Matar al mensajero

La percepción de México

en el extranjero nada tiene

que ver con lo que el gobierno

de la 4T y su segundo piso

suponen va viento en popa.

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Ahora sí, llovió sobre mojado. Los informes de evaluación practicados por organismos internacionales a diferentes países sobre temas de corrupción, impunidad, Estado de Derecho, violencia criminal extrema, desapariciones forzadas, asesinatos dolosos y violación de derechos humanos publicados recientemente colocan a México en una posición comprometida, por decir lo menos.

Prácticamente en todos los temas México fue reprobado.

Es difícil imaginar un complot mundial contra México y que por ello organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Freedom House, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otros, coincidan en diagnósticos que poco le favorecen.

La percepción de México en el extranjero nada tiene que ver con lo que el gobierno de la 4T y su segundo piso suponen va viento en popa. Ahora más que nunca es evidente que el principio tabasqueño de que la mejor política exterior era la política interior, fue otra desafortunada ocurrencia: un mito y un gran error que afectó el posicionamiento del país en el contexto mundial al negarse a escuchar —ya no digamos atender— y descalificar cualquiera opinión sobre nuestro país proveniente del extranjero. La cerrazón como política exterior.

En un mundo globalizado, en particular en los tiempos actuales, el aislacionismo es inconveniente, improcedente y perjudicial. Como miembros de organismos internacionales, el Estado mexicano ha suscrito y aceptado compromisos y obligaciones con validez global.

A menudo, en Palacio Nacional confunden las evaluaciones comparativas a nivel mundial con injerencias inaceptables en los asuntos internos del país y esgrimen la soberanía como escudo y defensa de supuestas agresiones externas. Una soberanía mal concebida, interpretada a conveniencia, que no pocas veces nos ha puesto en situaciones bochornosas.

México mantuvo hasta la llegada de la “cuarta transformación” un alto nivel de respeto y de influencia, al menos entre los países de Latinoamérica. Era el hermano mayor con una economía que crecía; el país con estabilidad política, con un nivel de democracia, quizá no ideal, en el que las sucesiones presidenciales se procesaban de manera pacífica, sin mayores incidentes; con reconocimiento y apertura a la pluralidad política. Nada de país de un solo personaje. Respeto, aceptación y diálogo con quienes pensaban y opinaban diferente. El sistema jurídico, las instituciones públicas, la división de poderes y los organismos autónomos constituían los contrapesos necesarios para el ejercicio de la democracia.

Pero a quien llegó al máximo nivel político del país a través de un proceso transparente y democrático, con instituciones y leyes que avalaron y reconocieron su triunfo electoral, una vez en el poder ya no le convenció ese respeto a la democracia y buscó revertir procesos, leyes e instituciones para imponer la política y conducción del gobierno de un solo hombre.

La cuarta transformación, así denominada por el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se convirtió en la devastación de instituciones, leyes y poderes.

El jefe del Ejecutivo de Morena vio con desconfianza y rechazo la libertad y autonomía de los otros poderes de la Unión. Tampoco le pareció conveniente una legislación —perfectible sin duda— que auspiciaba el pluralismo político, respetaba la libertad de acción, la libertad de expresión y amparaba el acceso al poder por la vía de electoral. No en balde las tres alternancias políticas ocurridas sin estridencias en lo que va del milenio. Algo debe haber funcionado bien con el marco jurídico existente, sus instituciones y la real y efectiva división de poderes sin sometimiento al Ejecutivo.

Sin enjuiciar las reformas promovidas por el poder morenista en estos siete años de gobierno, organizaciones internacionales como Transparencia Internacional (TI), Human Rights Watch (HRW), Freedom House y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otras, apuntaron en sus evaluaciones fallas, omisiones, alertas e inconvenientes derivadas de decisiones, ocurrencias y reformas legales procesadas al vapor, sin análisis, diálogo ni consulta, y cuando hubo consulta, sus resultados fueron ignorados.

Ha habido múltiples reformas a la Constitución para asegurar la permanencia del gobierno de la 4T en el poder. Desaparición del Poder Judicial para sustituirlo por una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y jueces y magistrados a modo, elegidos popularmente con acordeón de por medio. Eliminación de organismos constitucionales autónomos cuyo objetivo era limitar el poder presidencial y garantizar transparencia y eficacia en áreas técnicas especializadas. Esas han sido las características de la 4T.

Por supuesto, el gobierno se niega a aceptar los resultados desfavorables a México en esas evaluaciones globales y ataca a las organizaciones evaluadoras, como si fueran responsables de las cifras que aparecen.

Matar al mensajero, se dice, pero no estaría mal que hubiera un poco de reflexión y análisis de la información publicada. La humildad y el reconocimiento de fallas y problemas son mejores métodos para corregirlos y superarlos que la cerrazón y los oídos sordos. Hay que ubicarse en la realidad y dejar de pretender que vivimos en el país de las maravillas.

Abril 8, 2026