Incorruptibles por decreto: cuando la negación sustituye a la realidad

En política, el proclamarse incorruptible no es una virtud: es una coartada. Cuando un gobierno insiste en su pureza no construye confianza, intenta reemplazarla. La confianza exige pruebas. La autocalificación sólo requiere insistencia.

En México, esa insistencia se ha vuelto política de Estado. El gobierno federal y buena parte de los estatales han optado por una narrativa cerrada, impermeable a cualquier escrutinio.

La lógica es simple y peligrosa: quien cuestiona, estorba; quien investiga, incomoda. En ese terreno, la verdad no se debate, se desacredita.

Pero la realidad no negocia. Las alertas provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado no son episodios aislados. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros actores señalados, no abre un debate: exhibe una grieta que el discurso oficial no logra ocultar. Y frente a ello, la respuesta no ha sido investigar, sino negar.

Desde la Presidencia encabezada por Claudia Sheinbaum la reacción ha seguido un libreto predecible: desacreditar a periodistas y analistas, al acusarlos de servir a intereses conservadores. Es un recurso eficaz para movilizar lealtades, pero inútil para responder hechos. Convertir la crítica en conspiración no elimina la evidencia, sólo la evade. Claudia volvió a equivocarse… y lo volverá a hacer.

La corrupción no necesita ser inventada, basta con observarla. Cuando los casos se acumulan, la narrativa de pureza comienza a parecer más una estrategia defensiva y menos una convicción. Y como toda estrategia mal ejecutada, termina por exhibir lo que pretende ocultar.

En ese contexto, el intento de desviar la atención hacia la supuesta injerencia de agencias estadounidenses —particularmente la CIA— resulta más un distractor que una denuncia. Presentarlo como hallazgo reciente es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, deliberadamente engañoso. Su presencia en México ha sido documentada por décadas. Manuel Buendía lo advirtió con claridad, mucho antes de que el tema fuera útil para el discurso oficial.

El problema no es la existencia de esa relación, sino su uso oportunista. Cuando conviene, se denuncia. Cuando incomoda, se ignora. Así, el gobierno desplaza la conversación de la corrupción interna hacia enemigos externos, como si cambiar el foco modificara los hechos.

Hay algo de verdad en lo que muchos analistas concluyen: el mesías estará escondido un buen rato y algunos de sus muy cercanos, temerosos, y mucho.

Por lo pronto, la complicidad cobró su primera gran víctima, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien cometió el pésimo error de amenazar si algo le pasaba. “No me iré solo”, dijo, y cayó redondito.

Un gobierno que se declara incorruptible por definición no se blinda, se excluye de la rendición de cuentas. Y con eso cancela cualquier posibilidad de corrección, porque si no hay errores, tampoco hay responsabilidades. Y si no hay responsabilidades, la corrupción deja de ser un problema para convertirse en una incomodidad que debe silenciarse.

Al final, la insistencia en la pureza no limpia al poder; sólo confirma que ya no sabe cómo ocultar sus manchas.