Morena ¿sabe resolver la crisis económica?
Por Dónde Empezar
Por Omar Garfias
@Omargarfias
En junio de 2024, antes de iniciar la crisis de seguridad y economía, 62 por ciento de la población de 15 o más años de Sinaloa estaba ocupada. Dos años después, sólo 57.8.
La población ocupada bajó de un millón 469 mil a un millón 405 mil; 64 mil personas menos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las principales afectadas son mujeres. El porcentaje de ocupación disminuyó de 51 a 46.3 por ciento y el total trabajadoras es menor en 50 mil.
Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 17 mil 600 de esos empleos perdidos entre junio de 2024 y junio de 2026 son de los formales registrados ante la institución.
El número de sinaloenses sin trabajo a pesar de buscarlo o estar en disposición de tenerlo, pasó de 211 mil a 232 mil.
Los gobiernos federal, estatal ni municipales han hecho nada efectivo para evitar que la crisis de inseguridad genere una crisis de empleo. Por el contrario, negaron que existiera.
El 8 de junio pasado, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, afirmó desde Palacio Nacional que en Sinaloa crecían los empleos.
De quienes conservaron su empleo, el porcentaje de los trabajadores sin ingresos suficientes para comprar una canasta alimentaria para ellos y sus dependientes económicos aumentó de 25.4 a 28.3 en el lapso analizado, según los cálculos de pobreza laboral del INEGI.
Lo anterior significa que alrededor de 42 mil sinaloenses se sumaron a quienes, pese a tener trabajo, no ganan, literalmente, ni para comer.
En noviembre de 2024, diferentes organizaciones empresariales solicitaron a Rubén Rocha apoyar a quienes perdieran su fuente de ingresos por la crisis de inseguridad, con un programa de empleo temporal; que no se les regalara dinero, sino se les diera un recurso a cambio de realizar obras o acciones de beneficio comunitario. Se negó.
De la misma forma, se le solicitó eximirles de los pagos de electricidad y agua para que no perdieran los servicios. También se negó.
Ningún sector de la economía tiene las condiciones necesarias para generar empleos.
En el primario —agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca— se han perdido 7 mil puestos de trabajo. En el secundario —industria y construcción—, 21 mil. En el terciario —comercio y servicios—, 35 mil.
Se han realizado muchas reuniones de organismos empresariales de los diferentes sectores con funcionarios morenistas de distintos órdenes de gobierno. Ninguna tuvo como resultado la reactivación estructural de las actividades. Muchas galletas y fotos sonrientes para las redes sociales, pero nulos resultados.
El problema de la pérdida de empleos sería mayor, pero no lo es porque 10 mil sinaloenses decidieron trabajar por cuenta propia. Ante el desempleo, tuvieron la posibilidad de autoemplearse. Subió —en esa cantidad— el número de personas que trabajan así.
Quienes laboran en tiempo completo —más de 35 horas a la semana—, disminuyeron en 79 mil personas, y quienes expresan que no están desocupados, pero laboraron menos de 15 horas semanales, son 17 mil más.
Esto significa que la economía sinaloense no tiene las condiciones para aprovechar a la fuerza laboral de mejor manera. A la tragedia del cierre total de empresas se suman los cierres parciales y las disminuciones de horarios.
No hay una política pública de acompañamiento gubernamental a las empresas en esas condiciones para definir planes de reactivación específicos para cada condición particular. En este y en todos los casos, las empresas son las que tienen que adaptarse a los pequeños e insuficientes programas gubernamentales.
La crisis ha afectado la capacidad empleadora de los grandes establecimientos —los que emplean a más de 250 personas—, que en conjunto han dejado de ocupar a 30 mil personas. Eso implica un problema grave: la desinversión.
Junto con los cierres viene el traslado de equipos y maquinaria a otros lugares; cuando queda capacidad instalada no utilizada, la ampliación de inversión no se necesita por mucho tiempo, y los problemas logísticos que ocasionan los cierres de grandes establecimientos advierten a posibles inversores que es mejor no llegar a Sinaloa.
El 17 de enero de 2025, Feliciano Castro, entonces secretario general de Gobierno, desestimó el cierre de restaurantes de las cadenas Pizza Hut y I Hop, y lo festejó como un triunfo cultural sobre las “franquicias gringas”.
Meses después, ocuparía la Secretaría de Economía del Gobierno del estado de Sinaloa. “Los restaurantes de comida sinaloense no tienen problemas por la inseguridad. Hasta filas se hacen”, añadió quien es parte central del “rochismo”.
El pueblo trabajador sinaloense padece una fuerte precarización de su empleo. Ha perdido estabilidad, derechos y seguridad económica.
La tasa de condiciones críticas de ocupación describe a quienes trabajan menos tiempo del que desean trabajar o que a su jornada completa corresponda un salario bajo.
Probablemente los 177 mil trabajadores sinaloenses que padecían condiciones críticas en el segundo trimestre de 2021 tuvieron esperanza de mejorar cuando llegaron al poder quienes se decían herederos de Espartaco y Demetrio Vallejo.
Rocha, Imelda y Graciela dicen ser izquierdistas sindicalistas de cepa.
Tres años después, en junio de 2024, ya no eran 177 mil sino 320 mil los sinaloenses que padecían precariedad. En junio de 2026 ya suman 378 mil. No supieron manejar el fin de la pandemia ni la narcopandemia.
El manejo de la crisis económica originada por la inseguridad ha ocasionado desempleo y hambre en el pueblo trabajador sinaloense.
El gobierno morenista, nada efectivo ha hecho. Solo fotos con caritas sonrientes.
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