Corrupción e inseguridad

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Por Omar Garfias

@Omargarfias

El expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió acabar “de tajo” con la corrupción. El día de su toma de posesión puso el parámetro: “Según la última medición de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción”.

No cumplió. En la última medición de su gobierno estaba en el lugar 140. La calificación bajó de 28, en 2018, a 26, en 2024.

AMLO identificó que la corrupción florece cuando el gobierno compra por adjudicación directa, esto es, no por concurso sino mediante la elección libre del funcionario.

En el cuarto párrafo del punto primero del Plan Nacional de Desarrollo, el expresidente prometió que no habría compras ni obras por adjudicación directa en su administración, que las prohibiría. No cumplió. El 80 por ciento de las compras y obras de su sexenio fueron hechas por adjudicación directa, según la información oficial de la plataforma COMPRANET del Gobierno federal.

López Obrador no perturbó la maquinaria de corrupción, le permitió seguir funcionando.

También prometió: “…limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”.

Tampoco cumplió. El fraude de SEGALMEX por 14 mil millones de pesos fue descubierto por la Auditoría Superior de la Federación y admitido por el Gobierno federal, pero el director general de esa dependencia fue exonerado a pesar de que había documentos firmados por él en los que autorizaba movimientos ilegales. “Es gente buena, lo engañaron priistas”, dijo el expresidente y le dio otro cargo en su gabinete.

Todavía más, los gobernadores priistas acusados de corrupción por Morena, como Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes, fueron incorporados a Morena.

López Obrador consolidó una casta de políticos impunes.

Como reacción a la corrupción denunciada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, distintos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil exigieron y lograron, en los últimos días de esa administración, la formación de Sistemas Anticorrupción a nivel federal y estatal.

Son una instancia de coordinación entre diversas instituciones y grupos de ciudadanos que tienen como finalidad la prevención, investigación, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

López Obrador no permitió que funcionaran los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. Dio instrucciones a sus legisladores en el Senado y en los congresos estatales para que no hicieran el 88 por ciento de las designaciones necesarias. Los sistemas nunca han estado completos ni con recursos suficientes.

Al igual que con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), decidió que era muy costoso que al gobierno lo vigilen órganos autónomos, que es mejor que se vigile a sí mismo.

AMLO debilitó las instituciones que combaten la corrupción y exigen transparencia.

La corrupción del gobierno es un componente fundamental de las redes de macro criminalidad.

Es una obviedad que una maquinaria de la magnitud del crimen organizado requiere que la cadena de justicia no cumpla con su responsabilidad, y que uno de los mecanismos para ello es la corrupción.

Otro factor de fortalecimiento de las redes de macro criminalidad es el uso del presupuesto público como fuente de financiamiento. Las áreas de compras y obras se convierten en operadores.

Cuando se debilita el combate a la corrupción, se fortalece el crimen organizado.

Una de las causas del desarrollo de los cárteles delincuenciales es el desarrollo de la corrupción como forma de connivencia y como fuente de financiamiento.

Lógicamente, la superación de ambos males implica políticas coordinadas y simultáneas. No pueden ocurrir las unas sin las otras.

Las conexiones del crimen organizado con las policías preventivas, las fiscalías, los jueces y las instancias administradoras y ejecutoras de recursos públicos, es un conglomerado que debe desmontarse con una estrategia integral.

Las instituciones de transparencia y anticorrupción son, en ese sentido, factores de seguridad pública, factores de paz. Si no se desarrolla una estrategia integral sólo se estará simulando.

El expresidente López Obrador tuvo frases bellas, claras y contundentes sobre la corrupción. Lo que no tuvo fueron hechos admirables, claros, contundentes, eficaces y sistemáticos contra la corrupción.

La simulación empieza por negar los problemas.

Nos quieren vender diferencias de cantidades de asesinatos como logros, cuando tales diferencias no se derivan de la pérdida de la capacidad de asesinar personas por parte del crimen organizado, sino de circunstancias de operación y logística. La prueba está en que al otro día vuelven a matar en cantidades mayores.

Siguen asesinando. Siguen teniendo capacidad de asesinar impunemente, no la han perdido en los seis meses que llevamos de esta administración. No hay logro. Dejan de sumar sangre para disfrazar su ineptitud.

Recientemente, una diputada de Morena volvió a invocar el pasado para que adoptemos el consuelo como comportamiento. Lo incongruente es que los funcionarios de Seguridad Pública y de Gobierno de ese gobernante del pasado al que se refirió, hoy son parte de Morena en cargos grandes: diputado local, alcalde, diputada federal y secretario de Gobierno en la administración del Dr. Rubén Rocha Moya. Se aludió a la corrupción y a la inseguridad de los municipios en el pasado, pero hay 25 expresidentes municipales prianistas del pasado en las filas de Morena y sus gobiernos.

Son ese pasado que critican.

Son esa simulación que causa más corrupción y más inseguridad.

Son parte del problema, no de la solución.