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Por Omar Garfias
@Omargarfias
El huracán “Willa” derribó el puente “Monte alto” que unía a las familias de la sierra con la ciudad de El Rosario, Sinaloa. Fue en octubre de 2018, un mes antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión como presidente.
Las comunidades afectadas esperaban la ayuda federal; hicieron los trámites, escritos, gestiones y peticiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo Minero. No llegó nada porque ambos fideicomisos fueron desaparecidos por órdenes del presidente.
Pasaron dos años y cinco meses para que iniciara la reconstrucción del puente pero, desesperanzados, lo hicieron con los recursos de los gobiernos locales, esos de por sí escasos para dar servicios públicos y seguridad por parte de los ayuntamientos.
El gobierno de Morena negó el apoyo a los más pobres.
El Fonden no era perfecto pero, cuando existía, apoyó con recursos para, por ejemplo, reconstruir 31 kilómetros de carreteras en Navolato, en 2014.
Tampoco es probable que cuenten con apoyo del gobierno federal las familias que pierden su vivienda o sus muebles.
En las recientes lluvias, los ayuntamientos anunciaron que, para ayudarlas, tomaron de su presupuesto, disminuyendo los recursos para otras necesidades.
El 18 de septiembre de 2014, cuando existía el Fonden, el huracán “Manuel” ocasionó daños. El periódico Noroeste informó el 4 de octubre de ese año que “Sinaloa recibe los primeros 130 millones de pesos del Fonden para la limpieza de la infraestructura dañada, como escuelas y carreteras”.
En 2016, el mismo diario informó que “el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, encabezó la entrega de apoyos para las familias que resultaron dañadas (…) resaltó el apoyo del Gobierno federal al estado, dotándolo de insumos a través del Fondo de Desastres Naturales. Detalló que, en total, son 43 mil 480 artículos que serán distribuidos de manera inmediata entre la población afectada por el huracán “Newton”, de los cuales 4 mil 479 son despensas, 12 mil 520 cobertores, 12 mil 520 colchonetas, 8 rollos de hule, 4 mil 474 kits de limpieza; así como 4 mil 479 kits de aseo personal y 5 mil bultos de lámina”.
El presidente destruyó una institución para superar los momentos de crisis y emergencia.
Destruyó un mecanismo que aliviaba la tragedia que sufren las familias víctimas de desastres.
La asociación “México Evalúa” reporta que, de 2013 a 2018, el Fonden promedió erogaciones anuales por 29 mil millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria y pago de seguros financieros.
En el actual Gobierno federal, solicitar una reconstrucción de emergencia es igual que solicitar un caso normal, aunque sea para evitar una catástrofe.
Destruir el Fonden significa que ya no hay fondo de emergencia con un recurso depositado en un banco del gobierno listo para sacarse mediante las firmas de Gobernación y la autorización de un Consejo.
Ahora se quiere garantizar la protección con gasto corriente en menores cantidades y con los trámites burocráticos normales, como si no fuera urgente. Tan solo la reconstrucción del puente al Quelite, Mazatlán, destruido en septiembre de 2021, tuvo que esperar ocho meses para que se lanzara el concurso para elegir qué empresas lo harían. Obviamente, aún no está terminado.
A partir de la desaparición del Fonden se gasta considerablemente menos en la atención de desastres naturales. En 2021, el gasto para atender desastres naturales cerró en 14 mil millones de pesos, apenas la mitad del promedio anual gastado el sexenio pasado.
Además, refiere “México Evalúa”, el monto orientado a la reconstrucción de infraestructura fue de sólo 2 mil millones, es decir, 90 por ciento menos que el promedio anual citado.
Para 2022 sólo se presupuestaron 9 mil millones para atender desastres naturales, un tercio del promedio gastado de 2013 a 2018.
Encima, hay un retroceso en la transparencia en los reportes de este gasto, pues ya no se desagrega por sector de inversión ni por entidades federativas, como antes se hacía.
El argumento para desaparecer ese y otros fideicomisos fue que había corrupción en ellos. El presidente dijo, el 8 de octubre de 2020, que presentaría, en 10 días, un informe detallado sobre las irregularidades detectadas.
Es hora que no ha presentado nada.
Muy probablemente se podía mejorar el Fonden, en especial su agilidad y en cerrar espacios a la corrupción.
Lo grave es que se sustituyó por algo peor: un presupuesto menor, más burocrático y menos transparente.
El presidente acentuó una relación injusta entre el Gobierno federal y los estados y municipios.
El Gobierno federal recauda el 93 por ciento de los impuestos porque los gobiernos locales le ceden la facultad de cobrar los impuestos grandes. Es terrible que cuando los ayuntamientos necesiten ayudar a su gente, lo tengan que hacer con lo poco que pueden obtener.
Los ayuntamientos prefieren ya ni pedir porque ven lo poco que llega y lo dificultoso que es.
Atender a las víctimas de una tragedia es propio no solo de los buenos gobiernos, sino de los buenos seres humanos.
Necesitamos instituciones eficientes, eficaces y honestas con presupuestos suficientes.
Destruir para acumular poder no da resultados
La vida es una prioridad.