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TEMAS CENTRALES
Por Miguel Tirado Rasso
La ideologización del tema energético
ha significado un alto costo al país,
pues entre pleitos judiciales y politiquerías,
las inversiones se han detenido.
Leíamos hace unas semanas una nota sobre el Plan de Negocios 2024-2028 de la CFE, que contempla una Cartera de Proyectos de Inversión para diferentes áreas por 446 mil 267 millones de pesos. Una excelente noticia sobre una gran inversión, urgente y necesaria, para atender una creciente demanda de energía que, entre dimes y diretes ideológicos, se ha aplazado para desánimo de futuras inversiones, con el consecuente impacto negativo para el desarrollo del país.
El documento indica que el capital será destinado a fortalecer las áreas de generación, transmisión y distribución de la empresa estatal y se aplicará en un período de cinco años. Hasta ahí, la buena noticia y los buenos propósitos de la CFE, pero a estas cuentas alegres les falta un elemento, los recursos, y, en tiempos en los que las prioridades son otras, no se ve de dónde puedan conseguirse los dineros.
En el Plan se dice que estas inversiones están “sujetas a la disponibilidad de los recursos, así como a la aprobación de la Comisión de Inversiones, los Consejos de Administración de las EPS (Empresas Productivas Subsidiarias) o el Consejo de Administración de CFE”.
El tema, pues, es la disponibilidad de recursos, porque la CFE no es vista con los mismos ojos con que se ve a PEMEX, a la que, en los cinco años del gobierno de la 4T, le han inyectado 869 mil millones de pesos para un rescate sin éxito, además de insuficiente para reducir una deuda histórica que ubica a la paraestatal como la empresa petrolera más endeudada del mundo, con 106 mil 800 millones de dólares.
Respecto a la inversión de la CFE, el coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, opina que no hay certeza por las discrepancias de cifras que existen entre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF) y el Plan de Negocios de CFE. Mientras en el primero se menciona una inversión de 54 mil millones de pesos, en el plan de la empresa eléctrica para este año se habla de 141.9 mil millones de pesos. Una diferencia abismal que queda sin aclarar.
La realidad es que existe un importante rezago en la infraestructura eléctrica en nuestro país, que resulta imposible atender únicamente con recursos públicos. Según expertos, la demanda eléctrica aumenta 3.5 por ciento anual, lo que requiere de una fuerte inversión en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que no puede esperar más si queremos aprovechar las ventajas del nearshoring.
La ideologización del tema energético ha significado un alto costo al país, pues entre pleitos judiciales y politiquerías, las inversiones en este ramo se han detenido. Está claro que el Estado mexicano no cuenta con los recursos suficientes para modernizar este sector, por lo que la participación del capital privado representa un valioso apoyo para impulsar el desarrollo del país. Con el objetivo de atraer mayor inversión se planteó la reforma energética en el gobierno del presidente Peña Nieto, en 2013, que encontró en el tratado comercial con los Estados Unidos (EEUU) y Canadá oportunidad de nuevas inversiones.
Durante el gobierno actual, la bandera de la soberanía energética enturbió la relación comercial con nuestros socios estadounidenses y canadienses que, al amparo de la reforma constitucional energética de 2013, habían invertido en el sector eléctrico. Con una contrarreforma en materia eléctrica aprobada al vapor, se pretendió desconocer lo antes autorizado, por lo que el tema se judicializó en tribunales, además de plantearse un proceso de revisión en el seno del T-MEC, el acuerdo comercial trilateral con EEUU y Canadá.
El juicio sobre la legalidad de la participación de capitales privados y su incursión en el campo eléctrico se resolvió con el amparo otorgado por la SCJN a las empresas demandantes. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, la contrarreforma con la que se pretendía cerrar, de nueva cuenta, las puertas a la inversión privada en el campo energético. Con esta resolución, el panel de controversia iniciado por los gobiernos de EEUU y Canadá habría quedado sin materia.
Ya sin el obstáculo de una legislación opuesta a la inversión privada, es posible contemplar asociaciones público-privadas que impulsen inversiones para una infraestructura adecuada y, ahora sí, a hacer realidad la Cartera de Proyectos de Inversión contemplada en el Plan de Negocios de CFE.
Marzo 28 de 2024