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Sofia y André Oliveira; Martim, Mariana y Cláudia Duarte Agostinho, junto con Catarina dos Santos Mota, son los nombres de los seis jóvenes que el 27 de septiembre hicieron historia, al ser protagonistas de una demanda contra 32 países de Europa por incumplir el Acuerdo de París.
La ola calor y los dos incendios forestales que causaron 109 muertes y dejaron miles de hectáreas calcinadas en Portugal en 2017, fueron el detonante para pasar a la acción. Tras años de espera, la última semana de septiembre de 2023 tuvo lugar la primera y única audiencia del juicio.
Una sentencia favorable a los jóvenes sentaría un precedente que podría usar cualquier persona u organización en futuras demandas, pero va a ser difícil que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pueda obligar a todos o algunos de los Estados a tener una mayor ambición climática y reducir sus emisiones.
En Climática, revista sobre cambio climático de lamarea.com, con la ayuda de Karlos Castilla-Juárez, responsable de investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya, Elisenda Pallarés analiza el caso.
«Mientras no exista un tribunal con competencia clara para exigir a los Estados su responsabilidad de mitigación y adaptación al cambio climático, todo queda en política y buena voluntad», afirma Castilla.
Sin embargo, cualquiera que sea el resultado, la valentía de estos seis jóvenes es un ejemplo del poder de la acción climática.
Y es que la sociedad no se resigna a sufrir los embates del cambio climático, ni que los Estados no cumplan sus compromisos, como el Acuerdo de París, para frenar el avance del calentamiento global, mientras las empresas fósiles siguen con la ampliación de sus operaciones extractivas de petróleo, gas y carbón.
Esta realidad ha llevado a que cada vez sean más las personas y organizaciones que deciden presentar demandas climáticas contra multinacionales y Estados, como los seis jóvenes portugueses que sentaron a 32 países europeos en el banquillo del TEDH en un litigio climático de una única audiencia pública y cuya sentencia se espera en 2024.
Los demandantes denunciaron a 27 miembros de la Unión Europea más Noruega, Suiza, Reino Unido, Turquía y Rusia (técnicamente son 33, pero la defensa decidió suspender su acusación contra Ucrania). Todos han acudido a Estrasburgo a defenderse, con excepción de Rusia.
Este fue el primer caso sobre cambio climático presentado ante el TEDH, admitido a trámite ante el nivel más alto de la Corte, la Gran Sala, que sólo conoce casos de importancia excepcional.
Por lo tanto, se trata de un juicio histórico que puede sentar un precedente importante. «Los precedentes que sienta tienen un gran impacto en la interpretación de las leyes de todo el continente, pero también más allá gracias a la influencia y a la autoridad que tiene el Tribunal Europeo”, declaró a Climática Sébastien Duyck, abogado senior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional presente en la audiencia.
Va a ser complejo que la sentencia del TEDH pueda obligar a todos o a algunos de los Estados a tener una mayor ambición climática y reducir sus emisiones. El abogado del Reino Unido, Sudhanshu Swaroop, ha adoptado la estrategia de cuestionar la admisibilidad del caso por parte del Tribunal.
«El problema es la competencia que se ha dado a los tribunales internacionales, en este caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para conocer casos de cambio climático», destaca Karlos Castilla-Juárez, responsable de investigación del IDHC y profesor de Derecho Internacional de los derechos humanos en la Universitat Pompeu Fabra.
El especialista ve clara la vulneración de derechos humanos: «Los hechos deben ser violatorios de un derecho que está a cargo de ese tribunal. Pueden alegar afectación a la integridad personal y a la vida por los fenómenos extremos». No obstante, considera que es «muy complicado» conseguir un fallo contra tantos Estados que actúan de manera diferente ante el calentamiento global.
«El problema surge en que para llegar a los tribunales internacionales es requisito básico necesario agotar los recursos existentes a nivel nacional para solucionar el problema. Por eso los Estados alegan que no se puede acudir a este tribunal sin haberles dado la oportunidad a los 32 Estados de resolverlo».
«Las obligaciones en materia de cambio climático no están contenidas en las normas que entran en la competencia del TEDH. Los tratados de Naciones Unidas como el Acuerdo de París no prevén un tribunal ni mecanismos de sanción, y los Estados evitan meterse en estos problemas», señala Castilla-Juárez.
«Tampoco hay un tribunal a nivel universal con competencias para evaluar si los Estados cumplen sus obligaciones con los derechos humanos», lamenta.
Además, los demandantes reclaman una protección no solo para ellos o para el resto de portugueses, sino para generaciones futuras. «Es un segundo problema de competencia, se tiene que demostrar un daño y los tribunales no aceptan cosas a futuro. Si se resuelve favorablemente, se limitará a estas seis personas, y cada una tendrá que explicar la afectación directa que ha sufrido por los incendios y el humo, y se limitará a Portugal. Veo difícil que se puedan limitar las emisiones de otros países«, añade.
Pero hay motivos de esperanza: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia tramitan opiniones consultivas y van a hacer una interpretación de qué obligaciones tienen los Estados en materia de medioambiente y protección de derechos humanos. Esas interpretaciones podrían ayudar a dirimir los alcances de los derechos».
Aunque incide de nuevo en que «mientras no exista un tribunal con competencia clara para exigir a los Estados su responsabilidad de mitigación y adaptación al cambio climático, todo queda en política y buena voluntad».
Sea cual sea la sentencia del juicio de los jóvenes portugueses que luchan por conseguir un futuro mejor para todos, todo indica que los litigios climáticos no van cesar. Estas demandas se han duplicado en los últimos cinco años llegando a 2 mil 180 nuevos casos en 2022, según el Centro Sabin de la Universidad de Columbia.
La mayoría se han presentado en Estados Unidos, pero uno de los más importantes fue la condena de La Haya a Shell para obligarla a reducir sus emisiones un 45 por ciento para 2030.