Urge crear una Plataforma País para cumplir las metas climáticas

Por Miguel Ángel de Alba

@migueldealba

Para cumplir con sus compromisos ambientales, debe fortalecerse el financiamiento, la coordinación entre niveles de gobierno, las políticas de adaptación, de transición energética justa, participación ciudadana e instrumentos que conviertan las prioridades climáticas de México en proyectos viables.

Iniciativa Climática de México (ICM) concluyó la “Pre-COP 31: de las metas a la acción” con el señalamiento de que para cumplir sus compromisos climáticos México no depende de una política ni de un actor, sino que necesita una arquitectura que coordine decisiones, movilice recursos y lleve soluciones concretas a los sectores y territorios donde se desarrolla el futuro ambiental del país.

Destacó que México avanza en el diseño de un Módulo de Inversión Sostenible que facilitaría movilizar recursos públicos, privados e internacionales para financiar el cumplimiento de las metas climáticas con criterios de transparencia y medición de resultados, además de que ICM impulsa una iniciativa que fomenta cambios de comportamiento en alimentación, consumo de energía, movilidad y residuos entre el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.

En el centro de las reflexiones estuvieron los retos y oportunidades de financiamiento que tiene México para cumplir sus compromisos climáticos y se destacó la confirmación por parte de las secretarías de Hacienda y de Medio Ambiente del desarrollo de una Plataforma País para movilizar inversiones públicas, privadas e internacionales que posibiliten cumplir las metas climáticas.

Ambas dependencias trabajan en el diseño de un Módulo de Inversión Sostenible que convertirá a la NDC 3.0 en un portafolio de proyectos financiables con criterios de impacto ambiental en territorio, transparencia y seguimiento de resultados.

“Hacienda lidera los trabajos para establecer la Plataforma País, en coordinación con el sector ambiental a través del Módulo de Inversión Sostenible, con la idea de impulsar el crecimiento nacional a la par de implementar los compromisos climáticos”, señaló Norma Munguía, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“El Módulo fija el rumbo a seguir, exhibe criterios, certeza, coordinación y una ambición transexenal al guiarse por la NDC 3.0”, puntualizó Raúl González Romero, director General de Organismos Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, BBVA destacó la necesidad de contar con reglas claras, certidumbre jurídica y herramientas que faciliten el acceso al financiamiento sostenible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

NetZero Citizens: responsabilidades diferenciadas

En la Pre-COP31 se presentó la iniciativa Net Zero Citizens, que  busca involucrar al 10 por ciento de la población con mayores ingresos para reducir su huella de carbono mediante cambios de comportamiento en movilidad, consumo energético, alimentación y generación de residuos.

Verónica Garibay, gerente de Transporte y Electromovilidad de ICM, explicó que el proyecto parte del principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas que establece que la disparidad en la generación de emisiones compromete a las minorías de los deciles más altos a realizar mayores acciones climáticas.

Se presentaron los resultados preliminares de un programa piloto, inspirado en NetZero Citizens, instrumentado en 15 hogares de la zona de Chapultepec, para reducir el desperdicio de alimentos. Se identificaron avances en la percepción de los participantes sobre su capacidad para contribuir a la acción climática, así como los cambios de comportamiento registrados.

“La proporción de participantes que reconocía que sus decisiones tienen un impacto pasó del 57 a 91 por ciento, mientras quienes consideraban no tener suficientes herramientas para actuar disminuyó del 28 a 8 por ciento”, señaló Ana Hanhausen, cofundadora y directora de WIDU.

Los panelistas subrayaron la importancia de que los hogares de altos ingresos sean considerados actores clave en la reducción de emisiones. Carlos Brown, de Oxfam México, señaló que el 1 por ciento de la población de mayores ingresos genera el 23 por ciento de las emisiones de México, una proporción comparable con las emisiones de todo el sector transporte.

Transición justa en territorio

En la mesa sobre adaptación y resiliencia, los panelistas destacaron que la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ADAPTAMX), en construcción, debe traducirse en acciones concretas para estados, municipios y comunidades.

Celia Piguerón, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), anunció el lanzamiento de una herramienta para diagnosticar riesgos climáticos a escalas municipal y comunitaria, así como la actualización de la plataforma nacional de información climática, que se vinculará con los atlas de riesgo de protección civil.

La discusión abordó la necesidad de incorporar información y experiencias de las comunidades en los indicadores de adaptación, así como la urgencia de fortalecer el sistema de cuidados como parte del combate al cambio climático. Se destacó que los impactos del cambio climático incrementan las responsabilidades de las mujeres en contextos de sequías, pérdida de cultivos y otros fenómenos extremos.

“La adaptación debe ser local. Se lanzará una herramienta que permita a los tomadores de decisiones diagnosticar desde el municipio e incluso desde la comunidad”, señaló Piguerón.

En el panel sobre acción climática subnacional, se destacó el avance en la coordinación territorial para cumplir los compromisos climáticos. Se afirmó que 20 de las 32 entidades federativas ya participan en una red impulsada por ICM y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), que permite intercambiar experiencias y fortalecer las políticas estatales de transición energética.

Advirtieron que un desafío prioritario es armonizar la legislación ambiental con las políticas de movilidad, desarrollo económico y planeación, así como identificar los recursos públicos que contribuyen a la mitigación y adaptación, establecer indicadores y desarrollar proyectos que puedan acceder a financiamiento.

La Pre-COP 31 dedicó una sesión a la transición energética justa, en la que Carlos Mir, de ICM, informó sobre el trabajo con la Semarnat en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, y destacó que la electrificación del transporte público es una oportunidad para reducir emisiones, mejorar la movilidad y fortalecer la industria automotriz nacional.

Luisa Sierra, de IDEA, señaló que se identificaron más de 200 proyectos comunitarios con actividad económica que podrían acceder a mecanismos de financiamiento adecuados a sus necesidades, pero los especialistas subrayaron la importancia de garantizar la participación efectiva de las comunidades y una distribución equitativa de los beneficios de la transición energética.