¿Debilitan al Poder Judicial para beneficiar al crimen organizado?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Para impartir justicia, el presupuesto ejercido en 2024 por el Poder Judicial de Sonora fue de 544 pesos por habitante; el de Querétaro, 617; el de Chihuahua, 842; el de la Ciudad de México (CDMX), 878. El presupuesto ejercido por el Poder Judicial de Sinaloa fue de 268 pesos por habitante: el peor.

Para conocer las prioridades de un gobierno no deben verse los discursos; debe escrutarse el presupuesto, poner la mirada en los recursos que destina para resolver los problemas de los ciudadanos. Ahí se ve qué le interesa y qué no.

El derecho a la justicia le importa poco al gobierno de Sinaloa. Para ello no hay recursos.

Para aplicar la ley, el Poder Judicial de Sonora tuvo, en 2024, un trabajador por cada 1 mil 286 habitantes; el de Chihuahua, uno por cada 1 mil 84; el de Quintana Roo, uno por cada 1 mil 71; el de la CDMX, uno por cada 852. El Poder Judicial de Sinaloa tuvo un trabajador por cada 2 mil 4 habitantes: de las peores cargas de trabajo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda un estándar de 65 jueces por cada 100 mil habitantes para que una sociedad funcione como una democracia moderna. Sinaloa tiene 4.7 jueces por cada 100 mil habitantes. Ni la décima parte de los necesarios. De lo peor.

Para agilizar la aplicación de justicia se han implementado mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Poder Judicial de Quintana Roo dedica 83 personas a esta actividad; el de Guanajuato, 116; el de Jalisco, 228. El Poder Judicial de Sinaloa, 31. También entre los peores.

Es información oficial del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), publicado el 6 de noviembre pasado.

El derecho a la justicia garantiza que las personas no sean víctimas de atropello o abuso. Es esencial para tener una vida digna y confiar en las relaciones con otros miembros de la sociedad. Esto es, no sólo permite la existencia misma y el uso del patrimonio, sino que es condición para el desarrollo.

Las consecuencias de que el Poder Judicial de Sinaloa tenga tan pocos recursos para administrar la justicia es que está colapsado y es lento, corrupto y costoso.

Hace un mes, el periodista Alejandro Monjardín informó que dos años nueve meses después de que la agente de la Guardia Nacional Sandra Paola fuese asesinada en una emboscada durante el segundo culiacanazo, aún no hay sentencia contra los tres detenidos. Ni por tratarse de un miembro de las fuerzas armadas, ni con tres detenidos in fraganti se ha hecho justicia pronta, completa e imparcial. Aún no se cierra la puerta que los libere mediante la corrupción.

Este caso sólo es un botón de muestra. El INEGI amplía el panorama de la debilidad institucional y la ineficacia.

El Poder Judicial de Sonora emitió 21 mil 349 sentencias; el de San Luis Potosí, 23 mil 468; el de Querétaro, 25 mil 665. Son estados con un poco menos de población que Sinaloa. El Poder Judicial de Sinaloa emitió solo 13 mil 88 sentencias. El peor de todos.

En materia penal, fundamental para la sociedad, en Sonora emitieron 3 mil 105 sentencias. En Sinaloa, 1 mil 396. Sí, peor.

En Coahuila, en 2024, ingresaron 80 mil 671 asuntos y se determinaron y/o concluyeron 83 mil 448, o sea, disminuyó el rezago que tenía. En Nayarit ingresaron 29 mil 705 asuntos y determinaron y/o concluyeron 34 mil 628, también se redujo el rezago. En Sinaloa iniciaron 44 mil 844 asuntos y determinaron y/o concluyeron sólo 36 mil 381; empeoró el rezago.

Únicamente de causas penales, en Sinaloa quedaron 582 pendientes en 2024, que se sumaron a las rezagadas de años anteriores para totalizar 10 mil 191 sin determinación y/o conclusión, como carga para 2025.

En Sonora se vinculó a proceso a 26 mil 77 presuntos delincuentes; en Sinaloa, sólo 3 mil 704. En Sinaloa, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se asesina más pero, según el INEGI, es donde se procesa e imputa menos. El mejor sitio para la impunidad.

En Sonora se denunciaron 6 mil 342 delitos y se aplicaron 2 mil 792 condenas sancionatorias. En Sinaloa, 9 mil 268 delitos y sólo 559 condenas sancionatorias.

En Sinaloa se asesina, se desaparece, se roba, porque se puede hacer impunemente.

Las instituciones policiacas son ineficientes para prevenir, investigar y perseguir el delito y, en el caso del Poder Judicial, incapaz de hacer justicia.

Para pacificar Sinaloa es imprescindible una reconstrucción que reorganice, modernice y dignifique el Poder Judicial para asegurar el acceso de todos los sinaloenses a la justicia.

Un elemento fundamental de esa reconstrucción es incrementar el presupuesto. En medio de la terrible crisis de violencia, Sinaloa necesita que el aumento de recursos financieros, materiales y humanos sea muy alto para 2026, de la magnitud suficiente para resolver el problema.

El aumento óptimo es el que corresponde al crecimiento de la carga de trabajo por la narcopandemia, al monumental rezago de años anteriores y a resolver la disfuncionalidad actual: 500 por ciento. Si se piensa en un proceso gradual: 350 por ciento de aumento en 2026, para alcanzar el presupuesto que tiene la CDMX por habitante, y 200 por ciento en 2027.

En los próximos días, el gobierno y los diputados de Morena tomarán esa decisión. No se vale que digan que gastarán en hospedaje para las fuerzas federales. Se necesita eso y también aumentar el presupuesto de las instituciones locales.

Los recursos del Poder Judicial para impartir justicia no son sustituibles con los recursos en otras etapas. Si capturan delincuentes y no se fortalecen los tribunales, esos delincuentes saldrán caminando por la puerta.

Cualquier cifra menor de incremento presupuestal significará que las cosas seguirán igual; que el crimen organizado seguirá más fuerte que la justicia. Por complicidad o indolencia del gobierno.

No nos dejemos. Exijamos de todas las formas.