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Descapturar el gobierno

migueldealba5


Por Omar Garfias

@Omargarfias


Otras sociedades han recuperado la paz en contextos muy difíciles, de la mafia italiana, el narcotráfico colombiano o las cinco familias neoyorquinas.

Hay particularidades en cada caso, pero también constantes, rasgos generales, acciones similares en todas las experiencias exitosas.

Una lección es que hay procesos imprescindibles, sin los cuales no se pueden esperar buenos resultados.

Las personas crean sistemas para cometer delitos cuando la impunidad les permite que los beneficios de infringir la ley sean mayores que el castigo por hacerlo.

En 2023, la impunidad de homicidios dolosos en Yucatán fue de 65 por ciento, mientras en Sinaloa fue de 99 por ciento.

De la diferencia en la impunidad entre ambas entidades se derivan diferencias en los asesinatos que se cometen en sus territorios.

En octubre de 2024, en Yucatán la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes fue de 0.25, mientras en Sinaloa fue de 4.52.

El problema de asesinatos en Sinaloa es 18 veces más grande que en Yucatán.

La tasa de homicidios dolosos en Mérida fue de 0.30, mientras en Culiacán fue de 11.23.

El problema de asesinatos en Culiacán es 37 veces más grande que en Mérida.

El caso de Coahuila es un ejemplo de buenas prácticas.

En junio de 2012 padecieron una tasa de homicidios dolosos no muy diferente a la sinaloense.

Fue de 3.43 allá y de 4.20 aquí.

Pero en Coahuila desarrollaron una estrategia multidimensional para la paz y lograron tasas como las de Yucatán, 0.24, en octubre pasado.

Coahuila en los últimos 10 años, sólo en cinco de 120 meses ha tenido una tasa mayor a uno; la última vez fue en mayo de 2016, hace siete años y medio.

En Yucatán no rebasan la tasa de uno, desde agosto de 1997, hace 27 años.

En ambos estados hay un nivel sostenido de vigencia aceptable del Estado de Derecho, no hay culiacanazos, no hay sobresaltos, las tasas presentan un comportamiento bajo desde hace mucho tiempo en forma permanente.

En Sinaloa, en cambio, en los últimos 336 meses, solo en uno, abril de 2000, tuvimos una tasa menor a uno.

Vivimos periodos de Pax narca, con tasas que alarmarían en otras sociedades, combinados con culiacanazos de altísima mortalidad, cada vez más frecuentes y más prolongados.

Algunos sinaloenses hasta romantizan la Pax narca y la ponen como meta, aunque signifique cantidades de asesinatos propios de la barbarie.

Suponen que cuando asesinan a 50 personas al mes ya no le toca a la élite a la que ellos pertenecen; que los de sus barrios y nivel económico sólo corren riesgo si los asesinatos rebasan los 100 mensuales. Son ellos quienes nos llaman a festejar y a conformarnos cuando suceden 70 u 80 homicidios en un lapso de 30 días, cuando, creen, los muertos los ponen los de abajo, los de los ranchos.

El robo con violencia es otro de los delitos que se cometen con base en hacer daño impunemente a otra persona.

La tasa de robo con violencia, en octubre de 2024, por cada 100 mil habitantes en todo el país fue de 11.90, mientras que en Yucatán fue de ¡cero!; en Coahuila, 1.12, y en Sinaloa, 21.95.

En octubre de 2013, once años antes, la tasa de robo con violencia de Yucatán había sido de 5.67; la de Sinaloa, 11.07, y la de Coahuila, 18.72.

En Coahuila y Yucatán trabajaron para que el robo con violencia desapareciera o fuera mínimo, mientras en Sinaloa se hizo lo necesario para que fuera parte de la vida cotidiana.

La impunidad y la captura del gobierno son mutuamente necesarios.

El proceso central (seminal) que realizaron en todos y cada uno de los casos exitosos de pacificación fue trabajar para que ningún nivel de autoridad gubernamental, policiaca, judicial, política o administrativa, estuviera capturado por el crimen organizado.

Todo inició con núcleos pequeños hartos de vivir mal, de empeorar. El hartazgo fue el primer paso.

Esos grupos que abandonaron el conformismo y la resignación se juntaron hasta conformar una masa de exigencia a las fuerzas políticas. Algunas fracciones de los partidos y de los gobiernos conectaron con el incipiente reclamo y varios medios de comunicación abrieron espacios de expresión.

La pertinencia de la demanda hizo que el movimiento creciera y, por obligación, oportunismo o convicción, más actores se sumaron hasta provocar un momento de quiebre donde la tendencia narcopolítica se revirtió.

Perdieron candidatos muy identificados.

Los órdenes federales de gobierno actuaron para romper el enjambre delincuencial.

Los partidos políticos asumieron un compromiso de no dar candidaturas a personajes con vínculos.

Los medios de comunicación señalaron, denunciaron, investigaron.

Las organizaciones de la sociedad civil exigieron, expresaron claramente su intolerancia a la narcopolítica.

Los empresarios no financiaron campañas de quienes no mostraban total transparencia.

La administración pública fue evaluada por sus resultados y vigilada en su comportamiento.

Los congresos elaboraron leyes que acotaron el peso del dinero en los procesos electorales, fortalecieron la investigación del origen de las fortunas, crearon unidades policiacas con recursos presupuestales suficientes, promovieron la denuncia ciudadana y castigaron las actividades preelectorales de compra de clientelas.

Los electores fueron premiando a las fuerzas políticas que se incorporaban al pacto de descaptura del gobierno.

Un proceso central de la pacificación.

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