Un gobierno que no entiende las otras voces

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Un conflicto no se resuelve

por minimizarlo;

se enfrenta con interlocución,

argumentos y voluntad política.

Lo que ocurre con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) merece una lectura más allá de las demandas salariales y de las diferencias entre las dirigencias sindicales y sus representados. Estamos ante un problema que exhibe las deficiencias del Gobierno federal para comunicar, negociar y conducir un conflicto laboral de importancia nacional.

La primera falla es no comprender que una inconformidad laboral no desaparece porque una dirigencia logre un acuerdo, una autoridad presente cifras favorables o desde Palacio Nacional se ofrezca una explicación distinta a la que viven los trabajadores.

La realidad tiene sus propias reglas. Si quienes dicen representar a una base laboral no la convencen de los términos negociados, el problema deja de ser exclusivamente sindical. Se convierte en una señal que las autoridades están obligadas a interpretar con seriedad.

Es aquí donde la comunicación gubernamental debería desempeñar una función decisiva. No para defender una versión oficial o neutralizar las críticas, sino para explicar qué sucede, escuchar a quienes protestan, informar sobre las negociaciones y establecer compromisos verificables.

Sin embargo, el Gobierno federal no ha ofrecido una interlocución laboral suficientemente visible, constante y convincente. La Secretaría del Trabajo tendría que ocupar un lugar central en el proceso y su titular explicar el estado de las conversaciones, los puntos de coincidencia, las diferencias pendientes y los pasos necesarios para avanzar.

No se trata de organizar una conferencia diaria por razones de imagen, sino de asumir una responsabilidad pública. Cuando miles de trabajadores expresan inconformidad, el silencio institucional deja espacio a la incertidumbre; las declaraciones aisladas difícilmente construyen confianza.

El problema parece extenderse a otras líneas de conducción gubernamental. Falta tacto para reconocer la dimensión humana del conflicto, interés para escuchar sin prejuicios y compromiso para explicar con claridad qué puede resolverse y lo que aún requiere negociarse.

Detrás de esa conducta aparece, una vez más, la pifia de quienes asesoran al poder. No ayudan a comprender lo que sucede y buscan argumentos para defender decisiones tomadas previamente.

Cuando el análisis se convierte en justificación, la comunicación pierde su utilidad. En lugar de anticipar escenarios, preparar respuestas y advertir riesgos, quienes deben orientar la estrategia terminan por improvisar explicaciones que no convencen a quienes conocen el problema de primera mano.

La respuesta gubernamental no puede reducirse a las declaraciones presidenciales ni a los posicionamientos de Zoé Robledo, director general del IMSS. Cada institución tiene responsabilidades propias y debe asumirlas. La conferencia presidencial puede fijar una posición política, pero no sustituye el trabajo técnico, la negociación laboral ni la información puntual que deben ofrecer las dependencias involucradas.

Mientras tanto, los medios de comunicación seguirán con la información sobre las protestas, las diferencias y las respuestas oficiales. Esa es su función. Pretender que la agenda desaparezca porque incomoda al gobierno es confundir comunicación con propaganda.

El equilibrio informativo exige autoridades que aporten datos verificables, dirigentes que rindan cuentas a sus representados, trabajadores que expresen libremente sus demandas y medios que contrasten las distintas versiones. Ninguna voz debe ser anulada para que otra conserve el control del relato.

Lo que está en juego no es solamente un acuerdo salarial. Es la confianza en las instituciones y la capacidad gubernamental para escuchar a quienes sostienen cotidianamente los servicios públicos.

Gobernar implica tomar decisiones, pero también explicar sus razones, reconocer los errores y corregir el rumbo cuando la realidad demuestra que una estrategia no funciona.

De lo contrario, el análisis falla y la comunicación improvisa, por lo que el gobierno termina por hablar sin que le crean… Y ni cuenta se da.