.png)
Por Omar Garfias
@Omargarfias
Los responsables de los delitos son las personas, por eso se les castiga.
Los responsables de garantizar la seguridad pública son los gobiernos. No hay excusas para no cumplir esa, su obligación principal.
Los gobiernos se inventaron para que, contra los defectos individuales de los ciudadanos, la falta de valores de la gente, las ambiciones desmedidas de las personas, la autoridad imponga una convivencia pacífica en la comunidad.
Particularmente en Sinaloa, eso es lo que prometieron iban a hacer y, además, dijeron que sabían hacerlo.
La Constitución de la República y la Ley General de Seguridad Pública señalan la responsabilidad sin atenuantes.
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado”.
La Constitución de Sinaloa lo ratifica: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios”.
Para eso pagamos impuestos; por eso cobran un salario; por eso manejan presupuestos y recursos públicos.
Los gobiernos se hicieron, primera y esencialmente, para que las personas pudiéramos convivir.
Todas las actividades de vida y sobrevivencia de los seres humanos requieren la colaboración con los demás.
Un principio básico para construir redes de colaboración donde participen muchas personas (comunidades, ciudades, estados, naciones, globalización) es que los conflictos o desavenencias no se resuelvan mediante la confrontación violenta entre los participantes.
Si nos arrebatamos las cosas que deseamos o la retribución individual a la participación en los trabajos conjuntos fuera definida por el uso de la fuerza, estaríamos peleando continuamente.
El principal acto civilizatorio es cuando se crea un gobierno y se le entrega el monopolio del uso de la violencia. Cuando se le convierte en el único ente facultado para castigar, todos los demás renunciamos a imponer nuestros deseos mediante la fuerza.
Nos integramos a las redes de colaboración porque reconocemos una autoridad que impondrá las conductas que aceptamos como válidas.
La experiencia fue demostrando que a ese poder entregado al gobierno había que ponerle límites y contrapesos. Que el Poder Ejecutivo no concentrara todas las funciones. Que el Poder Legislativo hiciera las leyes que establecieran las conductas que debemos seguir; que el Poder Judicial juzgara la culpabilidad o inocencia de las personas, y que organismos autónomos vigilaran que la labor policiaca del Poder Ejecutivo no violara los derechos humanos, no fuera abusiva ni ineficiente.
No es excusa para los gobiernos que los ciudadanos sean imperfectos, violentos, ambiciosos, tramposos, mal educados, sin valores... Si las personas fueran perfectas, entonces habría una razón menos para que existiera el gobierno.
Tiene que haber gobierno porque hay fallas en la formación de valores y guías de comportamiento en las familias.
Es su trabajo impedir que los defectos personales de unos afecten a los otros; es la razón por la que existen autoridades de seguridad pública.
En las sociedades donde priva el Estado de Derecho, donde el gobierno previene el delito y garantiza la seguridad pública, se forman amplias redes de colaboración para producir bienestar, desarrollo económico, bienes públicos, educación, salud y se consolida una cultura democrática y de convivencia pacífica.
La falta de gobierno desata la barbarie.
En Sinaloa el gobierno es incapaz de garantizar la seguridad pública.
Vivimos etapas de pax narca con grave cantidad de delitos, y vivimos crisis, cada vez más frecuentes y prolongadas, donde se elevan los delitos en proporciones catastróficas.
En los últimos 336 meses, sólo en uno, abril de 2000, tuvimos una tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes menor a 1, que es la que tienen las sociedades más pacíficas.
Hoy vivimos la peor crisis de seguridad de la historia. En ningún cuatrimestre de fin de año se había matado a tantas personas, en lugares tan públicos y en horarios tan de día.
Se matan niños y familias enteras. Hay un gobierno fallido.
El 18 de julio de 2021, el Dr. Rubén Rocha Moya prometió “pacificar Sinaloa y quitarle el estigma del narcotráfico”. Lo hizo como gobernador electo, en declaraciones al periódico La Jornada.
Hoy, desde el morenismo, se minimiza el problema y se dice que en Sinaloa se vive “perfectamente bien”.
El gobierno no es parte de la solución, es parte del problema.
Menos personas quieren vivir o visitar Sinaloa; menos personas quieren participar en el sistema económico de Sinaloa.
Nos alejamos de ser civilizados, vamos a la barbarie.
Los responsables de la inseguridad son los gobiernos, las personas que reciben un salario para desempeñar la función de presidenta, secretario de seguridad pública, gobernador, fiscal, subsecretario, director, presidente municipal, policía.
Los ciudadanos tenemos tres obligaciones: pagar los impuestos, acatar la ley y exigir a la autoridad.
Commentaires