Una reforma de amplio espectro

TEMAS CENTRALES DE LA POLÍTICA EN MÉXICO

¿Qué va a pasar con las opiniones

de organizaciones sociales,

o de la OEA misma,

invitadas por el gobierno

como observadores

de los procesos electorales?

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

El ansia por deformar la ya de por sí vapuleada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con reformas a modo para los propósitos y conveniencias de los gobiernos de la 4T, es lo más parecido a una serie de Netflix con varias temporadas.

Desde su arribo al poder hace ocho años, el gobierno morenista comenzó la labor de zapa para transformar la Carta Magna en una Constitución permisiva a las ocurrencias y caprichos del “movimiento transformador.” Durante ese tiempo han sorprendido, un año sí y otro también, con reformas impuestas sin análisis, debates ni discusiones. Su mejor argumento: la fuerza de una cuestionada mayoría complaciente en el Congreso.

Cambios a la Ley Suprema para crear un orden jurídico en el que la 4T pueda hacer y deshacer a voluntad una gobernanza que le facilite su permanencia en el poder, dentro del marco legal que ellos han diseñado.

Cada año surge una nueva historia que concluye con una nueva reforma constitucional. Son las temporadas de una serie que podría llevar por título “Desnaturalizando la Constitución”. El eje del guión son las reformas, cada una con su propia historia, con los mismos protagonistas, pocos diálogos y mismo final. Bajo la dirección de Palacio Nacional, a los actores no se les permite cambiar ni una coma… ¡Y ay de aquel a quien se le ocurra improvisar! Su tarea es aprobar las reformas, como vengan, en el menor tiempo posible. Es la farsa legislativa.

En estas historias, los protagonistas son los legisladores de las bancadas de Morena en las cámaras de Diputados y de Senadores. Los de la oposición participan como actores de reparto, casi como extras, pues las más de las veces ni hablar les permiten, y cuando lo hacen, suelen apagarles el micrófono.

Estamos en la octava temporada, con la historia de una reforma ideada con perversidad. La supuesta defensa de la soberanía sería el título. Otra reforma a modo para poner más clavos a la permanencia de la 4T en el poder, esta vez con el pretexto de defender la soberanía ante una hipotética injerencia extranjera en los procesos electorales.

“El contexto geopolítico actual y las experiencias recientes en la región de América Latina han evidenciado el riesgo creciente de que actores extranjeros intenten influir en los resultados de elecciones nacionales, desafiando la voluntad de la mayoría por vías extralegales…”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.

Es la reforma al Artículo 41 de la Constitución, que agrega una causal más a las ya establecidas para anular una elección federal o local. El texto actual dice:

Art 4I, frac. Vl.- “…La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total

autorizado.

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en

las campañas.”

La nueva propuesta establece:

d) Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros

con la intención de influir en las preferencias o en los resultados

electorales.”

Una manzana envenenada que podrá utilizar el partido oficial en casos de emergencia (derrota electoral). La vaguedad y las múltiples posibilidades de interpretación la convierten en una causal de amplio espectro, sin manera de acotar las palabras que descalifiquen a un candidato o a una elección. ¿Cómo determinar lo que significa “intervención”? ¿Un comentario, un editorial, un reportaje, una declaración, una opinión críticas del poder y formuladas dentro o fuera del país por un extranjero, es intervencionismo?

¿Qué va a pasar con la opinión que emitan organizaciones sociales o la Organización de Estados Americanos (OEA) misma, invitadas por el propio gobierno como observadores de procesos electorales federales o locales. Tendrán que guardarse su opinión, so pena de ser considerados intervencionistas y se les expulse del país si no coinciden con el punto de vista del gobierno morenista?

Está visto que a la 4T, en sus dos pisos, no le gustan las calificaciones, los comentarios ni las críticas provenientes del exterior, aunque se trate de organismos oficiales acreditados, por aquello de sus “otros datos”.

Rechaza los análisis de las agencias calificadoras de riesgo. No acepta las observaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, ni está de acuerdo con las evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y desconoce los resultados de mediciones del Índice de Democracia (Democracy Index) que no favorecen al país.

De aprobarse esta desafortunada reforma constitucional —no veo manera de que no lo sea—, la 4T continúa su tarea de desmantelamiento de nuestra frágil democracia.