México y EStados Unidos ¿hasta cuándo y hasta dónde?
- migueldealba5
- 20 may
- 4 min de lectura
Temas centrales
de la política en México
Oro molido para avanzar
en el rompecabezas
de los cárteles mexicanos
y su operación, que tanto
interesa al país vecino.
Por Miguel Tirado Rasso
No entienden que no entienden. Seguramente para Edgar Barraza Castillo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y servidores públicos sinaloenses, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusados por, presuntamente, colaborar con el crimen organizado en el tráfico de drogas, es un tema menor que no debe preocupar mucho.
Y es que ante las graves acusaciones contra estos personajes, nada menos que de ser presuntos narcopolíticos, el líder estatal de Morena afirma que tanto el senador como el alcalde acusados podrán participar en los próximos procesos electorales. “Si ellos deciden y cubren los requisitos (de la convocatoria), no serían descartables”, declaró.
Parece que Barraza no escuchó las palabras de Ariadna Montiel, la flamante presidenta nacional de su partido, quien advirtió que “en Morena los corruptos no tienen cabida”, además de señalar que habrá un minucioso escrutinio de las candidaturas, que no se perdonará ningún señalamiento por posible corrupción aunque el presunto implicado sea favorecido en las encuestas.
Bien por las buenas intenciones de la morenista, aunque debería empezar ya por limpiar la casa y recomendar a sus dirigentes estatales más prudencia y mayor sensibilidad política.
El horno no está para bollos. La estrategia seguida por Palacio Nacional en respuesta a la solicitud de la Fiscalía de Nueva York para la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y ex funcionarios mexicanos dejó de ser funcional cuando dos de esos personajes decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades norteamericanas.
Entonces, los insistentes argumentos en defensa de la soberanía y el reclamo de pruebas pierden sentido. De por sí, calificar como injerencista la solicitud del gobierno estadunidense, que sigue los protocolos del Acuerdo de Extradición firmado y aceptado por ambos países, es un buen discurso para consumo interno, pero inconsistente en su fundamento.
La defensa de la soberanía ante la amenaza de un país extranjero siempre despertará los ánimos nacionalistas; sin embargo, es improcedente e inaplicable en este caso. Una solicitud diplomática difícilmente puede considerarse de intervencionismo.
La falta de pruebas, que tanto preocupan a la presidenta y que antepone como requisito para atender la solicitud norteamericana, de facto se desvanece con la decisión del ex secretario de Seguridad Pública, General de División Gerardo Mérida Sánchez y del ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de someterse a los tribunales estadounidenses. De haberse sentido libres de culpa, no habrían acudido ante la justicia que los reclama.
El primero, encargado de dirigir la policía estatal y coordinar esfuerzos con las fuerzas federales y municipales, además de diseñar y dirigir las estrategias para garantizar el orden público, la paz y la seguridad ciudadana.
El segundo, con la responsabilidad de dirigir la política fiscal, manejar la hacienda pública y administrar los recursos humanos, materiales y financiero del gobierno. Dos funcionarios de muy alto nivel en el gobierno estatal.
Buscar voluntariamente “el cobijo” de las leyes norteamericanas sólo se puede interpretar como la aceptación de algunas andanzas chuecas en que incurrieron. De acuerdo al sistema penal de justicia de los Estados Unidos, la culpabilidad se puede negociar a cambio de un beneficio, como reducción de cargos o sentencias más leves. Estos ex funcionarios están apostando a un “buen” trato de la justicia de ese país, a cambio de la información relevante que puedan aportar.
Esto significa que las tan demandadas pruebas puedan consistir, precisamente, en los testimonios que los ex funcionarios rindan durante el juicio que se les entable. Oro molido para avanzar en el rompecabezas de los cárteles mexicanos y su operación, que tanto interesa a las autoridades del país vecino.
La seguridad y el combate a las drogas es prioridad de los norteamericanos, no así, de las autoridades mexicanas. Un mal cálculo que poco ayuda a la buena relación con el país más poderoso del planeta.
Si al poder militar y económico de los Estados Unidos le agregamos un presidente indescifrable, volátil (que ahora ama a los chinos), impositivo y atrabiliario, conviene no tomar a la ligera sus dichos y amenazas.
La más reciente “México está perdido y los Estados Unidos son su única esperanza”. Algunas son balandronadas, pero otras no lo son tanto. En el tema de la guerra al narcotráfico tiene muchas fichas que soltará poco a poco para presionar al gobierno mexicano a actuar contra funcionarios corruptos.
Apostar al tiempo y a la derrota del republicano en los comicios de noviembre es muy riesgoso. Es probable que pronto saque otro paquete de políticos acusados de tener relaciones peligrosas y cierre más el círculo. Convendría cambiar de estrategia de sólo reaccionar y tomar la iniciativa.
¿Hasta cuándo y hasta dónde?
Mayo 20, 2026
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