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TEMAS CENTRALES
Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Tendremos a los candidatos
presidenciales de los partidos
o alianzas contendientes,
realizando las campañas
más largas y costosas
de la historia político-electoral.
La carrera presidencial para 2024, parafraseando al poeta español Antonio Machado, hace camino al andar. Porque nadie podrá negar que tanto actores, partidos políticos y aspirantes, oficiales y opositores, como autoridades electorales han seguido una ruta distinta a la que marca la ley, dando lugar a una circunstancia electoral inédita.
Esto es, unos y otros decidieron improvisar y brincarse las normas. Los primeros, para sacar ventaja, acomodar las circunstancias a modo para asegurar, con el triunfo electoral, la continuidad del proyecto político oficial denominado Cuarta Transformación.
Los del bloque opositor, siguiendo los pasos del partido Morena, al estilo de lo que hace la mano hace la tras, para evitar rezagarse y perder toda posibilidad de competición.
Y la autoridad electoral, para evitar enfrentamientos con el Ejecutivo que, puesto en modo campaña, no se veía dispuesto a someterse a los dictados de la ley ni, menos, a acatar los ordenamientos de la autoridad. Lo que había advertido ya, con la expresión de "no me salgan con que la ley es la ley".
De esta manera, estamos ante un proceso de realidad virtual en el que los protagonistas, principalmente los oficialistas, saben que, aunque todavía falta un rato para el inicio del proceso electoral para la elección presidencial de 2024, porque de acuerdo con la ley arranca en la primera semana de septiembre, su posición de poder les otorga privilegios, como adelantar tiempos, sin consecuencias que lamentar.
Todos están de acuerdo en respetar la ley, si bien sólo virtualmente, porque en la realidad todos la violan. Aspirantes y partidos políticos han recurrido a eufemismos y simulaciones como método para elegir, con muchísima anticipación, a su candidato presidencial, con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y es que, conforme a la legislación de la materia, el período de precampañas para la elección del candidato presidencial arranca hasta la tercera semana de noviembre, proceso que no puede durar más de 60 días (Art. 226, LGIPE). De acuerdo a lo anterior, los partidos políticos deben tener sus candidatos a la Presidencia hasta finales de enero de 2024, en este caso.
La pregunta que surge es ¿qué harán las o los candidatos presidenciales de Morena y aliados y del Frente Amplio por México a partir de que sean elegidos, el 6 y el 3 de septiembre, respectivamente, como han anunciado sus respectivos dirigentes?
La ley dispone que los candidatos presidenciales deberán ser registrados entre el 15 y el 22 de febrero (Art. 237, LGIPE). Cuatro largos meses en los que, una vez más, tropezarán con la regulación de la norma, porque las campañas presidenciales, según el artículo 251 (LGIPE), tendrán una duración de 90 días. Esto es, al ser la elección el 2 de junio, la campaña presidencial no deberá iniciar antes del 4 de marzo.
Tendremos, entonces, a los candidatos presidenciales de los partidos o alianzas contendientes, realizando las campañas más largas y costosas de nuestra historia político-electoral, porque no es de esperar que, una vez violados los plazos, etapas y formas determinadas por la ley electoral para el caso de la elección presidencial, sus postuladores decidan, ahora sí, respetar la ley y suspender la promoción de sus candidatos y guardarlos hasta empatar con los tiempos que ordena la norma.
Para cuando, de acuerdo con la ley, en marzo inicie la etapa de campaña presidencial, en el caso del oficialismo, la corcholata elegida habrá sumado nueve meses de autopromoción, precampaña o como prefieran llamarle. Esto, si fijamos el punto de partida en la fecha en que Morena anunció oficialmente el arranque de la no precampaña de sus corcholatas (12 de junio de 2023).
Pero si nos vamos a la fecha en que el gran elector las destapó (5 de julio de 2021), habría que sumar dos años más al tiempo en que se han placeado a lo largo y ancho del país.
Del lado de la oposición, quien represente la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México también habrá sumado alrededor de nueve meses de precampaña. Así que, en ambos casos, la campaña para alcanzar la silla de Águila habrá tenido una duración de, al menos, un año.
Otra consecuencia derivada de este inédito proceso electoral de realidad virtual es que, al alargar y mezclar los tiempos de precampaña y campaña, los gastos correspondientes se incrementarán de una manera notable, lo que obligará a reconsiderar el cálculo de los topes de campaña.
Por lo que hemos visto hasta ahora, los partidos son buenos para hacer las cuentas del gran capitán en el tema de sus gastos de no campaña. Ya dependerá de la autoridad si, para evitar la ira de Palacio, acepta las cuentas del oficialismo como vengan y sea estricta y severa con las de la oposición. Por aquello de justicia y gracia para los amigos.
Agosto 3 de 2023