Aumenta la inseguridad porque, ante ciudadanos sin voz, el gobierno no corrige

Organismo de seguridad.

Por Omar Garfias

@Omargarfias

La ley establece que el gobernador debe designar a nueve representantes de la sociedad para integrar la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP), organismo que se autodescribe como: “la voz que representa legal y legítimamente a la ciudadanía en materia de seguridad”.

Es una malformación que la designación de los “representantes de la sociedad” sea hecha por el gobernador. Un contrasentido, que los voceros del pueblo los elija el gobierno.

El estrecho vínculo entre el gobernador y esos “representantes de la sociedad” puede explicar por qué la candidata a fiscal del doctor Rubén Rocha fue aprobada por el CGCESP, a pesar de que la Fiscalía General de la República reprobó su trabajo como vicefiscal respecto al asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Algunos de esos “representantes de la sociedad” han pasado a ser altos funcionarios del gobierno y del Congreso. Hay un cambio de cachuchas frecuente.

Un elemento fundamental para que una instancia de representación ciudadana refleje las necesidades de la sociedad es la independencia. Desde ahí puede confrontar o colaborar con el gobierno, según sea pertinente. No debe ser su única vía la cautela, la subordinación.

Los modelos exitosos de representación ciudadana en otros estados van desde los que reciben recursos del gobierno pero sus integrantes son electos por tres cuartas partes del Congreso y por las organizaciones sociales con mayor membresía, hasta los que no reciben dinero del gobierno y tienen un funcionamiento autogestivo.

Lo peor es que el gobernador ha decidido no tener ningún tipo de representación ciudadana en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y por esa falta de designación, la Coordinación General no ha sesionado desde hace un año y 10 meses.

Esos “representantes de la sociedad” deben renovarse cada cuatro años. La última renovación fue el 27 de febrero de 2020, hace cinco años y ocho meses. Hubo tres sustituciones el 9 de diciembre de 2021. Hay un vacío que provoca que no sesione ese organismo, repito.

La alcaldesa de Mazatlán no ha convocado a sesión pública del Consejo Municipal de Seguridad Pública en 15 meses y el Ayuntamiento de Culiacán ha hecho una sola sesión en 36 meses. En plena narcopandemia cerraron sus oídos.

El gobierno, por ineficiencia o por complicidad con el crimen organizado, ha renunciado a hacer equipo con la ciudadanía. Le disgusta todo aquello que contradice su historia de que “aquí se puede vivir perfectamente bien” o, como dice el subsecretario Jiménez, “la percepción de inseguridad es un error ocasionado por la exposición mediática”.

La lucha por la pacificación de Sinaloa ha carecido de un organismo autónomo ciudadano que no sólo reporte los datos finales que generan instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que estudie esa información y con ella construya metas, calendarios y rutas que deba cumplir el gobierno.

La pacificación de Sinaloa no se ha logrado, entre otras cosas, porque adolece de un organismo ciudadano que evalúe y revele el desempeño de los funcionarios de seguridad y justicia. Los detenidos por cada policía, el avance de las carpetas de investigación, la respuesta a solicitudes de peritaje, los fallos y tiempos de los jueces, etc.

La pacificación no avanza porque falta un organismo autónomo que trabaje con la población que tiene mayor vulnerabilidad para unirse al crimen organizado, la que tiene más factores sociales de riesgo.

Es más atractivo y fácil hacer campañas generales con todos los niños y jóvenes, pero lo más complicado, aunque más eficaz, es intervenir en comunidades y con personas con el compromiso de trabajar sistemáticamente hasta romper las estructuras que los atan a la mafia.

Es más cómodo hacer proyectos sin base en evidencia, sin registrar si están cambiando actitudes y valores, suponiendo que son ideas buenas y ocurrencias que suenan bonito, sin base científica, sin focalización.

La pacificación no avanza como se necesita porque no hay un organismo autónomo que incluya a diferentes sectores sociales, con personas que enfrenten distintas caras de la delincuencia, que no eluda la divergencia, que no tema incomodar a los funcionarios para no afectar sus intereses.

La pacificación no avanza porque no funciona un organismo autónomo con el suficiente respaldo social y la solidez metodológica para sentar al gobierno, con todos los más altos funcionarios del sistema de seguridad y justicia, en reuniones de trabajo quincenales a construir soluciones concretas para garantizar la vigencia del estado de derecho.

Hay ciudadanos que creen que la alternativa es reformar la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Su reto es atreverse a salir de su ámbito cercano, de su creencia fallida por años de que todo se reduce a un acuerdo entre un puñado de líderes y élites, y entender que el proceso legislativo tardaría años, pues no hay voluntad política.

Hay ciudadanos que piensan que se debe construir un organismo de la sociedad, independiente. Su reto es tejer una alianza amplia, de trabajo voluntario, incluyente, profesional y con visión estratégica en su trato con el gobierno.

Hay ciudadanos que buscan que todo siga igual, que el doctor Rocha designe a los nuevos “representantes de la sociedad” y ratifique a los cómodos. Su reto es asumir que han sido parte del problema y no de la solución.

Para pacificar Sinaloa se necesita que el gobierno cumpla su obligación de prevenir el delito, garantizar el orden público y perseguir y castigar a quienes violen la ley, especialmente al crimen organizado.

El gobierno no lo va a hacer si no es exigido por la presión social, y uno de sus componentes es un organismo ciudadano con la suficiente autonomía e independencia de la autoridad que represente a toda la sociedad, que estudie la información, que focalice en las causas sociales de la inseguridad, que presente proyectos científicos y que acuerde y dé seguimiento a acciones, programas y políticas con las instituciones.

Esta es tarea de nosotros, la gente común. La que tiene de pie al estado. Podemos. Hay que seguirse juntando.