Colombia gasta 2% del PIB en subsidiar combustibles fósiles
- migueldealba5
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En medio de las discusiones sobre las acciones necesarias para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, una iniciativa que ha liderado Colombia y que trajo la primera conferencia para discutirlo a Santa Marta, hay un punto clave: la eliminación de subsidios al petróleo, gas y carbón. A pesar de su liderazgo, ha gastado más de 22 mil 500 millones de dólares desde 2020 en subsidios y todavía no tiene una ruta clara para eliminarlos.
Por Andrés Díaz Páez
Se reúnen en Santa Marta los representantes de los gobiernos de cerca de 60 países para hablar sobre un aspecto clave para la transición energética: cómo dejar de utilizar carbón, petróleo y gas en lugares como Colombia, cuya economía depende en gran medida del uso de estos combustibles.
La urgencia de la discusión tiene que ver con los llamados que han hecho científicos de todo el mundo para evitar una catástrofe ambiental y climática.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) ha sido claro en señalar que se está haciendo tarde para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el aumento de temperatura del planeta. Si no se limita ese incremento a menos de 1,5°C para finales de siglo, se intensificarán problemáticas que se han hecho evidentes en los últimos años.
La pérdida de biodiversidad y de ecosistemas claves, como la Amazonia, el incremento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos meteorológicos, como sequías y huracanes, son solo algunos ejemplos.
Sin embargo, un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) revela que los gobiernos destinaron cinco veces más fondos públicos a los combustibles fósiles que a las energías renovables, lo que pone en riesgo no solo al clima, sino también la seguridad energética.
Según el reporte, publicado el 27 de abril en el marco de la conferencia de Santa Marta, las decisiones de los gobiernos en materia de finanzas públicas siguen sin estar en consonancia con una transición creíble que permita abandonar los combustibles fósiles.
El análisis sostiene que cualquier hoja de ruta de transición creíble debe comenzar por poner fin al apoyo financiero público a los combustibles fósiles y redirigirlo hacia sistemas energéticos más limpios y resilientes.
En ese sentido, Colombia ha reconocido la necesidad de abandonar progresivamente el uso del carbón, el petróleo y el gas, para sustituirlos por fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar.
De hecho, el Gobierno de Gustavo Petro decidió desde la cumbre climática que se realizó en Dubái en 2023 (COP28) asumir el liderazgo de un conjunto de países que consideran urgente tomar decisiones para lograr esa transición. Por eso, junto a Países Bajos, se organizó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que tiene lugar en Santa Marta del 24 al 30 de abril.
Una de las medidas claves para esa transición, y que es parte central de las discusiones en Santa Marta, tiene que ver con la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles.
Desde 2023, el Gobierno ha avanzado en la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles Fósiles, que le costó más de 22 mil 500 millones de dólares al país tras la pandemia por COVID-19. Aunque a inicios de 2026 la deuda era de 900 millones de dólares, su cierre ha estado impulsado principalmente por el incremento al precio de la gasolina.
Sin embargo, como detalla Así va la Energía, un observatorio del centro de pensamiento climático Transforma, los subsidios al petróleo, el carbón y el gas cada vez cuestan más a Colombia y hay un avance muy reducido en el compromiso de eliminarlos. El subsidio al diesel, exenciones tributarias y otros incentivos al uso de combustibles fósiles hacen parte de un largo listado que representa cerca del 2 por ciento del PIB nacional y que todavía no está claro cómo se va a desmontar.
El déficit ocasionado por la gasolina y el diésel
En junio de 2022, el Ministerio de Hacienda anunció el primero de varios incrementos mensuales al precio de la gasolina, que pasó de costar 2,5 dólares por galón, a cerca de 4,5 dólares para 2025, alineando el precio nacional con los precios internacionales de este combustible.
El objetivo, planteado a finales del Gobierno de Iván Duque e implementado en su mayoría por la administración de Petro, era cerrar un déficit que se acumuló durante años y que, de acuerdo con la dirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía (Minminas), llegó a representar un costo anual cercano a los 5 mil 600 millones de dólares para 2023.
