La formación cívica en bien de la convivencia social

Por: Fernando Silva

Toda participación social precisa criterio en términos del prominente desempeño hacia las disposiciones de compatibilidad pública-cultural en franco compromiso por amparar una soberanía que, genuinamente, surja y se ejerza con capacidad y virtud en pleno Estado de Derecho desde la participación activa y las peticiones inexcusables de la población, razonablemente, apegada a los valores y derechos universales. Por lo que lograr ese humanista propósito está subordinado a la justa consonancia que existe entre la gente y quienes son elegidos legítimamente —por voluntad de sus representados— para cubrir con responsabilidad un cargo que, sin duda alguna, debe evidenciar en hechos comprobables las percepciones, necesidades y desarrollos de las sociedades, comunidades y pueblos originarios. En ese sentido, ni los servidores públicos, ni la cultura política pueden pretender que los ciudadanos tengamos pleno dominio sobre los procedimientos institucionales, los cuales son tan sólo el pulso del cometido al que se comprometieron cumplir, así como las estimaciones y enjuiciamientos sobre su funcionamiento en el modelo de organización, el cual cada miembro de una sociedad (país) debemos ser considerados igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente en beneficio de las libertades individuales y colectivas en pro del bien común. Empero, si la cultura política es corrompida por servidores públicos que se dejan sobornar, pervertir o viciar como extensión de las cúpulas elitistas que establecen el conjunto de ideologías, evaluaciones y beneficios ilegales de las oligarquías, es cardinal que analicemos y denunciemos con firmeza la dimensión legal de quienes asumen el derecho fundamental de participación política, con la intención de evidenciar las variables que tergiversan las estructuras democráticas en conveniencia de intereses particulares o de grupos malhechores clasistas, racistas, aporofóbicos, con doble moral y, por ende, mojigatos e hipócritas, que además, usurpan o se atribuyen el exclusivo aprovechamiento de una industria, facultad o negocio, sin querer que los gobiernos les fiscalicen, ni mucho menos, pagar los impuestos correspondientes.

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Por consiguiente, tal cultura de la legalidad necesita de una ciudadanía proactiva y versada en saberes teóricos-prácticos para evaluar y determinar lo sustancial, tanto de las nocivas prácticas en la utilización indebida o ilícita de las funciones públicas y privadas en provecho de sus gestores, así como de las sanciones que correspondan en cada caso. Tal responsabilidad permite, al mismo tiempo, una sólida y consciente estructura en la conducta colectiva en función de lo político, económico, educativo, formativo humanista-laboral y cultural; aspectos que permiten fortalecer los valores sociales, esas cualidades, actitudes y estándares que los seres humanos utilizamos para orientar nuestras acciones en una dirección equitativa e imparcial hacia el bien hacer en la convivencia personal, familiar y en comunidad. Tal proceder enfatiza la consolidación de una cultura de la legalidad y el costo-beneficio que trae consigo en la construcción ciudadana y la cohesión social, ámbitos esenciales para la justa cultura política con un enfoque de prevención en todas las áreas que intervienen en la seguridad social.

En este entendido y con el inicio del tercer milenio, si bien se ha logrado mejorar en numerosos aspectos, particularmente en ciencias tecnológicas, siguen predominando las injusticias, la pobreza, la desigualdad social, la violencia de todo tipo… cortesía y herencia de décadas de abusos por parte de protervos sujetos (mujeres y hombres) que sólo miran para sus intereses. En ese sentido, los textos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD por sus siglas en inglés) describen la necesidad de pasar de democracias electorales a democracias de ciudadanía, entendidas como aquella que considera: «Que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado». De esta manera, los elementos analíticos que componen esta metodología son: análisis de involucrados, del problema, de objetivos e identificación de alternativas de solución, reconociendo los ejes que generan inconvenientes, es decir, encontrar el cómo se deben expresar —comprensivamente— los asuntos que se pretenden solventar, así como argumentar con sensatez las causas y efectos que se derivan de ellos.

Particularmente, la sana e imparcial cultura política especifica a cada sociedad a partir de los parámetros de convivencia cívicos-públicos que admiten un modelo de desarrollo en donde predomina la formación de sistemas en los cuales la soberanía reside en el pueblo y en donde su eficacia resulta a partir de que se alejan de nefastas teorías políticas y económicas neoliberales, autoritarias, conservadoras, radicales y ultraderechistas. En este entendido, esto es tratado como consecuencia del hartazgo histórico, en una variante de progresión hacia un devenir con principios ético-morales que nos permitan determinar que todos debemos vivir con aquello que debe hacerse según derechos o razones en combinación de las virtudes y valores que aprueban —producto del desenvolvimiento de sociedades pluralistas y tolerantes— elevar la calidad humana y la salvaguardia de todo ser viviente.

Naturalmente el civismo, significativo concepto que alude a una conducta que se desarrolla en concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social, inviste un modo de comportamiento basado en actitudes de respeto y tolerancia activa hacia el ejercicio de las libertades universales, procurando orientar a aquellos individuos ideologizados en posturas contrarias al bien común, con el objetivo de aminorar actos violentos, ignorancia supina, descomposición social, injusticias, conflictos bélicos, cohecho, corrupción, abusos y todo aquello que sea disonante a los derechos humanos, animales, vegetales y ambientales. Ya que en los gobiernos de ultraderecha, en donde predomina la tiranía, el despotismo y la dictadura, el comportamiento de la gente que promueve los deberes de ciudadano, respetando las leyes y contribuyendo a la considerada articulación de la sociedad y al bienestar de los demás, puede adquirir una dimensión de sedición, en el entendido de que ser ciudadano no es tener tan solo «buenos modales» como los que preconizan los grupos sociales constituidos por personas de la clase acomodada, sino que —por principios éticos-morales— como alzar la voz con dignidad para defender las facultades de los que legítimamente hacemos lo que conduce a los fines de la vida con justicia. Y, dicho sea de paso, buena parte del sector que descuella de manera extremada dentro de su clase social, no obtuvieron precisamente esa categoría por méritos propios, sino como resultado de poner en peligro o menoscabar la estabilidad de las sociedades, además de abusar sin respetabilidad las normas de conducta como pretexto para encubrir una serie de injusticias que evidentemente no les interesa que se muestren a la luz, ni mucho menos prescindir de tan convenientes influencias en todo el mundo.

Por lo tanto, la convivencia social a partir de la formación cívica es el preferir el buen ejemplo desde los hogares, entendidos de que cohabitamos con los demás en el marco de ceremonias protocolarias que son convencionales y que tienen un valor social indiscutible, y porque la buena educación es la manera de tratar con afecto y conciencia a nuestro prójimo. No tomemos a la ligera la participación y aportes individuales y colectivos, seamos reflejo de inteligencia, conocimientos, lealtad, fraternidad en pro del bienestar de todo ser viviente y, como siempre deber ser, hacia nuestra Madre Tierra.