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La economía de Sinaloa, perfecta en el discurso y mal en los hechos


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Por Omar Garfias

@Omargarfias

 

El número de los trabajadores sinaloenses que no ganan lo suficiente para comprar una canasta alimentaria aumentó en 4 mil 297 entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

Si se compara la información de septiembre de 2025 con la de septiembre de 2023, cuando aún no estallaba la narcopandemia, se encuentra que el aumento de la pobreza laboral es más grande aún: 25 mil 442 personas.

Aunque trabajen, a más sinaloenses sólo les alcanza para comer productos y cantidades para pobres.

La suma total de los ingresos de las personas ocupadas ha perdido 765 millones entre junio y septiembre de 2025 y 167 millones si se comparan los terceros trimestres de 2024 y 2025.

Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Específicamente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).

Si se mantienen estas caídas en el ingreso de los trabajadores, en la próxima medición de la pobreza se habrán perdido los avances registrados entre marzo y noviembre de 2024, en el cálculo más reciente.

En los meses comprendidos entre el tercer y el cuarto informe del gobernador —octubre de 2024 y 2025—, en Sinaloa se perdieron 10 mil seis empleos formales.

Al comparar la información oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del pasado octubre con el mismo mes de 2023, cuando aún no iniciaba la narcopandemia, el descenso de empleo es de 11 mil 241.

Resalta que es la primera vez en la historia registrada en los archivos digitales del IMSS, que abarcan desde 1997, que un mes de octubre —cuando se contrata mano de obra para el campo—, tiene menos trabajadores registrados que un mes de septiembre, cuando no inicia cabalmente la temporada agrícola.

En octubre pasado hubo 6 mil dos empleos formales menos que en septiembre. La contratación de trabajadores eventuales para el campo no compensó la pronunciada pérdida de 12 mil empleos formales permanentes.

A ninguno de estos sinaloenses que perdieron el empleo ha ayudado el gobierno del estado con algún programa social.

Recurrentemente se ha propuesto, no que se les regale dinero, sino crear un programa de empleo temporal emergente que otorgue un ingreso a quienes perdieron su trabajo, a cambio de realizar actividades de beneficio comunitario. El gobernador se ha negado a apoyar a esas familias.

También se ha planteado repetidamente abrir un programa de acompañamiento a las empresas en situación de cierre o recorte de personal para adoptar medidas fiscales, financieras, operativas y de seguridad pública que permitan mantener las fuentes de empleo.

Los datos dejan claro que fracasó la entrega indiscriminada y electoral de cantidades insuficientes a algunos empresarios. Quienes necesitan auxilio no reciben la cantidad necesaria ni los apoyos fiscales ni de seguridad que requieren para sobrevivir.

En cambio, han repartido esos cheques a los amigos, compañeros de partido y a los propios funcionarios de los ayuntamientos. El gobierno no presenta evidencia de que se hayan conservado fuentes de empleo. “Para algo han de servir”, dijo el gobernador, con lo que demostró que no hay metodología, seguimiento ni medición de impacto. Fue una ocurrencia para salir del paso, para aparentar.

El 4 de diciembre, el INEGI informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Sinaloa disminuyó en 2024 respecto a 2023, mientras el del país creció 1.4. Los bienes y servicios que se produjeron ese año en Sinaloa fueron 0.5 décimas menos.

La opinión pública nacional se queja del bajo crecimiento de México. En Sinaloa, peor aún, decrece, va hacia abajo.

La producción es menor y la población aumenta, una fórmula que revela el fracaso del proyecto como estado y que, sumado a la crisis de violencia e inseguridad, conduce a la degradación de la sociedad.

La doctora Cristina Ibarra da cuenta de cómo el PIB per cápita ha descendido durante la administración rochista de 165 mil en 2022 a 164 mil en 2023 y a 162 mil en 2024. Debajo de los 172 mil de 2018, según la información del INEGI y del Consejo Nacional de Población (Conapo).

El descenso del PIB sinaloense refleja que cuatro elementos estructurales profundos no funcionan: el modelo económico: qué y cómo se produce; el estado de derecho: las reglas reales que regulan la convivencia, que no es pacífica ni impulsa la colaboración; la política sinaloense: que no delibera lo fundamental ni genera soluciones, y los contrapesos: la mayoría de los consejos, sindicatos, organizaciones y empresarios son intrascendentes e influyen nada en la corrección de las políticas que han llevado al despeñadero.

El gobernador describe una escena diferente a la de los datos oficiales: “El Plan Sinaloa está dinamizando la economía y generando empleo en la entidad”, dijo el 15 de mayo pasado.

Prometió que el PIB crecería más que el promedio nacional. No ha cumplido.

Respecto a la generación de empleo formal, cada año 40 mil jóvenes sinaloenses necesitan incorporarse al mercado laboral. Cuando el doctor Rocha tomó posesión no se puso como meta sexenal los 240 mil empleos que se necesitaban, sino una meta “fácil”: sólo 90 mil. Ni eso ha cumplido. Cuatro años después apenas van ocho mil.

El indicador establecido en el Plan Estatal de Desarrollo es puestos de trabajo registrados en el IMSS. La línea base es 586 mil 281 en diciembre de 2021 y, según el cuarto informe de gobierno, apenas van 594 mil 454, muy lejos de la meta que ellos se fijaron (676 mil). Va en retroceso, pierde.

En Sinaloa bajan los ingresos de los trabajadores, se pierden empleos, disminuye la producción. No hay plan emergente de reactivación económica; hay propaganda.

No hay política económica; hay políticos haciendo grilla en la secretaría de Economía.

El gobierno es incapaz de fomentar el desarrollo económico. Muy incapaz.

 

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