en paz y Sinaloa no?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

La tasa de asesinatos a nivel nacional en marzo fue de 1.49 por cada 100 mil habitantes; en Sinaloa, de 3.39, y en Yucatán, de 0.13.

Hay quien dice que los sinaloenses no pueden aspirar a vivir en paz y con seguridad pública.

Que, como los animales que nacen con malformaciones congénitas, deben apartarse de los nacidos para vivir plenamente; que ni siquiera deben compararse con las sociedades con paz porque su naturaleza es otra; que no pertenecen a la misma clase de los estados pacíficos. Que son y serán tierra de la muerte.

Se equivocan. La causa por la que no tienen paz y en Yucatán sí, no es genética. La inseguridad no es una fatalidad irrevocable; es una construcción político- social. No, los sinaloenses no son así, se hicieron y se hacen una sociedad insegura.

Porque no es genética, se puede deshacer el entuerto que los llevó hasta allí.

Su deber es rehacer a la sociedad, reconstruirla. Si no se rehacen, van a seguir teniendo una economía en declive, seguirán viviendo con miedo y seguirán matando a sus familiares, amigos, vecinos o, incluso, a ellos.

La causa no es la geografía. La distancia entre Mérida y Miami es de mil 110 kilómetros, mientras que la de Culiacán a San Diego es de mil 296. Allá tienen más cerca el mercado de drogas. Son frontera marítima con los Estados Unidos.

Tampoco es que allá les falten vínculos con el crimen organizado e historia narca. En los años 40 se formó el eje Cuba-Florida-Yucatán por el enlace del gobierno cubano de Batista y la mafia americana. La primera advertencia de importación de cocaína del Comité de la Cámara de Representantes sobre el Crimen de Estados Unidos fue en 1969, y se refería que en Florida había “una mafia cubana” que traía grandes cantidades desde América del Sur. En 1987 Fidel Castro fusiló al general Arnaldo Ochoa por narcotráfico. Ha sido zona “pesada”.

La causa es la política. El uso diferente que se le ha dado al poder político en Yucatán y en Sinaloa. Un ejemplo.

En agosto de 2008 encontraron 12 cuerpos decapitados cerca de Mérida. Se publicó un video en YouTube de la ejecución y decapitación.

La reacción del gobierno de Yucatán fue reforzar la seguridad en la entidad, realizó una inversión histórica en seguridad y justicia, mejoró las condiciones laborales de los policías, estableció capacitación continua, seguros de vida dignos y créditos para vivienda. Invirtió en armamento y municiones, radiocomunicación, videovigilancia y equipo informático.

Nunca ha vuelto a suceder otra decapitación.

El comportamiento del poder político en Yucatán ha estado influido por dos condiciones: un contrapeso ciudadano importante y una competencia electoral intensa.

Esto es, el gobierno allá tiene que enfrentar una alta exigencia ciudadana, una constante supervisión, evaluación, vigilancia y denuncia, y un castigo electoral.

Existe una larga historia de medios de comunicación críticos, independientes y plurales. El Diario de Yucatán se fundó en 1925.

También es de larga data el funcionamiento de partidos de oposición con capacidad de movilización. De entre los primeros triunfos opositores en el país, en 1958 el PAN gana una diputación federal y en 1967 gana la Presidencia municipal de Mérida.

Una sociedad exigente y participativa se combinó con una clase política a la que la competencia le hacía procurar las mejores políticas para ganarse a ese electorado informado. Tal competencia construyó figuras de nivel como Carlos Castillo Peraza, Dulce María Sauri e Ivonne Ortega.

Con el trabajo continuado por muchos años, en Yucatán cortaron su vínculo con el eje del narcotráfico hacia los Estados Unidos. En Sinaloa, por decir lo menos, ese vínculo se dejó crecer.

Este año, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán destina 3 mil millones de pesos para prevenir el delito y garantizar la paz ciudadana de 2 millones 300 mil yucatecos, esto es, 1 mil 304 pesos por persona. En Sinaloa se aplican sólo 962 millones para garantizar la seguridad pública de 3 millones de sinaloenses, esto es, 320 pesos por persona.

En 2023, en Yucatán a cada policía preventivo le correspondió proteger a 909 ciudadanos. En Sinaloa a 3 mil 333. La fortaleza institucional dio capacidad a las policías estatales de Yucatán de poner a disposición de la autoridad de Justicia Cívica o del Ministerio Público a 18 mil 889 personas que cometían desde infracciones a reglamentos hasta delitos graves. En Sinaloa, a 536.

Yucatán tiene un problema de asesinatos 26 veces menor que Sinaloa, pero su presupuesto para prevenirlos es cuatro veces mayor.

No es que allá nazca gente buena y en SInaloa nazca gente mala. Es que allá quienes se proponen hacer cosas malas no pueden hacerlo, mientras en Sinaloa sí lo logran, impunemente.

Si el gobierno no invirtiera loo necesario en seguridad para garantizar la paz, los yucatecos se lo demandarían, como lo han hecho por mucho tiempo. Dos gobernadores fueron destituidos en los últimos 40 años y ha habido cuatro alternancias de partido.

Quienes han vivido las últimas décadas en Sinaloa no han logrado construir una sociedad segura, pero al menos les queda cumplir con un deber, el deber de la esperanza.

La causa de su inseguridad no es su genética ni la geografía. La causa es que el gobierno, responsable de garantizar la seguridad pública, no ha trabajado como se debe, y los ciudadanos lo han permitido. Eso tiene arreglo.