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Una enigmática elección


TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso


La anulación de la separación

de poderes, de la democracia

y del Estado de Derecho

se consumará en una elección

triplemente enigmática:

cómo votar, cómo contar los votos

y cómo creer en los resultados.

 

A poco más de dos semanas de que se ejecute la sentencia por la que desaparecerá el principio de la separación de poderes del sistema de gobierno y se ponga jaque mate al Estado de Derecho con la devastación del Poder Judicial de la Federación y el achicamiento (en todo sentido: tamaño, funciones y peso jurídico) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe total perplejidad en el pueblo bueno y sabio al que la 4T ha encomendado una tarea difícil de entender, sobre todo cuando sólo se le ha explicado a medias.

El encargo no es una responsabilidad menor, pues se trata de que los ciudadanos elijan con su voto, por primera vez en la historia del país, a quienes ocuparán todos los cargos de juzgadores: jueces, magistrados y ministros. Esto para que, según la propaganda oficial, la selección de los jueces y magistrados sea más transparente y democrática (aunque nadie, o casi nadie, sepa quiénes son los candidatos) y se acabe con la corrupción que, a los ojos de la 4T, actualmente tiene invadido al sistema judicial.

Esto último es, quizá, lo único que podría entender la población sobre los beneficios que, se dice, obtendrá por la emisión de su voto. No en balde le han vendido la idea de la corrupción como una verdad irrefutable, aunque sin mayores elementos que acrediten la afirmación ni haya la menor intención o preocupación por investigar.

Con la supuesta buena intención de mejorar el sistema judicial, en Palacio Nacional se encontró un buen pretexto para eliminar obstáculos y consolidar un poder absoluto en el que no caben las minorías. O, más bien, no cuentan.

So pretexto de una corrupción total que nunca se acreditó y derivado de un profundo rencor, el ex presidente López Obrador promovió una reforma constitucional para acabar con el sistema de la separación de poderes, pilar de la democracia mexicana, cuyo concepto supone ideas incómodas y molestas para el autoritario proyecto político de la Cuarta Transformación y de su segundo piso,

Hablar, en estos tiempos, de dominio absoluto del poder político del partido Morena, de órganos autónomos de gobierno distintos e independientes entre sí; de equilibrio de poderes, en donde cada uno de los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, funcionen como contrapeso, y en donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí… en fin, de una separación de poderes cuyo objetivo es evitar el abuso de poder y garantizar la libertad política, resulta ilusorio. Por eso reformaron la Constitución: para no tener límites ni contrapesos que les impidan deshacer al país y sus instituciones (hace algún tiempo, el autor de esta reforma las mandó al diablo; ahora lo cumplió).

El primero de junio será la jornada electoral del Poder Judicial. Un inédito proceso electoral que, de manera apresurada e irresponsable, aprobó la mayoría morenista, sin el menor análisis. La consecuencia, una elección con fallas, accidentada, confusa y engorrosa. Con misteriosos candidatos para ocupar cargos desconocidos y desempeñar funciones inentendibles para la mayoría de los votantes.

Para los mismos protagonistas, su participación es complicada. Sin recursos y con grandes limitaciones para hacer campaña, ha sido difícil hacer contacto con los electores. El Observatorio Electoral Judicial ha señalado algunas críticas en el curso de las campañas, como pocos canales de difusión, excesiva información para analizar, violaciones a las reglas por candidatos y emisión tardía de las reglas, a la que atribuye la principal causa de inequidad.

Abusando de su poder, los morenistas han dado indicios de quiénes son los candidatos oficiales. Y es que en Palacio preocupa la falta de interés de los potenciales electores ante un proceso complicado en el fondo y en la forma. Para la elección federal, cada elector recibirá seis boletas con 37 opciones, por lo que cada votante deberá tomar 222 decisiones.

El constitucionalista Diego Valdés hace números a partir de un cálculo de participación de 10 millones de electores: a cada ciudadano se le entregarán seis boletas con 37 opciones. Esto es, 60 millones de boletas por 37 decisiones llevan a 2 mil 220 millones de decisiones que deberán revisar y contar reducidos grupos de escrutadores instalados en los 300 consejos electorales. Todo, en un plazo limitado de 10 días, de acuerdo con la ley. Una titánica tarea que parece imposible. Por otro lado, el cómputo no lo harán ciudadanos, sino funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes habrá que creer lo que digan.

En resumen, la anulación de la separación de poderes, de la democracia y del Estado de Derecho se va a consumar en una elección triplemente enigmática: cómo votar, cómo contar los votos, y cómo creer en los resultados.

Mayo 15 de 2025

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