Refuerza la ONU las obligaciones legales de los Estados ante el cambio climático

+México podría enfrentar una mayor presión para acelerar la transición energética, reducir su dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la protección de sus ecosistemas vulnerables

Por Miguel Ángel de Alba

@migueldealba

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución para dar seguimiento a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático, considerada relevante para fortalecer el derecho internacional climático.

La resolución 77/276 aprobada por la Asamblea General solicitó originalmente a la Corte pronunciarse sobre las responsabilidades jurídicas de los países frente a la crisis climática y las consecuencias de incumplirlas. La opinión consultiva de la CIJ concluyó que todos los Estados tienen obligaciones legales de actuar ante el cambio climático y de prevenir daños ambientales significativos.

El pronunciamiento refuerza la idea de que la crisis climática no es únicamente un asunto político o económico, sino también jurídico. La Corte subrayó que los compromisos internacionales vinculados al clima deben interpretarse a la luz de los derechos humanos, la protección ambiental y la responsabilidad de los Estados hacia las generaciones futuras.

La resolución representa también un respaldo político de la comunidad internacional a la interpretación de la Corte y abre la puerta a una mayor presión sobre los gobiernos para fortalecer sus políticas climáticas, actualizar sus leyes ambientales y acelerar la transición energética.

Entre los efectos que podría tener la resolución destacan el mayor reconocimiento de obligaciones legales de los Estados para reducir emisiones y proteger a la población de los efectos del cambio climático; el incremento de litigios climáticos promovidos por ciudadanos, organizaciones civiles y comunidades afectadas; la revisión de legislaciones nacionales para alinearlas con los principios establecidos por la CIJ; el impulso a la cooperación internacional en energías renovables, financiamiento climático y transferencia tecnológica, y la presión social y política para exigir transparencia y cumplimiento de metas climáticas.

La resolución podría influir en decisiones de tribunales nacionales e internacionales, especialmente en casos relacionados con daños ambientales, contaminación y proyectos de combustibles fósiles.

Consecuencias para México

Para México, la opinión consultiva de la CIJ y la resolución de la ONU podrían tener implicaciones jurídicas, económicas y políticas.

México forma parte del Acuerdo de París y de diversos tratados internacionales ambientales, por lo que el nuevo marco interpretativo aumentaría la exigencia de fortalecer políticas de mitigación y adaptación climática. Esto podría traducirse en mayor presión para acelerar la transición energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y reforzar la protección de ecosistemas vulnerables.

También podrían incrementarse los litigios climáticos en los tribunales mexicanos, particularmente en temas relacionados con contaminación, megaproyectos energéticos, deforestación y derecho al agua.

En el ámbito económico, sectores como energía, transporte y agricultura podrían enfrentar mayores exigencias regulatorias y ambientales, en tanto que las inversiones en energías renovables y tecnologías limpias podrían cobrar relevancia estratégica.

México es uno de los países más vulnerables a fenómenos climáticos extremos, como sequías, olas de calor, huracanes e inundaciones. En ese contexto, la resolución podría fortalecer demandas internas para que las políticas públicas incorporen criterios más estrictos de resiliencia y justicia climática.

Guterres: El tribunal supremo mundial se ha pronunciado”

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró la aprobación de la resolución, que es “una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados”.

Guterres reconoció el liderazgo de los pequeños Estados insulares del Pacífico y de organizaciones juveniles que impulsaron el proceso ante la Corte.

“El tribunal supremo mundial se ha pronunciado. La Asamblea General ha respondido”, señaló.

El funcionario sostuvo que los combustibles fósiles son el principal motor de la crisis climática y llamó a acelerar una transición “rápida, justa y equitativa” hacia las energías renovables.

Según Guterres, el objetivo central es mantener el límite de 1.5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París y construir “un futuro más seguro, más justo y más resiliente para todos”.