Morena no cambió lo malo de la policía

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El sueldo mínimo quincenal de un policía municipal de Escuinapa es de 6 mil 750 pesos, mientras en Querétaro es de 11 mil 876.

Cuatro policías municipales de Escuinapa fueron asesinados el 31 de marzo. Los emboscaron y no contaban con el equipamiento ni el entrenamiento necesarios para prevenir y repeler la agresión. Ocho días después, otro agente fue ejecutado al llegar a su vivienda.

Cuando los emboscaron les debían el sueldo de esa semana. En enero habían estado un mes y una semana sin recibir sus salarios. El 27 de julio realizaron el tercer paro laboral del año porque no les pagaban otras dos semanas.

Un ex director de seguridad pública municipal calculó, antes de la narcopandemia, con base en su experiencia y conocimiento del territorio, en 300 el número de elementos necesarios para cumplir sus funciones, esto es 4.7 policías por cada mil habitantes, muy lejos de la tasa de seis por cada mil habitantes de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más seguro del país.

En medio de la terrible crisis de inseguridad que no padece Nuevo León, la policía municipal de Escuinapa sólo tiene 67 agentes (20 dedicados a labores administrativas), o sea 1.06 por habitante, nada cercano al 2.8 que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sociedades sin la tragedia que vive Sinaloa.

En julio de 2023, Hilario “N” fue nombrado director de Seguridad Pública y Tránsito municipal. En mayo de 2024 dejó el cargo, en un movimiento que el Ayuntamiento comunicó como “un cambio de rutina”. Salió con todos los honores e incluso con pensión.

El 25 de junio pasado, un operativo militar capturó a un presunto líder de una facción del crimen organizado, y entre los miembros del grupo operativo que lo acompañaba se encontró al ex director de la policía municipal, Hilario “N”. El alcalde y el secretario de Seguridad Pública del Gobierno estatal dijeron que fue una sorpresa para ellos.

Desde 2018, la 4T gobierna el municipio y no ha incorporado la cantidad necesaria de policías. No los ha equipado ni entrenado correctamente. No todos han obtenido el Certificado Único Policial ni acreditado las pruebas de control de confianza. Tampoco se les paga dignamente por sus servicios ni se les da servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), créditos de vivienda ni becas para sus hijos. Tampoco se ha rescatado a la institución de la cooptación del crimen organizado.

En ocho años no han erradicado nada de lo malo de la policía municipal.

Esto no sólo sucede en Escuinapa. Durante los años de gobierno morenista ha sucedido más intensamente la incorporación de personeros del crimen organizado en puestos de los gobiernos estatal y de los ayuntamientos, regidurías y candidaturas.

Se han debilitado las instituciones locales de seguridad pública para que no sean capaces de prevenir, perseguir y castigar los delitos del crimen organizado y se ha permitido su cooptación.

La tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes en junio de 2018, antes de que Escuinapa fuera gobernado por la 4T, fue de 3.25; ocho años de ayuntamientos filo morenistas después, en junio de 2026, el problema subió a 15.22.

El papel de las policías municipales es fundamental e insustituible. Si no se cumple correctamente no hay seguridad ciudadana.

La policía municipal debe prevenir el delito. Esto es, conocer el municipio y sus dinámicas, de manera que ocupe el territorio para evitar la comisión de faltas a la ley y los reglamentos; sancionar y detener infractores; atender las quejas, reportes y emergencias ciudadanas, y mantener el orden público.

En Escuinapa y en Sinaloa no existen fuerzas policiacas municipales capaces de cumplir sus funciones. Es uno de los factores que permite que el crimen organizado robe, desaparezca, asesine y cometa cualquier delito en forma libre e impune.

La presencia de decenas de miles de militares, marinos y guardias nacionales no ha servido para evitar permanente y sostenidamente que sucedan los delitos, perseguir y castigar a los delincuentes ni para garantizar la seguridad ciudadana.

No ha servido durante estos dos años de crisis ni en ningún momento de la historia. Sólo por la breve estancia de las fuerzas federales disminuye la inseguridad, pero al retirarse y volver la responsabilidad a las famélicas fuerzas municipales, regresa el auge de la delincuencia y el control del territorio por el crimen organizado.

La movilización espectacular del Ejército y las visitas de los generales no dan resultados de fondo. Sólo resultados momentáneos y superficiales.

La voluntad política de resolver la crisis de inseguridad que padece Sinaloa tiene un parámetro muy claro: el estado de las policías municipales.

Parece una escenificación macabra: un grupo delictivo cumple sus propósitos, asesina, roba, delinque, y la policía municipal no lo evita ni castiga, sino que es una víctima más. Después, la sociedad reclama una solución. Acto seguido llegan ostentosamente las fuerzas federales. El grupo delictivo se esconde. Hay algunas detenciones y decomisos.

Luego sucede un hecho criminal en otro municipio. El Ejército se desplaza. Inmediatamente vuelve el grupo delictivo y la policía municipal no puede evitar ni castigar. Con suerte, no será víctima nuevamente. El ciclo se reinicia.

En Escuinapa no habrá paz mientras no haya una policía municipal con 360 elementos bien entrenados, bien equipados, bien pagados y sin mandos vinculados al crimen organizado.

¿La debilidad de las policías municipales es por ineficacia de la estrategia de seguridad morenista o por complicidad con el crimen organizado?

La estrategia no ha fallado, dijo la gobernadora interina el 3 de agosto pasado. Piensa seguir haciendo lo mismo.

Ocho años y se mantiene rota una pieza clave para combatir el crimen organizado: la policía municipal.

Graciela Domínguez y Teresa Guerra presidieron el Congreso en estos años. Pudieron destinar recursos para fortalecer a la policía de Escuinapa. Habrían bastado 60 millones de los más de 70 mil millones que distribuyeron. No lo hicieron. Ahora quieren gobernar el estado y coordinar “la defensa” de la 4T.