Obstáculos para la cultura de legalidad en Sinaloa
Por dónde empezar
Por Omar Garfias
@Omargarfias
La cultura de la legalidad se define como el conjunto de creencias, valores y acciones que impulsan a la población a creer en el Estado de derecho y a rechazar la ilegalidad. Es la corresponsabilidad de los ciudadanos que hace posible la convivencia pacífica.
Los valores son guías específicas de conductas consideradas preferibles, deseables como principios rectores de comportamientos.
En Sinaloa chocan frontalmente los valores de la legalidad con los valores de la gobernanza criminal (prestigio de la violencia, dinero rápido, etcétera) en disputa por el control del comportamiento social.
En la realidad sinaloense, la gobernanza criminal ha impuesto sus reglas ante la mirada complaciente del poder político. Las leyes existen en el papel, pero realmente en el orden social interviene el crimen organizado. Se vive una legalidad segmentada.
Un obstáculo para los valores de la legalidad no es que la gente desconozca las leyes. No es sólo un problema de educación cívica, sino que el gobierno no garantiza que cumplirlas sea racional o seguro. Por ejemplo, cuando la delincuencia impone el cobro de piso, la cultura de la legalidad colapsa porque la necesidad de sobrevivencia desplaza a la norma jurídica.
La gobernanza criminal impone una fractura entre las metas socialmente ponderadas (riqueza, estatus, etcétera) y los medios legítimos (educación, empleo, etcétera).
Otro obstáculo es que la cultura de la legalidad compite en total desventaja cuando la economía legal está debilitada por la violencia y los medios delictivos son más accesibles y eficaces para la subsistencia y el ascenso social. El valor de la convivencia armoniosa es débil ante la normalización de los caminos delictivos.
El niño sinaloense recibe una lección de valores de parte de la vida real cuando ve que quien viola la ley tiene la riqueza y el estatus que no tiene quien la respeta.
Otro obstáculo es la impunidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que 98 por ciento de los delitos cometidos no se castiga.
El menor sinaloense recibe una lección de valores de parte de la vida real, por ejemplo, cuando en forma pública, no tiene castigo legal un personaje como Rubén Rocha, de quien 62 por ciento de la población considera creíbles los señalamientos que lo vinculan con el narco, según encuestas de Enkoll y TResearch.
El ciudadano común no encuentra motivos suficientes para subordinar su conducta ante la ley si percibe que las instituciones encargadas de hacerla cumplir operan a favor de quienes la violan. La legalidad se convierte en una formalidad inútil.
Otro obstáculo: la ausencia de la escuela sinaloense frente a la narcocultura. En lugar de funcionar como el espacio de resistencia civil y formación cívica que requiere la entidad, ha optado por el repliegue y el silencio administrativo.
En ningún nivel educativo el sistema escolar sinaloense aborda, de manera abierta, la crisis de inseguridad, la violencia sistémica o los códigos que normalizan la narcocultura. Esta parálisis contrasta con otros estados. Entre 2017 y 2019, ante la crisis del robo de hidrocarburos, Puebla instrumentó en las aulas programas dirigidos específicamente a desmantelar la “cultura del huachicol” y rescatar a miles de estudiantes reclutados por las bandas criminales.
Por el contrario, al carecer Sinaloa de programas que aporten información rigurosa y análisis crítico sobre la ilegalidad que les rodea, las instituciones educativas dejan a los alumnos a la deriva.
Sin herramientas pedagógicas para deconstruir la apología del delito que inunda las calles y las redes sociales, la escuela claudica en su función de forjar ciudadanía y deja el terreno libre para que el crimen organizado sea quien eduque y dicte los valores de la convivencia.
La infancia sinaloense no recibe lecciones de valores en la escuela frente a la narcocultura. Solo hay esfuerzos personales de los maestros.
Otro obstáculo es el desacato legal del gobierno estatal. Existe un marco jurídico explícito: la Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, la cual mandata expresamente la creación de programas de formación ciudadana y la articulación de un Consejo Estatal integrado por autoridades y ciudadanos. Este andamiaje es letra muerta. El Ejecutivo local no ha cumplido con nada.
El gobierno de Rocha-Bonilla / Rocha-Domínguez no sólo incurre en una omisión administrativa, sino que emite un mensaje demoledor a la sociedad: las leyes en Sinaloa sólo sirven como retórica de adorno.
Otro obstáculo es el desgarramiento demográfico de la sociedad sinaloense provocado directamente por la violencia. Al arrancar a los hombres jóvenes de miles de familias, el tejido social primario se debilita. La gobernanza criminal dinamita el espacio natural donde se transmiten, custodian y sostienen los valores de la legalidad.
La exigencia al poder es el pilar para iniciar la construcción de una auténtica cultura de la legalidad. No la docilidad ciudadana, sino la exigencia inflexible de que el gobierno cumpla con sus obligaciones legales, que quite los obstáculos que pone.
En ese sentido, las actividades comunitarias que enseñan tae-kwon-do u organizan festivales de paz con la niñez son loables como espacios de resistencia social al miedo y al aislamiento.
Sin embargo, se debe tener un cuidado analítico extremo: estas expresiones no pueden, bajo ninguna circunstancia, sustituir la demanda de justicia hacia el aparato gubernamental y mucho menos desplazar la responsabilidad institucional de pacificación hacia los hombros de las mamás y los papás.
Permitir que la narrativa oficial reduzca la cultura de la legalidad a un asunto de “buena crianza” familiar es convalidar un deslinde político inaceptable. El origen del Estado de derecho estriba en que el poder político garantice la seguridad y el imperio de la ley. Privatizar esa obligación y transferir la carga ética exclusivamente al ámbito familiar es la forma más sofisticada que adopta la simulación gubernamental para perpetuar la impunidad.
Las crisis históricas como la que vive Sinaloa ocasionan cambios profundos que derivan en la conformación de sociedades nuevas. Para que no sean peores es imprescindible la cultura de la legalidad.
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