¿Por qué no ayudan a los desempleados por la narcopandemia en Sinaloa?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Las personas que han perdido su empleo por la crisis de inseguridad no cayeron en el desempleo por desempeñar mal su trabajo, sino por la incapacidad del gobierno para garantizar la paz y el orden que necesitan las empresas para funcionar.

Para que las actividades económicas se desarrollen es necesario que haya seguridad del patrimonio, de la vida y de la integridad física. Para comprar, vender, producir y construir es vital que no se robe o agreda impunemente, que el Estado prevenga, investigue, persiga y castigue el delito.

Para eso se crearon los gobiernos: para que la sociedad pueda dedicarse a las actividades económicas, sociales, personales y familiares mientras la autoridad garantiza el orden y la paz pública necesarias. Su misión básica.

Para eso se les paga a los gobiernos. Por eso se les eligió, ellos dijeron que lo harían, que sabían hacerlo.

Durante su campaña, el 21 de mayo de 2021, “Rocha Moya planteó que su gobierno implementará un Plan de Seguridad Estatal acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad que construirá un Sinaloa de paz para todas las familias sinaloenses”, reportó el medio informativo Quadratin.

Ni los tres órdenes de gobierno ni el Poder Judicial han evitado que sucedan, en diez meses, 1 mil 700 asesinatos, 1 mil 700 privaciones de la libertad, 6 mil despojos de vehículos, 2 mil 500 robos a locales comerciales y que todavía estén desaparecidas 1 mil 100 personas.

El Estado no cumple su función de garantizar la seguridad pública y eso perjudica la economía y ocasiona que personas pierdan su empleo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dice tener registrados 16 mil 528 trabajadores menos en junio pasado que al inicio de la narcopandemia.

Es un dato oficial muy sólido porque refiere registros fincados en el pago de cuotas y documentos de identificación personal y empresarial.

Once mil 141 de los empleos formales perdidos eran permanentes, lo que indica una afectación a la planta laboral esencial. Son ocho meses seguidos de eliminación de este tipo de puestos de trabajo.

Si comparamos junio de 2024 con junio pasado encontramos una pérdida de 15 mil 700 empleos. De ellos, 4 mil 661 son eventuales, lo que indica que la planta generadora de este tipo de puestos de trabajo está en recesión. Ocho de los diez meses de crisis de seguridad muestran descenso de puestos eventuales comparado con el mismo mes del año anterior.

El fenómeno del desempleo por la crisis que se sufre en Sinaloa no es esporádico, es constante su presencia a lo largo de este lapso; no es superficial, tiene un volumen que afecta a miles de familias y no es focalizado, afecta a varias actividades, y tanto a los de tipo permanente como eventual.

Si se suman los empleos informales, los que no se registran en el IMSS o en otra institución de seguridad social, el número de pérdidas llega a las 35 mil plazas.

Padecemos un problema grave de desaparición de empleos; es necesario que trabaje el gobierno, que no se haga el disimulado y menos que niegue el problema diciendo mentiras.

El 75 por ciento de los sinaloenses registrados ante el IMSS tiene un ingreso de dos salarios mínimos o menos, y el 26 por ciento de todos los trabajadores, formales e informales, no ganan lo suficiente para adquirir una canasta alimentaria, dice el INEGI. Esto indica que no hay una buena capacidad de ahorro y que perder el empleo significa enfrentar una difícil condición de sobrevivencia.

El gobierno es responsable: su incapacidad de garantizar la seguridad pública y/o su complicidad con el crimen organizado afecta los empleos de los sinaloenses. Tiene una obligación ética y moral.

Es necesaria la intervención del gobierno porque miles de familias están sufriendo por falta de ingresos. Tiene una obligación legal.

Dinero hay.

La presidenta Sheinbaum cuenta con el “Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural”, entre cuyos objetivos está apoyar a ciudadanos afectados por “fenómenos sociales que ponen a la población en situación de vulnerabilidad e impactan el bienestar de las personas”.

Un conjunto de sinaloenses pidió al gobierno federal que con recursos de ese programa se financiara no un esquema de regalar dinero, sino uno de empleo temporal donde los desempleados por la crisis de seguridad pudieran acceder a un salario a cambio de hacer trabajos de beneficio comunitario. Fue rechazada la petición.

Dinero hay, insisto. El programa federal para personas en emergencia social ha manejado recursos por alrededor de 2 mil 500 millones anuales.

A su vez, en la presentación del informe propusieron al gobernador gestionar que no se cobrara la electricidad a los desempleados, como hizo la Coisión Federal de Electricidad (CFE) en Tabasco con los que habían apoyado a AMLO en sus campañas. El Dr. Rocha se negó a, siquiera, gestionar.

El gobierno de Sinaloa debe entender que el manejo de la crisis no es de campañas publicitarias, sino de tomar acciones pensando en las víctimas.

Gasta en campañas para promover un plan que no incluye ninguna ayuda a los desempleados.

Por cierto, en este sexenio es necesario que se generen 240 mil empleos para los jóvenes sinaloenses que se incorporan a la población en edad y condición de trabajar, pero el IMSS informa que, luego de tres años nueve meses, hay 15 mil 836 empleos formales menos que cuando entró a gobernar Rubén Rocha.

¿Por qué no quiere apoyar a los desempleados por la narcopandemia?