La débil Fiscalía de Sinaloa ¿pactó con el narco?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El presupuesto de la Fiscalía de Sonora en 2024 fue de 712 pesos por habitante; el de Guanajuato, 744; Baja California, 764; Chihuahua, 821; Quintana Roo, 872, y  el de Sinaloa, 282, una cifra miserable en comparación con otros estados de México, no con países desarrollados.

La Fiscalía de Campeche terminó 2024 con seis mil 414 carpetas de investigación pendientes de resolución; la de Chiapas, con tres mil 687; Yucatán, dos mil 851; Tabasco, dos mil 125, y Sinaloa, 85 mil 852 pendientes.

Si se relaciona el presupuesto con las carpetas pendientes, Tabasco tendría un millón 56 mil pesos para resolver cada caso, en tanto que Sinaloa sólo 10 mil pesos.

Al inicio de 2024, la Fiscalía sinaloense tenía pendientes de cumplimentar 1 mil 353 órdenes judiciales. Durante el año giró 969 más y cumplimentó 1 mil 13, con lo que el rezago quedó en 1 mil 309. A ese ritmo de disminución del trabajo atrasado, tardará 23 años en ponerse al corriente.

La Fiscalía de Guanajuato destina 216 personas a hacer inteligencia y análisis criminal; la de Sinaloa, sólo cinco. La peor de todo el país.

En Coahuila hay una agencia o Fiscalía del Ministerio Público por cada 12 mil habitantes; en Sinaloa, una por cada 34 mil. En Sonora hay un empleado de la Fiscalía estatal por cada 1 mil 102 habitantes; en Sinaloa, uno por cada 1 mil 579.

La Fiscalía de Sonora tiene un empleado por cada 13 mil 700 habitantes para implementar mecanismos alternativos de solución de controversias. La de Sinaloa, uno por cada 58 mil 400.

La anterior es información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2025 (INEGI), dada a conocer la primera semana de octubre.

En la anterior entrega del Censo, hace unas semanas, se informó que en 2024, en ocho estados, los policías ministeriales recibieron apoyo pericial para investigar delitos cuando lo solicitaron. Ninguna solicitud quedó pendiente. Mientras tanto, en Sinaloa quedaron pendientes 18 mil 843 solicitudes.

La falta de apoyo pericial ha aumentado. Creció 299 por ciento en 2024 con respecto a 2023. No avanza rumbo a la meta de cero pendientes, sino hacia más impunidad.

La investigación que hace la Fiscalía del Estado de Sinaloa es muy deficiente por falta de elementos, recursos materiales, infraestructura, salarios profesionales y capacitación, a lo que se le debe agregar la cooptación.

“La Fiscalía General de la República señaló diez omisiones, inconsistencias y falsedades en la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, reportó Ríodoce el 20 de agosto de 2024.

Otra nota, del 20 de octubre, indica: “…el video de la agresión en la gasolinera fue un montaje, por lo que se solicitarán órdenes de aprehensión de personal de la FGE (Fiscalía General del Estado de Sinaloa) involucrado, informó la Fiscalía General de la República”.

La evaluación más contundente del trabajo de la Fiscalía de Sinaloa la hizo la Fiscalía General de la República, ni más ni menos.

Los casos de “La Barredora”, en Tabasco, y de “Edgar Veytia”, en Nayarit, son los eventos más documentados de la práctica de los gobiernos estatales al establecer pactos con el crimen organizado para disminuir los indicadores delictivos, o sea que la “Pax narca” rija, en lugar de que sea vigente el estado de derecho.

En esos pactos, el gobierno estatal se compromete a no perseguir el delito en las áreas y actividades que le importan a la mafia, a cambio de que ésta mate a menos personas; si mata, que desaparezca el cuerpo o lo tire en otro estado para no alterar la estadística, y oculte o evite otras conductas en los horarios y las zonas que preocupan a los sectores más influyentes.

Tabasco, Nayarit y Sinaloa son ejemplo de que esos pactos no llevan a la pacificación. A la momentánea reducción de indicadores siguen estallidos de violencia e inseguridad de grandes proporciones.

Las razones de que esos pactos no lleven a la paz también están documentadas. La primera es que la traición y la violencia son intrínsecos al crimen organizado. No hay regulación, así que existen muchas oportunidades e incentivos para que alguien se quede con el dinero de los socios o jefes, y la manera de definir la relación entre las partes es la violencia. Ser fuerte y letal es imprescindible para funcionar en esas actividades ilícitas y debe demostrarse diariamente.

Las organizaciones criminales son muy inestables, por lo que hay un forcejeo interno y externo permanente. Los pactos con la autoridad se tienen que reescribir cotidianamente y eso implica que los representantes del gobierno se van involucrando cada vez más con la operación diaria y tomando parte en las disputas.

No es casual que Bermúdez y Veytia terminaran convertidos en los jefes. Es una consecuencia lógica del funcionamiento. El dinero que fluye de la delincuencia a la política se vuelve esencial e insustituible.

En los estados pacíficos, donde está vigente el estado de derecho, suceden entre cero y dos asesinatos mensuales. Hay quienes recomiendan, aduciendo el pragmatismo, aceptar los pactos del gobierno con el crimen organizado para tener “sólo” 50 muertes al mes. Lo que está demostrado es que ese “50 aceptable” nunca es estable y se expande periódicamente a 150 ó 200 homicidios a todas horas y en todos los lugares.

En Sinaloa estamos así porque los gobiernos han pactado con el crimen organizado. Por pragmatismo debe exigirse la vigencia del estado de derecho y rechazar la “Pax narca”.

La Fiscalía necesita un fortalecimiento presupuestal óptimo de mil por ciento y mínimo de 500 por ciento para 2026. Si no sucede eso, si dan cualquier aumento menor del presupuesto, se tendrá la certeza de que hay un elemento común en los pactos entre gobierno y crimen organizado: la debilidad de la fiscalía para perseguir el delito.