Una reforma peligrosa

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Por primera vez en la historia

de las reformas electorales,

el gobierno propone una reforma

sin que responda a las demandas

o propuestas de la oposición.

Como parte final, o casi, del Plan C del obradorato, concebido para desaparecer a los organismos autónomos y demoler al Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instituciones que resultaban incómodas al estado de confort de la 4T, Morena pone ahora en jaque a la democracia del país, ante la amenaza de una no muy bien intencionada Reforma Electoral.

Fueron eliminados los órganos autónomos e independientes que ejercían funciones específicas con autonomía constitucional, concebidos, precisamente, como contrapeso del poder político. Asimismo, se desmanteló al Poder Judicial para sustituirlo con jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular, ayudado éste por acordeones para “orientar” a los electores a emitir un voto dirigido y definido.

Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales, el gobierno propone una reforma sin que responda a las demandas o propuestas de la oposición.

La constante fue que, ante la presión de los partidos de oposición que reclamaban apertura y oportunidades de participación política en un sistema en el que el partido en el gobierno ocupaba todos, o casi todos, los espacios en los congresos Federal y estatales y encabezaba la mayor parte de las gubernaturas del país, el gobierno se abriera al diálogo y al debate para escuchar las propuestas de la oposición.

Así evolucionó el sistema electoral y el sistema democrático se fortaleció. De acuerdo con el Dr. Juan Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el reformismo electoral en México buscó el pluralismo como meta principal, “además de otros objetivos que han cambiado con el tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1997, 1986 y 1990); certeza y transparencia (1990, 1993 y 1994); equidad (1993, 1996 y 2007); imparcialidad de la autoridad (1994 y1996) y legalidad (1986 y 1996).” Se trataba de “romper el monopolio político y retórico del Estado posrevolucionario”, dice el autor citado.

Eso es algo que parece no coincidir con el propósito de la reforma que pretende el gobierno de la 4T, porque la entidad que va liderar y operar los trabajos depende del Ejecutivo, y por ahí se dice que ningún gobierno hace una reforma para perder el poder. Ya en la denominación va el mensaje: Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y para que no haya la menor duda, el decreto de su creación señala que “la Comisión dependerá directamente de la persona Titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá…”(Art 3).

No es muy recomendable que el propio gobierno sea quien defina, proponga, debata y resuelva cómo deberá quedar la iniciativa de reforma que se enviará al Congreso, en el que el gobierno tiene la mayoría para su aprobación. Esto, en los hechos, regresa a México 40 años atrás, por lo menos.

Los seis miembros de la Comisión son funcionarios del gabinete presidencial y de la Oficina de la Presidencia, así que en este concierto no hay quien vaya a desafinar y, como se ha sentenciado, los participantes externos invitados tendrán voz, pero no voto, además de que existen ciertos odios hacia los ex presidentes del INE, por lo que seguramente no serán bienvenidos.

Así, lo que se discuta en los foros que dicen van a organizar, se repetirá el fenómeno del proceso de la Reforma Judicial. Se escucharon las voces de los expertos, de la Academia, de las organizaciones empresariales, de los colegios de abogados, etcétera, pero ninguna sugerencia, opinión o propuesta fue aceptada ni adoptada. 

Pablo Gómez, el presidente de la Comisión, ha dado varias entrevistas y en todas queda muy clara su intención de borrar todo lo existente y dar paso a una reforma innovadora, cuando las circunstancias en que vive esta reforma son muy parecidas a las de hace 50 años, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era un partido hegemónico.

Hoy Morena gobierna en 23 estados, controla las dos cámaras del Congreso de la Unión y, no pueden ocultarlo, han cooptado a las autoridades electorales, que no se atreven a contradecir los deseos de Palacio Nacional.

Elaborar una reforma electoral desde el poder tiene sus dificultades porque, según se lee en los considerandos del decreto “…no se trata de estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción…”. Habría que precisar si esto último se refiere a los gobiernos anteriores a la 4T o aplica ya a los gobiernos de Morena.

Hay que preguntar: ¿en las alternancias no se contaron los votos? Entonces, ¿cómo es que, en este milenio, con las autoridades electorales del INE y todas las deficiencias que denuncia Pablo Gómez, Morena llegó al poder de manera pacífica? ¿O se trata de ver cómo perpetuarse “legalmente” en el poder?

Agosto 21 de 2025