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Por Omar Garfias
@Omargarfias
Oculta su insensibilidad detrás de los programas sociales del gobierno federal; tapa su falta de trabajo con las acciones y resultados de la Federación.
Presume que la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2020 y 2022 señala que bajó la pobreza por ingresos.
Pero no precisa que los mismos organismos oficiales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y el Coneval informan que esa reducción se debe, en 80 por ciento, al aumento del salario mínimo y, en el porcentaje restante, por los programas de adultos mayores, donde el estado no participa.
No dice que esa misma medición del Coneval también señala que aumentaron en 123 mil los sinaloenses con carencias sociales ni que con su gobierno suman un millón 97 mil quienes padecen problemas en sus condiciones básicas de vida.
No dice que aumentaron en 13 mil los sinaloenses pobres con rezago educativo, ni que con su gobierno llegaron a 525 mil los que padecen ese problema.
Tampoco dice que aumentaron en ocho mil los sinaloenses pobres con carencias de calidad y espacios de vivienda, ni que con su gobierno son ya 220 mil quienes carecen de una casa digna.
No dice que aumentaron en 225 mil los sinaloenses pobres sin acceso a los servicios de salud y que con su gobierno llegaron a 820 mil las personas que padecen ese problema.
No dice que aumentaron en 17 mil los sinaloenses pobres sin acceso a seguridad social, que con su gobierno llegaron a 1 millón 208 mil los que trabajan sin prestaciones.
Lo que le tocaba hacer al gobierno del estado, no lo ha hecho.
Por ejemplo, el Coneval indicó que en 2022 había 278 mil sinaloenses sin la primaria completa y el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) reportó en el tercer informe que sólo atendió a 3 mil 400; a ese ritmo transcurrirán 81 años en superar ese problema.
Ciento cincuenta y seis mil sinaloenses viven hacinados, según el informe del Coneval, nueve mil más que antes de que empezara la actual administración.
En tres años ninguno de ellos ha tenido apoyo; el gobierno estatal no ha construido una sola casa.
No ha construido siquiera las casas de los sinaloenses desplazados por la violencia, a pesar de que el gobierno anterior dejó comprados los terrenos.
Treinta y dos mil viviendas de familias pobres necesitan una estufa ecológica que evite que respiren humo al cocinar dice el Coneval, y el tercer informe de gobierno reporta que ha apoyado, en dos años, a sólo 390. A ese ritmo, en 164 años se superará el problema.
El estudio del Coneval halló 34 mil personas en casas con muros de cartón o plástico; esto es, 16 mil más que en la medición pasada, en 2020, cuando gobernaba otra administración. El tercer informe de gobierno indica que en tres años no han ayudado a ninguna de estas familias, a nadie, ni un solo muro firme.
En 2022, el Coneval encontra que 59 mil sinaloenses vivían con piso de tierra, siete mil más que en 2020. El tercer informe de gobierno apunta que, en tres años, el gobierno ha apoyado a sólo 280; a ese ritmo de trabajo, dentro de 632 años se superaría el problema.
El gobierno del estado no ha ayudado a los pobres ni ha creado programas especiales para los problemas específicos de la pobreza de Sinaloa.
En el Plan Estatal de Desarrollo se comprometió a “Promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos temporales con servicios básicos”. En los tres informes de gobierno se da cuenta de que no ha construido un solo alojamiento temporal.
En su comparecencia, le expusieron al gobernador una de las propuestas que ha hecho la sociedad civil: que a las familias afectadas por la actual crisis de inseguridad, que han perdido sus ingresos, como los músicos, los meseros, los empleados de hoteles, se les eximiera del pago de electricidad y agua para que no perdieran esos servicios. No quiso.
Le recordaron que hay un antecedente: en 2021, el gobierno de Tabasco firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para perdonar 11 mil millones de deuda a quienes desde 1995 no pagaron, al sumarse al movimiento de protesta electoral que convocó López Obrador.
Aquí solo serían 30 millones. No quiso. Ni siquiera quiso ayudar a gestionar.
Los ciudadanos que organizaron el evento de “Jalemos con la Banda” beneficiaron con despensas a mil 500 familias; de ellas, 800 son músicos.
El gobierno del estado no ha ayudado a ninguno.
Los ciudadanos organizaron ese evento porque son conscientes de que hay un problema de pérdidas de ingresos en las familias de Sinaloa.
Los músicos han perdido ingresos, no porque toquen mal o no se esfuercen; han perdido ingresos porque el gobierno no ha cumplido su obligación de garantizar la seguridad pública.
El responsable de la pérdida de ingresos, es el gobierno.
El gobierno del estado es responsable legal y éticamente de apoyar a los pobres afectados por la falta de seguridad.
El gobierno del estado no ayuda a los pobres de Sinaloa.
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