Se trata del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), un mecanismo, creado en 2007 para evitar que los cambios del precio internacional del petróleo tuvieran un impacto en la economía nacional.
Como explica Paula Osorio, ingeniera eléctrica, economista e investigadora de Transforma, “el objetivo era que los momentos en los que el precio internacional estuviera por debajo del precio nacional generaran un ahorro para financiar los momentos en los que el precio internacional incrementara”. Sin embargo, el mecanismo no funcionó, pues el precio internacional estaba la mayoría del tiempo por encima del nacional.
Antes de 2020, el costo del FEPC ya era un problema para las finanzas del Estado, pero la situación se agravó los años siguientes. La pandemia por COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia ocasionaron un incremento en los precios del petróleo y en el costo de los subsidios para el país. En los últimos seis años, señala Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos del Minminas, se han pagado más de 23 mil millones de dólares para subsidiar que el precio de los combustibles esté por debajo del costo internacional.
Con el precio de la gasolina cerca de los 4,5 dólares por galón en 2025, el déficit anual del fondo había logrado reducirse a 900 millones de dólares. Sin embargo, “el 28 de febrero, que fue cuando Estados Unidos atacó a Irán y sus instalaciones, el precio internacional del petróleo se disparó y llegó a niveles que no veíamos hace dos décadas. Eso hizo que el déficit volviera a aumentar”, asegura Flórez.
Aunque el plan del Gobierno era que para finales de 2026 se eliminara por completo la deuda con el Fondo, el Centro de Estudios Económicos de Colombia (ANIF) estima que este nuevo escenario podría llevar la deuda hasta los tres mil millones de dólares.
A esto se suma un problema más. Hasta ahora, la reducción del déficit se había logrado gracias al incremento del 74 por ciento en el precio de la gasolina. El diesel, sin embargo, pasó de costar 2,5 dólares en 2020 a 3 dólares en 2025, muy por debajo del precio internacional. ¿Por qué se ha mantenido el subsidio a un combustible más contaminante? La respuesta tiene varios matices.
El reto de tocar el precio del diésel
En Colombia, parte importante de la economía se mueve en vehículos de gran tamaño impulsados por diesel. Algunos ejemplos son las mercancías que entran y salen por los principales puertos del país, el desplazamiento de alimentos desde el campo hacia las grandes ciudades y el transporte de pasajeros a nivel nacional.
Para Osorio, de Transforma, hay varias consideraciones a la hora de pensar en incrementar el precio de este combustible. Una de las más importantes es que las actividades vinculadas a su uso están también relacionadas con la inflación de precios y la economía de sectores vulnerables, como los pequeños agricultores. “Por eso, cuando se dieron los primeros incrementos al diesel, hubo mucha presión por parte de los transportistas para frenarlos. Es un sector que necesita un enfoque diferente”, advierte.
El problema tiene una magnitud importante. Cuando el precio del diesel a nivel internacional incrementa, el subsidio al diesel en Colombia ha alcanzado “hasta el 65 por ciento del precio”, explica Flórez. Según el funcionario, desde que aumentaron los precios a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al país le ha costado 1.125 millones de dólares mantener estables los precios del combustible.
Al respecto, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, asegura que “subsidiar de manera generalizada los combustibles fósiles no es sostenible, ni fiscal ni ambientalmente. Esos recursos públicos terminan profundizando la dependencia del petróleo y el diesel, cuando deberían orientarse a financiar la transición energética, la movilidad limpia, la restauración ecosistémica y la protección social de las comunidades más vulnerables”.
En 2024, el Instituto Ambiental de Estocolmo y el Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad publicaron un documento analizando los retos que plantea desmontar el subsidio al diesel en Colombia y hace recomendaciones para lograr el objetivo. Una de ellas es tener mesas de trabajo permanentes con el sector transportista y establecer programas sociales que permitan reducir el impacto del incremento de precios en los sectores más vulnerables. Además, hacen un llamado a la renovación tecnológica del parque automotor de transporte, con el fin de reducir la demanda de diesel.
