¿En qué se ocupa el gobierno de Sinaloa?

De enero a marzo, fue en Sinaloa donde más aumentaron la violencia homicida, los asesinatos, feminicidios y desapariciones de personas. El número de víctimas subió 276 por ciento mientras bajó en once estados, reporta la organización social “México Evalúa” con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO).

“¿En qué está ocupado el gobierno?”, cuestiona la conductora del Uber que me lleva a casa. Es más una protesta que una pregunta.

Acabamos de oír un anuncio en el radio que pide “…con todo respeto que cesen las armas. Por favor, alto a la violencia”. Es obvio que el mensaje no está dirigido al gobierno, para eso las formas son otras, y además a las instituciones se les puede mencionar por su nombre. El destinatario es el crimen organizado.

Un sector de la sociedad decidió hacer campañas de comunicación para implorar paz a quien reconocen es el que manda, a quien tiene el poder de decidir qué pasa en las calles y en los hogares. No al gobierno, sino al crimen organizado.

Es el reconocimiento de que el crimen organizado ha asumido funciones de gobierno.

El gobierno no sólo es permisivo con los delincuentes, les ha cedido el mando.

El crimen organizado decide qué actividades estarán permitidas y cuáles prohibidas. Esto es, establece leyes, emite edictos donde define regulaciones y comunica sentencias que coloca en volantes, cartulinas y mantas junto a cadáveres; aplica las penas y castigos; define resultados electorales y maneja presupuestos públicos.

En tanto, el gobierno no previene el delito ni garantiza la seguridad pública como le mandata la Constitución.

Sinaloa fue el estado donde más creció la incidencia delictiva en marzo pasado, comparado con marzo del 2024. Aumentó 28 por ciento, mientras disminuyó en 13 estados, según el SESNSP.

El Gobierno, la Fiscalía, no esclarecen los homicidios dolosos.

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el 25 de julio pasado y el caso sigue sin resolverse. A ello hay que sumar más de mil 300 sucedidos desde entonces.

El Gobierno no reconstruye las instituciones de justicia y de seguridad pública.

A pesar de que padecemos el problema de violencia e inseguridad más grande de México, en Sinaloa se destinan los presupuestos más pequeños del país para equipamiento, para aumentar la cantidad de elementos y para capacitación. Ahí están las policías y la Fiscalía con menos recursos de la nación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán dedica, para prevenir el delito y garantizar la paz ciudadana, 1 mil 304 pesos por cada ciudadano; su similar de Chiapas, 727; la de Durango, 674 pesos; la de Coahuila, 752; la Secretaría de Tlaxcala, 894 pesos. La de Sinaloa, 320.

El gobierno no recupera el territorio.

En ocho meses, todas las carreteras han sido bloqueadas y han sido escenarios de robos y asesinatos. El elemental control de la movilidad está en otras manos. Los operativos no han evitado que los delitos sucedan en las vías de comunicación cuando los delincuentes así lo deciden.

El gobierno no realiza acciones efectivas para recuperar la economía.

El desempleo va en aumento: el IMSS reporta que en abril pasado se perdieron 14 mil 717 empleos formales respecta a abril de 2024, y en siete de los ocho meses de la crisis de inseguridad se han perdido puestos de trabajo.

La economía de las empresas y de las personas se ha deteriorado. La cartera vencida, los préstamos que no han podido ser pagados a los bancos, han aumentado 18.5 por ciento entre junio de 2024 y febrero de 2025, informa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Gobierno entregó pocos cheques, por cantidades pequeñas, a amigos y funcionarios morenistas. Consecuentemente, eso no sirvió para recuperar la economía, evitar se perdieran empleos e impedir aumentara la deuda de empresas y personas.

Otra acción fallida fue poner el nombre de “Plan Sinaloa” a las acciones y presupuestos de siempre. Eso menos iba a funcionar. Sólo poner nombre nuevo a lo viejo. Risible.

El Gobierno no ayuda a los desempleados.

Ninguno de quienes perdieron su empleo formal ha recibido algún tipo de apoyo. La oposición propuso al gobernador eximirlos de los pagos de agua y de electricidad mientras recuperaban su trabajo. El gobernador se negó a gestionarlo. No ha hecho un programa social para estas personas.

El Gobierno tampoco consigue recursos con Claudia Sheinbaum para llevar agua potable a cientos de comunidades y miles de personas que tienen meses sin el servicio. A pesar de la histórica crisis de sequía.

El Gobierno admitió el 15 de abril que sus recursos están rebasados; que no lleva agua potable a esas comunidades, sólo agua tratada; que necesitan equipos de potabilización y que en diciembre le habían rechazado su solicitud. El 5 de mayo confesó que le rechazaron otra solicitud.

La conductora del Uber sigue en sus comentarios:

“No sé en qué se la lleva el gobernador”.

“Yo me pregunto, ¿Cómo es que andan así los malandros, habiendo tanto guacho en las calles?”.

“Como dijo un general de la Zona Militar: el crimen organizado decidirá cuándo terminará esta violencia. Yo creo que también decidirá quién será el próximo gobernador”.

En casa leo una frase del investigador Ernesto López Portillo: “La aparente ausencia del gobierno es una decisión política que negocia la cesión del territorio, para tener ganancias económicas”.