México enfrenta la emergencia climática con una NDC 3.0 que promete más de lo que transforma

Por Miguel Ángel de Alba

@migueldealba

El mensaje de la séptima Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-7) de que el calentamiento global avanza más rápido que la respuesta de los gobiernos, no debería pasar inadvertido para México, pero el país parece cómodo en una peligrosa zona gris: ambicioso en el discurso internacional pero conservador, por no decir regresivo, en su política climática interna.

La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) ilustra la contradicción. México elevó sus compromisos de reducción de emisiones y vuelve a presentarse como un actor responsable ante la comunidad internacional.

El problema no es lo que promete, sino cómo y con qué políticas reales pretende cumplirlo, porque mientras la NDC 3.0 habla de mitigación, adaptación y resiliencia, la política energética nacional apuesta por refinerías, combustibles fósiles y empresas estatales ancladas en el siglo pasado.

Promete reducir emisiones, pero fortalece estructuras que las perpetúan. Habla de transición, pero desacredita a las energías renovables. Es difícil pedir credibilidad cuando los mensajes internos y externos no coinciden.

La UNEA-7 insistió en que el éxito no se medirá en declaraciones, sino en resultados tangibles: aire limpio, agua segura, ecosistemas restaurados. En México, los indicadores cuentan otra historia: sequías históricas, crisis hídrica en grandes ciudades, incendios forestales más intensos y pérdida acelerada de biodiversidad marcan el presente. No son escenarios futuros ni catastrofistas.

La NDC 3.0 tampoco despeja una duda central: ¿de dónde saldrán los recursos, las reformas regulatorias y la voluntad política para cumplirla?

El documento reconoce la necesidad de financiamiento y cooperación internacional, pero evade una discusión incómoda: sin un cambio profundo en las políticas energética, fiscal y de uso de suelo, los compromisos climáticos serán aspiracionales.

México tiene razones legítimas para exigir mayor responsabilidad histórica de los países industrializados, pero esa exigencia pierde fuerza cuando normaliza la contradicción interna. No puede pedir ambición global mientras debilita la institucionalidad ambiental, recorta capacidades técnicas y subordina la agenda climática a intereses políticos de corto plazo.

El cambio climático no espera sexenios ni entiende de prioridades electorales. Cada año perdido encarece la adaptación, profundiza la desigualdad y reduce el margen de maniobra. Una NDC 3.0 sin coherencia interna corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de diplomacia climática, no en una hoja de ruta transformadora.

La UNEA-7 dejó claro que el tiempo se agota. México enfrenta una disyuntiva evidente: alinear su política nacional con sus compromisos internacionales o aceptar que, más allá de los discursos, elige llegar tarde.

Y en la crisis climática, llegar tarde no es opción, es una sentencia.