Flórez asegura que se trabajando en varias decisiones que apuntarían a un desmonte parcial del subsidio al diesel. Por ejemplo, el Minminas trabaja en un listado para identificar a los grandes consumidores del combustible, aquellos que superan los 20 mil galones al mes, para que paguen un precio diferencial, alineado con el internacional, y no uno subsidiado. Además, un decreto publicado a inicios de año eliminó el subsidio para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales.
Para Osorio, las medidas van en la dirección correcta, pero no son suficientes. Entre 2020 y 2024, los subsidios a la producción y el consumo de combustibles fósiles pasaron de representar menos del 0,2 por ciento del PIB nacional a superar el 2 por ciento. Sólo en 2023, el país gastó 7.400 millones de dólares en el subsidio a estos combustibles.
¿Cuántos subsidios a los combustibles fósiles tiene Colombia?
Durante estos días de discusión en Santa Marta, un resultado esperado es que “Colombia encuentre inspiración en otros países para implementar políticas a nivel nacional”, asegura Alex Rafalowicz, director del Tratado para la no Proliferación de Combustibles Fósiles, una iniciativa que ha impulsado la Conferencia y el abandono del carbón, el gas y el petróleo desde hace varios años.
Para Osorio, de Transforma, es clave que las medidas que se implementen en el país sean planificadas y progresivas. “Por ejemplo, Bolivia eliminó todos sus subsidios de un día para otro, pero tuvo un efecto social y económico muy fuerte, porque no fue medido ni ordenado”, señala.
El observatorio Así va la Energía –con datos hasta 2024– destaca casos como el de Chile, donde los subsidios a los combustibles fósiles no representan más del 1 por ciento del PIB nacional, en contraste con países como México y Argentina, que son los países que más gastan en subsidiar los combustibles fósiles.
Sin embargo, el caso chileno también refleja una complejidad, pues el principal subsidio es el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO), eliminado en marzo de 2026 por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, generando un aumento en el precio de las bencinas cercanas a un dólar desde entonces.
Un primer paso para cumplir con el compromiso de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles “es tener un inventario de cuáles son esos subsidios y cuánto gasta el Estado en cada uno de ellos, porque hoy no hay claridad sobre esa cifra”, apunta Osorio.
“Tener un inventario claro de los subsidios a los combustibles fósiles —su dimensión fiscal, sus impactos distributivos y sus efectos sobre la transición energética— no es solo una buena idea, sino una necesidad de política pública”, señala Vélez, ministra de Ambiente. “La pregunta no es si debemos hacerlo, sino cómo hacerlo sin profundizar desigualdades sociales ni afectar a las poblaciones más vulnerables”, añade.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que Colombia tiene 13 subsidios a los combustibles fósiles. Sin embargo, Transforma trabaja en un listado que ya ha identificado 30, teniendo en cuenta exenciones tributarias y subsidios directos.
Un caso es el subsidio a la tarifa de energía eléctrica en Colombia, que cubre a los estratos socioeconómicos más bajos.
Aunque la generación de electricidad en Colombia es principalmente renovable, a partir de hidroeléctricas, también hay un porcentaje de generación con carbón y gas. “No sabemos cuánto de ese subsidio cubre la generación con combustibles fósiles”, señala Osorio.
Otro ejemplo es el consumo de gas, exento de IVA, sin importar si se trata de un hogar de bajos ingresos o de una gran industria.
Una de las razones fundamentales para eliminar los subsidios a la producción y consumo de gasolina tiene que ver con el impacto en las finanzas públicas. Sin embargo, no se trata sólo de un tema económico. “Es importante discutir cómo va a dirigirse el financiamiento público para que sea mejor aprovechado", asegura Osorio.
Por ejemplo, en la implementación de energías renovables o el fortalecimiento de sectores económicos que ayuden a reducir el impacto de la salida de los combustibles fósiles. “Hay una expectativa muy grande para que lo que salga de Santa Marta funcione como un insumo para la hoja de ruta que determine cómo vamos a hacer esta transición”, concluye la investigadora.
*Este artículo fue producido por Climate Tracker América Latina