De autonomía, mejor ni hablar...

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

… fue la crónica de una designación

anunciada, en la que su cercanía

e identificación con la presidenta,

que debió ser un impedimento

para ocupar el cargo, resultó

la ventaja que le abrió la puerta.

Sorpresivamente —al menos para la mayoría de los observadores de la política y muchos de sus actores, porque se dice que desde hace varias semanas se planteó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, su retiro, aunque sin precisar fecha—, se dio la instrucción de su dimisión de manera inmediata, lo que sucedió, no sin que en el proceso el ahora ex fiscal buscara negociar la salida menos lastimosa posible. Esto hizo que el trámite resultara accidentado y no muy apegado a la ley.

La FGR fue creada por reforma constitucional de 2014 (Art. 102) como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta institución sustituyó a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta 2018, cuando entró en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía.

En la exposición de motivos de la reforma se explicaba que la autonomía era fundamental para garantizar la independencia de la FGR de los poderes políticos, aumentar la eficacia en la procuración de justicia y fortalecer la investigación de delitos, incluyendo los cometidos por funcionarios públicos, sin presiones externas, combatiendo así la corrupción y la impunidad.

La procuración de justicia, señalaban legisladores de diversos partidos políticos, se mantendría al margen de intereses o persecuciones político electorales. La remoción del titular de la Fiscalía, dice el artículo 102 constitucional, podrá decidirla el Ejecutivo por “las causas graves que establezca la ley”, sin mayor precisión. 

La separación de Gertz Manero se operó a la antigüita, pasando por encima del espíritu y principal objetivo de la reforma de 2014: el carácter autónomo de la Fiscalía.

Ante las amenazas, el ex fiscal no aflojó y durante varias horas mantuvo en suspenso su salida, hasta que supuestamente lo convenció la propuesta de una embajada “en un país amigo”, lo que le permitió señalar como causa de su salida un cambio de trabajo, una nueva responsabilidad pública a desempeñar. “… Me estoy retirando de mi actual cargo…”, señaló en su comunicado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Nada de remoción, renuncia o jubilación.

Por el sainete que se armó para que dejara el cargo a la de ya, su retiro fue todo menos voluntario. Seguramente hubo varias razones para su remoción, aunque no queda clara la razón de las prisas. El ex fiscal no se caracterizó por su buen carácter. Se manejó con independencia y operó con autonomía, las más de las veces a su conveniencia. A su estilo cumplió con su función, aunque con magros resultados.

Deja muchos pendientes. Se habla de un rezago de más de 42 mil averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir, además de malos recuerdos por excesos de poder en asuntos personales contra familiares, a quienes acusó de delitos inexistentes en la ley, y a académicos e investigadores, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los casos de relevancia se le amontonaron sin completar las investigaciones: Emilio Lozoya y los hechos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados; denuncias sobre el huachicol fiscal; Segalmex; la estafa maestra; los casos de Teuchitlán y Ayotzinapa; Pegasus y el espionaje, entre otros. Asuntos de alto impacto, cuyas investigaciones arrancaron con amplia difusión y mucha expectativa pero que, al paso del tiempo, el ánimo investigador decayó hasta parecer una apuesta al olvido. 

La presidenta dio el manotazo en la mesa para deshacerse del fiscal. Queda la duda, como alguien escribió, si la razón fue por hacer mal su trabajo o por hacerlo demasiado bien.

Con independencia de la verdadera causa, que probablemente no llegaremos a saber, la decisión de Palacio Nacional es un golpe mortal a los buenos propósitos de contar con una Fiscalía autónoma e independiente. Nos regresa a los tiempos del fiscal carnal.

El nombramiento, casi en lo oscurito, para que la ex consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y ex procuradora General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se pudiera convertir en la encargada del despacho de la FGR fue la crónica de una designación anunciada en la que su cercanía e identificación con la presidenta —que debió ser un impedimento para ocupar el cargo— resultó la ventaja que le abrió la puerta.

El Senado cumplió en fast track las formas del proceso para elegir a la nueva fiscal General de la República, aunque con una gran falla en el fondo: la pérdida de la autonomía e independencia de la institución.

Diciembre 4 de 2025