Nuevo récord en legislar al vapor

TEMAS CENTRALES

Ocurrencias, caprichos o revanchas

podrían explica el ánimo destructor

del Ejecutivo en los períodos

legislativos anterior y en el actual.

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Cuesta trabajo entender que el proceso de la Cuarta Transformación se haya montado, en su primera y segunda etapas, sobre las cenizas de instituciones arrasadas por decisión presidencial, sin justificaciones razonables ni argumentos sólidos. Ocurrencias, caprichos o revanchas podrían explicar ese ánimo destructor del Ejecutivo en el pasado y en el presente.

El discurso político del entonces jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decía que había que “acabar con la corrupción” y “ejercer austeridad republicana”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, abundante en argumentos políticos pero pocos o ninguno derivados de investigaciones, análisis o estudios económicos serios se leía: “El aparato gubernamental estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósitos o resultados”… que se concentrarían funciones y se reorientarían los presupuestos dispersos, agregaba.

Todo se enfocaba a crear un contexto a modo para concentrar y ejercer el poder político sin sombras ni molestas limitaciones. Un sistema jurídico que determinaba funciones y delimitaba competencias para el desempeño de funciones de los tres Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, no estaba en los planes del proyecto político de la 4T. O tal vez sí, pero como letra muerta.

La doctrina señala que la división de poderes busca evitar el abuso y la concentración de poder y establecer controles y equilibrios. Justo lo contrario de los principios que guían los caminos de la 4T. Durante el gobierno del tabasqueño no hubo poder que se le enfrentara, y cuando lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitir resoluciones para atajar los excesos del Ejecutivo le costó su existencia. Desapareció a la Corte, aunque ya en la actual administración, para sustituirla por jueces, magistrados y ministros elegidos por voto directo de una población poco motivada, desinformada y orientada por acordeones oficiales.

Con pretexto del combate a la corrupción, muchas veces delatada en la retórica mañanera pero, paradójicamente, nunca seguida de acciones judiciales o del levantamiento de carpetas de investigación, se eliminaron instituciones y programas sin planeación alguna.

Al aprovechar la docilidad de un Poder Legislativo con mayoría morenista sometida y dispuesta a acatar toda instrucción de Palacio Nacional, se ajusta el marco jurídico, incluída la Constitución misma, para dar mayor empoderamiento a la Presidencia, en detrimento de los derechos ciudadanos.

La lista de las entidades suprimidas es larga. Aquí sólo algunas:el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y programas como el Seguro Popular y ProMéxico.

Ya en el extremo, todo el Poder Judicial Federal, incluida la SCJN como principal objetivo, sufrió la furia presidencial. Además, se eliminaron 109 fideicomisos e instituciones donatarias y altruistas, mal vistas por Morena por su intromisión en programas sociales, terrenos que el gobierno considera de su exclusividad, por aquello de sus efectos clientelares.

El desmantelamiento nacional continua. El ejemplo más reciente es la abyecta actuación del Poder Legislativo Federal, supuestamente autónomo e independiente, y de los legislativos de los estados morenistas, etiquetados como libres y soberanos. Resulta que superado el mal momento del frustrado Plan A de la Reforma Electoral y concentrados en un sustituto Plan B de reforma disminuida pero aprobada para evadir el estigma de la derrota, el dictamen se envió para la aprobación correspondiente de, al menos, 17 legislaturas estatales para consumar la enmienda constitucional.

En el trámite del recorrido nacional de las reformas constitucionales para su aprobación, se perdió todo decoro. Los diputados locales se tienen poco respeto. Como si se tratara de una competencia olímpica, se anunció que en menos de 12 horas se lograron los votos aprobatorios de 17 congresos estatales, para validar la reforma constitucional. Una nueva marca de legislación al vapor con dedicatoria de parte de los Congresos estatales. El récord anterior correspondía a la aprobación de la Reforma Judicial: 21 horas.

Los gobernadores de Morena quieren quedar bien con la titular del Ejecutivo e instruyen a sus Congresos locales a legislar rapidito, hasta caer en el absurdo, como el caso de los diputados de Tabasco, que sólo necesitaron 22 minutos para recibir el dictamen, leerlo, analizarlo, discutirlo y aprobarlo. Seguramente no se enteraron que habían aprobado una vulneración al principio del municipio libre.

Más que felicitarlos, había que exhibir a esos diputados por su irresponsabilidad y falta de compromiso con el cargo para el que fueron elegidos. Levantar la mano y aprobar de manera exprés lo que envía el Ejecutivo no es, precisamente, lo que el pueblo bueno y sabio espera de ellos.

Abril 15, 2026