El silencio siempre llega después

Las dictaduras no empiezan

por prohibir que la gente hable.

Empiezan por decidir

quién puede hacerlo.

Nunca llegan con gritos. Llegan con susurros.

No anuncian que acabarán con la libertad. Prometen poner orden. No dicen que censurarán. Aseguran que protegerán derechos. No hablan de propaganda. Ofrecen una mejor comunicación con la sociedad. Y cuando se descubre que todas las voces empiezan a sonar igual, es demasiado tarde.

El silencio siempre llega después.

Hay una escena que la historia repite con puntualidad inquietante. Un gobierno descubre que no le basta con gobernar. Necesita contar la historia. Deja de disputar las ideas y comienza a administrar las palabras. Suele ser el primer aviso.

Los autoritarios siempre han comprendido algo que las democracias olvidan con frecuencia: dominar el territorio es importante. Dominar el relato es decisivo. Quien impone una sola versión de la realidad no necesita convencer todos los días. Le basta convertirse en la única referencia para explicar lo que ocurre.

Por eso el control de la comunicación nunca ha sido un asunto menor. Antes que perseguir periodistas, cerrar medios o prohibir libros, el poder intenta reducir el número de voces. Descalifica a quienes preguntan. Concentra las vocerías. Debilita los espacios de deliberación y presenta toda diferencia como un obstáculo para el bienestar colectivo. No siempre lo hace con amenazas. Lo hace mediante reglamentos, lineamientos, reformas administrativas o decisiones que, vistas de manera aislada, parecen razonables.

Ese es, precisamente, el riesgo.

La libertad rara vez desaparece de un golpe. Se desgasta lentamente, casi sin ruido.

En los últimos días, el debate en torno a los lineamientos relacionados con la comunicación y los derechos de las audiencias ha despertado una discusión necesaria sobre los límites entre la regulación y la libertad.

La idea no es nueva. Cambian los gobiernos, las ideologías y los discursos, pero la tentación permanece intacta. Todo poder siente, tarde o temprano, la necesidad de controlar la narrativa, porque los hechos son importantes, pero la interpretación de ellos puede serlo más.

Hoy parece emerger una ambición distinta. Ya no basta influir en los medios de comunicación. Se busca reducir el papel de los intermediarios entre el poder y la sociedad: vocerías institucionales, áreas de comunicación, organismos técnicos, especialistas, periodistas y cualquier voz que ofrezca una lectura distinta de la versión oficial. Cuando eso ocurre, la comunicación deja de ser un puente con los ciudadanos y comienza a convertirse en un instrumento de centralización política. No es un simple ajuste administrativo. Es una manera diferente de entender el poder.

Una democracia auténtica vive de la pluralidad. Necesita preguntas incómodas, opiniones encontradas y ciudadanos capaces de contrastar versiones. El pensamiento único, en cambio, exige obediencia. No soporta la duda porque sabe que cuando una sociedad empieza a preguntar, el poder deja de ser incuestionable.

Tal vez el verdadero objetivo nunca ha sido controlar a los medios de comunicación. El objetivo es influir sobre los ciudadanos, porque quien decide qué voces merecen ser escuchadas termina por condicionar también lo que una sociedad considera verdadero.

Las libertades no mueren en actos espectaculares. Se extinguen por desgaste, mediante pequeñas renuncias que parecen inofensivas. A través de decisiones que, vistas por separado, parecen técnicas, pero juntas terminan por dibujar un nuevo mapa de la relación entre el Estado y la sociedad.

La historia lo ha demostrado una y otra vez.

La censura nunca inaugura una época. Generalmente la culmina. El día que el poder decide quién merece ser escuchado, la libertad comenzó a retroceder. Después… el silencio hace el resto. En este México no podrán.