En Sinaloa la delincuencia puede más que el Gobierno

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El delito de extorsión pasó en Sinaloa de 7 mil 573 por cada 100 mil habitantes en 2023 a 9 mil 506 en 2024. Es un delito donde la víctima tiene claro que el delincuente puede hacerle daño y lo hará impunemente. Asume que la delincuencia es más fuerte que las policías.

En Durango la tasa es de 4 mil 735; en Yucatán, 4 mil 769, y en Coahuila, 2 mil 191. Mucho menos que en Sinaloa.

Desde que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) mide este delito, nunca había sucedido tanto. Esto es, nunca antes el pueblo sinaloense tuvo tan alta la percepción de que el crimen organizado puede más que el gobierno y decidió rendirse.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública estima que sólo se denunció el 6 por ciento de los delitos cometidos en Sinaloa en 2024.

Razones atribuibles a la autoridad:  desconfianza, hostilidad o trámites difíciles y tardados fueron la causa de que no se denunciara el 53 por ciento de los que decidieron no acudir al MP. Es la cifra más alta que se ha dado en Sinaloa desde 2011.

En 2024, el año en que inició la narcopandemia, las fiscalías fueron incapaces de atender con eficiencia y ganar la confianza de las víctimas. Pocas oficinas, pocos empleados, ínfimos recursos materiales y nula supervisión ahuyentan a los ciudadanos.

Cuando abatan ese 53 por ciento de no denuncia por motivos atribuibles a la autoridad podrían los jefes militares y policiacos tener razón cuando regañan a la población por no acudir al ministerio público.

De los casos denunciados, sólo en 62 por ciento se inició una carpeta de investigación. Los demás ciudadanos regresaron a sus casas con las manos vacías. Ese porcentaje es menor al 73 de 2023, y al de 80, de 2022. En el año que inició la narcopandemia, la Fiscalía optó por desestimar la denuncia ciudadana en mayor proporción que antes.

En Querétaro se inició una carpeta de investigación en 81 por ciento de los casos denunciados, y en Jalisco, en 85 por ciento.

De las carpetas iniciadas, sólo 12.5 por ciento tuvo una resolución favorable en el ministerio público. Esto es, se recuperaron los bienes, se reparó el daño, se otorgó el perdón o se puso al delincuente a disposición de un juez.

El INEGI señala que, en 2024, en Sinaloa sólo se denunciaron 60 de cada mil delitos; se iniciaron 37 carpetas de investigación y cinco tuvieron resoluciones favorables.

Esos datos son peores que en 2011, donde 133 de cada mil delitos se denunciaron, se iniciaron 82 carpetas de investigación y 17 tuvieron una resolución favorable.

En Sinaloa estaban mal y 13 años después están peor.

En abril de este año, 80 por ciento del pueblo sinaloense consideró que Sinaloa es una entidad insegura. Cuando inició la administración del Dr. Rubén Rocha Moya eran 20 puntos menos. En Coahuila el porcentaje es de 38.

La percepción de inseguridad en la carretera, de 2024 a 2025, subió de 44 a 64 por ciento. El miedo a estar en la calle aumentó 12 puntos porcentuales; en el banco, 10; en el parque, 17; en el mercado, 17; en el automóvil, 17; en el centro comercial, 18, y en el trabajo, 12.

El lugar donde más creció la inseguridad fue la escuela: subió de 16 a 38 por ciento. De lugar de enseñanza pasó a ser de terror.

En Yucatán la encuesta no registró personas que hayan escuchado disparos; en Sinaloa, 28 por ciento de los habitantes los ha presenciado.

El INEGI reporta que el pueblo sinaloense bajó su porcentaje de confianza en todas las autoridades de seguridad pública. Las policías municipales perdieron 10 puntos porcentuales.

Cincuenta por ciento de la gente considera corrupta a la Fiscalía; 56, a la policía estatal, y 66, a la municipal.

Es posible que en 2026 en Sinaloa esté peor que en 2024 y 2025. Habrá más muertes, robos e impunidad si se sigue previniendo, investigando y persiguiendo el delito con instituciones cooptadas y sin recursos.

Un botón de muestra: en 2024, Sinaloa fue uno de los cuatro estados donde no aumentó el número de peritos. En 10 entidades no quedó alguna solicitud pendiente de apoyo de servicios periciales a la investigación de delitos. En Sinaloa quedaron pendientes 18 mil 905 y el gobierno no piensa aumentar el número de peritos.

En la narcopandemia, el número de asesinatos, desaparecidos y robo de vehículos se multiplicó por tres. La carga de trabajo de la Fiscalía creció el triple. Para mejorar los pésimos resultados debería multiplicarse su presupuesto por cinco —500 por ciento— para 2026; para sólo mantener los pésimos resultados, multiplicar por tres —300 por ciento—; para agravar la ineficiencia, sólo 30 por ciento. Esto último es lo que quieren hacer el gobierno del estado y los diputados morenistas.

La sociedad civil de Sinaloa ya aprendió a alzar la voz y a poner límites al gobierno.

Es necesaria la reconstrucción de las policías locales y de la Fiscalía. Sinaloa debe tener lo que hoy no tiene: instituciones de seguridad pública y de aplicación de la justicia capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito, con la cantidad adecuada de policías y agentes del ministerio público, no cooptados por el crimen organizado, capacitados y equipados al más alto nivel, con salarios profesionales, con apoyo de servicios de peritaje y con autonomía respecto de cualquier otro poder. Con un presupuesto ideal diez veces mayor que el actual, que puede alcanzarse progresivamente.

Debe empezar por exigir la inversión necesaria en seguridad para 2026, esto es 500 por ciento superior. Exigir de muchas formas.