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Por Omar Garfias
@Omargarfias
En 2020 había 3 millones 409 mil personas cuya vivienda tenía piso de tierra en todo el país. Esa cantidad subió, en 2022, a 3 millones 787 mil.
Son 378 mil mexicanos más.
En Sinaloa subió de 52 mil a 58 mil.
6 mil sinaloenses más.
Es como vivir en la barbarie.
La casa huele a lodo podrido porque la humedad hace fango viejo debajo de los muebles y en las orillas de las paredes.
Se quitan los zapatos y los calcetines para no ensuciarlos. En un rato, el polvo caliente se cuela entre los dedos de los pies y los lija hasta que molesta. Se quitan la tierra con la mano en un movimiento que ya es cotidiano. Es un tic de la pobreza.
Tres veces al día la escoba arrastra insectos que hacen su nido ahí en el piso. Los rayos de sol descubren una atmósfera de polvo que envuelve comida, ropa, rostros, cabello, y entra a pulmones, boca, ojos.
En 1824 se inventó el cemento, hace 200 años.
Lamentablemente, no es el único problema social que aumentó para las familias mexicanas y sinaloenses.
Quienes viven con techos de cartón también son más.
Eran un millón 61 mil mexicanos en 2020 y aumentaron a 1 millón 247 mil en 2022.
Los sinaloenses subieron de 28 mil a 38 mil.
Son cifras del INEGI, cuya presidenta fue designada por el Lic. López Obrador y antes se desempeñó como su secretaria de Economía.
Las personas que habitan viviendas con muros de material endeble también se incrementaron.
Son 56 mil personas más que en 2020.
En Sinaloa, el aumento fue notorio: de 18 mil a 34 mil
Vivir en una casa donde pueda descansar, tener privacidad y protegerse, no es una realidad para todos.
Es un privilegio del cual millones están excluidos.
No se está avanzando para convertirlo en un derecho.
Se está retrocediendo, aumentando los marginados, los parias.
No hay una política de gobierno que ayude a las familias pobres para superar esta condición de vida.
La acción del presidente López Obrador es ineficiente ante este problema porque desarrolla una política social desbalanceada que privilegia la entrega de recursos en efectivo por sobre la inversión en necesidades como la vivienda, servicios básicos e infraestructura de salud y educación.
En 2023 dedicó 339 mil millones de pesos al Programa de Pensión Bienestar.
Como incluye a los que ya tienen otras pensiones, los más ricos del país se llevan 39 mil millones de esa bolsa.
Para el programa de vivienda social destinó, en cambio, solo 4 mil 521 millones.
Otro problema es que ese presupuesto escaso no se traduce en una disminución de los mexicanos carentes de una vivienda digna porque no están beneficiando a quien lo necesita.
El gobierno federal no tiene un sistema de información que identifique las necesidades de cada una de las familias del país.
Durante la campaña electoral de 2018 elaboraron el llamado “Padrón Bienestar”, manejado por el equipo conocido como “Los siervos de la nación”. En ambos elementos se anteponen criterios políticos que privan a la administración pública de un instrumento que le permita beneficiar a quien lo requiere y así reducir los alarmantes números que recoge el INEGI.
Cuando eligen beneficiarios de pisos, muros y techos se los asignan a muchos que no les hacen falta y sólo les sirven para mejorar chiqueros o cocheras. No tienen una metodología objetiva de focalización.
Una más de las deficiencias de los programas de vivienda es un mal antiguo que no ha sido erradicado: la corrupción, que ejemplificaremos solo con un caso.
En 2020 debieron realizarse 4 mil 31 intervenciones de vivienda en Tabasco. La Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión 2020-1-15QCW-19-0258-2021 258-DS con la que encontró un faltante por 56 millones de pesos.
No es una utopía que todos los mexicanos tengan una vivienda digna.
Sobre todo, es necesario.
Un estudio del Banco Mundial indica que las familias mexicanas que viven en piso de tierra tienen 79 por ciento más enfermedades parasitarias, 49 por ciento más diarreas y 81 por ciento más anemia.
Es posible dignificar las viviendas de los mexicanos
Es posible, con una estrategia de política de pública especial apoyada con una parte más grande de la bolsa de dinero gubernamental que ya existe, eligiendo beneficiarios con base en criterios técnicos y sociales y desarrollando mecanismos de control y vigilancia que bloqueen la corrupción.
Un ejemplo fue la disminución de la carencia de piso firme en Sinaloa que sucedió entre 2008 y 2010, cuando dejó de afectar a 177 mil sinaloenses. El problema disminuyó de 219 mil a 42 mil personas, un récord nacional de reducción de cualquier aspecto de la pobreza.
Fue posible.
Hoy, lejos pasa la esperanza en los techos de cartón.