La maldición del Plan C

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Con una caída de tres posiciones

México ocupa ahora el lugar

121 de 143 países evaluados

en respeto al estado de derecho,

con una calificación

global de 0.40 puntos,

la más baja en siete años.

Resulta que a México, el país más democrático del mundo según los dichos de Palacio Nacional, no le va muy bien con el tema del respeto al Estado de Derecho. El Proyecto Mundial de Justicia (WJP por sus siglas en inglés), recién publicó el Índice del Estado de Derecho 2025, donde el país reprueba en la evaluación de varias de las materias que integran el estudio.

El WJP es una organización internacional independiente y multidisciplinaria que promueve el Estado de Derecho en el mundo, según su página oficial. Su objetivo es buscar soluciones locales a través de un enfoque que incluye investigación, recolección, análisis de datos y el establecimiento de una red activa y global de conocimiento. Desde 2008 publica el Índice del Estado de Derecho a nivel global, que mide la adhesión al Estado de Derecho en 143 países. México se incorporó a la medición en 2009.

Un Estado de Derecho eficaz, en el concepto del WJP, es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para los ciudadanos; reducir la corrupción, mitigar la pobreza, promover la salud y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Contribuye a una gobernanza responsable y al respeto de los derechos civiles, afirma el Proyecto.

La información que aplica WJP proviene de la opinión de miles de personas entrevistadas, entre las que incluye a abogados y especialistas en diversas ramas del derecho e información de instituciones. Es, entonces, un análisis desde la perspectiva ciudadana sobre el respeto al estado de derecho, según explican. La medición se hace a niveles nacional y estatal.

El Índice se integra por ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.

Desde el inicio del gobierno de la 4T, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscó la manera de transformar al país al eliminar instituciones sin el menor análisis y, sobre todo, al modificar el orden jurídico de manera autoritaria, aprovechando la mayoría parlamentaria que le regaló el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena. Sin diálogo, discusiones, debates, consultas ni el mínimo estudio, se impuso un lastimoso Plan C que incluía, entre otras, la reforma judicial que desapareció al Poder Judicial existente, acabó con su independencia y autonomía y borró la división de poderes; una reforma administrativa que eliminó a la mayoría de los órganos autónomos y una reforma electoral, todavía pendiente, con la que Morena busca continuar los ajustes para asegurar su permanencia en poder.

Reformas a modo de la 4T para acabar con la corrupción como su principal argumento, con resultados negativos, de acuerdo a los datos del Índice de Estado de Derecho 2025.

Con una caída de tres posiciones respecto al año anterior, México ocupa el lugar 121 de 143 países evaluados, con una calificación global de 0.40 puntos, la más baja en siete años. A nivel regional, América Latina y el Caribe, ocupa el puesto 28 de 32. La causa, el debilitamiento institucional, la falta de independencia judicial y la persistencia de la impunidad y la violencia, acusa la investigación. Ninguna sorpresa.

Los resultados, en el caso de los factores que integran el Índice, podrían ser una muestra de los estragos de la Cuarta Transformación.

En Justicia Penal, donde la medición más alta es 1, la calificación es de 0.25, que ubica al paóís en el lugar 135 de 143 posiciones. La causa, deficiencias en la investigación, juicios y castigos.

En Corrupción, con 0.27, México está a nueve posiciones del último lugar: 134 de 143. En Orden y Seguridad, ocupa el lugar 132 de 143, con 0.50 puntos. En Justicia Civil, con 0.35 puntos, está en el 134 de 143, reflejo de problemas de acceso y efectividad para resolver conflictos (WJP). En todos los casos, México no alcanza una puntuación aprobatoria. La tendencia es de retroceso continuo desde 2018, cuando el país se ubicaba en el lugar 93.

Para mejorar el posicionamiento del país, el WJP recomienda fortalecer los contrapesos institucionales, garantizar los derechos fundamentales y mejorar el acceso a la justicia, pero ya sabemos que para la 4T los análisis globales son inexistentes pues ellos tienen otros datos y no aceptan opiniones externas… y menos de organismos independientes.

Noviembre 13 de 2025