El cuento de atender las causas sociales de la violencia

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El gobierno no usa el presupuesto público ni los programas sociales para desincentivar la incorporación de los jóvenes al crimen organizado.

Tlaxcala, un estado con bajo nivel de violencia _—una tasa de 4.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes— recibió en 2024 un presupuesto de 1,198 millones de pesos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”,  mientras Sinaloa —con una tasa de 28.6— sólo recibió 418 millones.

Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si el presupuesto se hubiera dividido entre todos los jóvenes que necesitaban el apoyo, a cada muchacho tlaxcalteca le habrían correspondido 4 mil 19 pesos, y a cada sinaloense sólo 652.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno trabajaba para atender a ese sector con programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”. “Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social”, dijo.

Sostuvo que había una competencia con el crimen organizado para ganarse a los jóvenes del país y evitar que tomen “conductas antisociales”, terminen en la cárcel o muertos.

“Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada. Decir: ‘A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo les voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder’”.

Al terminar el sexenio, cantaron victoria: “No se equivocó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al priorizar la atención a las causas que generan la violencia en el país, con el propósito de restar base social a la criminalidad, es decir, evitar que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por la delincuencia”, sostuvo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

Los hechos indican que no evitaron que los jóvenes se incorporaran al crimen organizado.

“El 43 por ciento de las personas que han sido detenidas durante la crisis de violencia en Sinaloa son jóvenes menores de 29 años de edad; muchos, incluso, son menores de edad”, indica el medio periodístico Meganoticias.

“Más del 50 por ciento de las víctimas de violencia en Sinaloa tienen entre 14 y 30 años”, informa el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“El número de beneficiarios del programa JCF no tiene una relación significativa con los cambios en las tasas de criminalidad en los estados de México. Este hallazgo contradice la hipótesis de que la implementación del programa conduciría a una reducción de los crímenes y la violencia”, señala un estudio del Colegio de la Frontera Norte.

Los hechos demuestran que se asignó el presupuesto sin considerar criterios de inseguridad pública ni de pobreza. Por ello Sinaloa fue tratado injusta e inapropiadamente.

Baja California Sur tuvo en 2024 recursos per cápita de 865 pesos para su juventud y Sinaloa, 652. La tasa de asesinatos de aquel estado es de 7.1 y la de Sinaloa 28.6. El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza allá es de 11.7 y en Sinaloa es de 20.5.

En noviembre de 2024 un grupo de ciudadanos fue a la Ciudad de México a pedir al gobierno federal aumentar el presupuesto del programa. No recibieron respuesta positiva. Por su parte, ni el gobernador ni los presidentes municipales solicitaron más recursos.

El equipo territorial del gobierno sinaloense tampoco ha recorrido las colonias y rancherías donde viven los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad de incorporarse a la delincuencia, para identificarlos e invitarlos a construir opciones laboral y de vida distintas, aunque sí lo hicieron para repartir “acordeones” para “orientar” la elección del Poder Judicial.

La factibilidad para que ese programa evite la incorporación de jóvenes al crimen organizado tiene otros dos grandes obstáculos: la corrupción y sus errores de diseño.

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que trabajadores de diferentes dependencias del Gobierno recibieron recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras irregularidades durante la revisión de la Cuenta Pública 2022. Las anomalías por 5.1 millones de pesos en la operación del programa social se suman a las que se han presentado desde que se creó en 2019, mismas que la ASF ha acreditado por cuatro años consecutivos, con lo que sumarían irregularidades por más de 175 millones de pesos”, reportó la revista Expansión.

Por otro lado, el programa no garantiza que en los centros de trabajo haya personas capacitadas para enseñar a los jóvenes ni que se ocupen de enseñarlos, y no existe una evaluación de si realmente adquirieron conocimientos y habilidades. Tampoco hay un esquema de vinculación con el empleo, eso se deja al mercado.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio continuidad al programa, igual que antes.

López Obrador identificó que es una prioridad de la sociedad que la juventud no se pierda en la delincuencia y, alrededor de ello, construyó una propuesta clara que le dio una imagen de político que compartía y actuaba sobre las preocupaciones del pueblo.

Solo fue, y es, un discurso. No dan apoyos a quien los necesita; hay corrupción y no hay una metodología eficaz.

Dolorosamente, se ven a diario fotos de jóvenes sinaloenses encarcelados o asesinados.

No se atienden las causas sociales de la delincuencia y la violencia.

Es un cuento donde muchos de los personajes sonrientes de las primeras fotos ya son cadáveres.