La partida de ajedrez México-EEUU

Temas Centrales de la Política en México

En las oficinas de Palacio

encontraron un escudo

de protección para evitar

hablar del narcotráfico

y sus presuntas alianzas

con la clase política.

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Está claro que para la presidenta Claudia Sheinbaum hay un tema en el que no está dispuesta a ceder, sin importar el alto costo que signifique. Y es que la inexplicable protección de presuntos narcopolíticos señalados por la justicia estadounidense puede tener graves consecuencias en la relación con el principal socio comercial.

Hace ya más de tres meses que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó al gobierno, por la vía diplomática, la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios públicos y políticos del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, entonces en funciones, y el senador Enrique Inzunza.

De acuerdo al tratado de extradición suscrito entre México y los EUA, vigente desde 1980, nuestro país estaba obligado a atender la solicitud y detener a las personas denunciadas sin mayores trámites, siempre y cuando la conducta cometida fuera considerada delito en ambos países y sancionada con una pena de prisión no menor a un año.

Pero resulta que lejos de atender la petición del gobierno norteamericano, en Palacio Nacional se decidió no tramitar la detención de ninguno, alegando falta de pruebas que acreditaran los delitos presuntamente cometidos.

Aún más, y para que no hubiera duda de la molestia que la petición causó, el gobierno de la 4T enarboló sin venir a cuento la bandera de la soberanía nacional y acusó de injerencista al gobierno de Washington por atreverse a acusar de actos criminales a personajes de la élite morenista, con lo que convirtió un asunto judicial en un tema político.

Al estilo acostumbrado de la cuatroté de no reconocer fallas, errores ni delitos presuntamente cometidos por morenistas, por aquello de que afecta a “la unidad del movimiento”, sin el menor rubor se oficializó el blindaje al gobernador Rocha Moya, a quien el ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, sujeto a proceso en los EUA, señaló en una carta publicada tras su detención de tener vínculos con el narcotráfico.

Como si se tratara de un tema concluido, sin presuntos culpables ni responsables, el gobernador con licencia duerme tranquilo con la certeza de que nadie lo molestará, pues en Palacio Nacional lo arroparon con el manto de la soberanía nacional.

Queda sin aclarar por parte del gobierno qué tiene que ver la solicitud de detención de un personaje cuestionado, con malos antecedentes y relaciones peligrosas, que llegó a la Gubernatura con el apoyo de los narcotraficantes, con ataques a la soberanía nacional.

De los otros siete denunciados que no optaron por entregarse a las autoridades norteamericanas, nada se sabe. Es de suponer que se les incluyó en el paquete de protección al gobernador con licencia y al senador, con los mismos beneficios y cero investigaciones. A fin de cuentas son parte del mismo equipo. Sobre esto, el silencio es sepulcral.

En las oficinas de Palacio Nacional encontraron un escudo de protección para evitar hablar del narcotráfico y sus presuntas alianzas con la clase política. La soberanía nacional no se negocia, afirman, y acusan al gobierno norteamericano de usar la solicitud de detención como pretexto para influir en los procesos internos de México.

Es una denuncia atrevida y poco diplomática porque, en el fondo, dificulta cualquier acuerdo de colaboración en el sensible tema del narcotráfico y la batalla para enfrentarlo. Y es que ante la rotunda negativa del gobierno mexicano de reconocer que hay funcionarios vinculados con los cárteles de las drogas, con quienes se asocian y protegen, no parece que las autoridades norteamericanas vayan a quedarse con los brazos cruzados.

Si el argumento es la falta de pruebas, esas autoridades las tienen y en abundancia. Cuentan con información de inteligencia, además de las confesiones y testimonios de decenas de narcotraficantes que México ha enviado, dispuestos a denunciar y acusar a quien sea a cambio de un acuerdo que les permita obtener beneficios penales.

Si bien la reacción del gobierno para rechazar la detención de los supuestos narcopolíticos fue llevar un tema judicial a nivel político, al convertir la solicitud de la Fiscalía norteamericana en un ataque a la soberanía nacional, la Casa Blanca, en esta especie de juego de ajedrez, elevó la mira del nivel de los políticos y funcionarios de Morena afectados con la revocación de sus visas.

No está claro a cuántos ni a quiénes porque, por ley, los Estados Unidos no hacen públicas las cancelaciones debido a normas de confidencialidad y privacidad. Sólo se sabe de algunos gobernadores porque ellos mismos lo han informado, pero no se descarta que la medida se haya aplicado ya a más de un político encumbrado.

El gobierno mexicano acomoda sus piezas. Ahora la presidenta, junto con la dirigencia de Morena, anuncia que convocará a una movilización territorial, casa por casa, para informar al pueblo bueno y sabio de las amenazas a la soberanía nacional y ponerlos en alerta del “ánimo injerencista de la ultraderecha estadounidense, que busca intervenir en la política interna de México”.

También el Departamento de Estado de los Estados Unidos movió sus piezas. Quitar la visa a Andy, el hijo de YSQ, no fue cualquier cosa, aunque se hizo discretamente, sin filtrar la información. De eso se encargó el afectado, quien mal aconsejado publicó lo que supuso iba a ser una gran respuesta a una decisión que calificó “de burda y perversa canallada”, “de carácter politiquero y propagandístico” y “estilo hitleriano”. La soberbia que refleja su texto no tiene límite.

El siguiente movimiento correspondió al subsecretario de Estado, Christopher Landau, al publicar en su cuenta de X: “¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas… van a amar la siguiente parte”.

Sin comentarios.