¿Qué futuro la espera a Sinaloa con Morena?

Enfrentamiento Tierra Blanca. / © Cuartoscuro

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Cuando el Dr. Rubén Rocha Moya entró a gobernar Sinaloa sucedían 1.63 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Tres años y siete meses después, la cifra subió a 4.34. El problema más que se duplicó de octubre de 2021 a mayo pasado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán destina 1 mil 304 pesos por persona para prevenir el delito y garantizar la paz de los ciudadanos. Su similar de Chiapas, 727 pesos. La instancia de Durango, 674. La de Coahuila, 752. La de Tlaxcala, 894. En Sinaloa se aplican sólo 320 pesos por cada sinaloense.

En su toma de posesión prometió: “Nuestra posición ante la delincuencia común y el crimen organizado es inequívoca. Seremos inflexibles persiguiendo el delito para que no haya impunidad y atacaremos las causas que originan la violencia y la inseguridad”.

La tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes no presenta una tendencia decreciente en la actual crisis. Al inicio de la narcopandemia, en septiembre de 2024, fue de 3.20 y en mayo pasado subió a 4.34. No se ha controlado el problema ni disminuye.

En 2023, a cada policía preventivo en Yucatán le correspondió proteger a 909 ciudadanos; en Tlaxcala, a mil 111. En Sinaloa a 3 mil 333. Fuimos penúltimo lugar por número de policías estatales por habitante.

Rocha Moya afirmó el 4 de enero pasado al diario Noroeste: “Estamos satisfechos porque estamos haciendo lo que corresponde al Estado. El Gobierno ha hecho lo correcto, hay que hacer un balance justamente de eso. Eso nos ha permitido que, en general, la sociedad sinaloense, particularmente la de Culiacán, ha venido funcionando de manera normal. (…) la inseguridad no sólo debería valorarse por la cantidad de homicidios”.

"Tras revelarse que Sinaloa cayó al lugar 22 del Índice de Paz en México 2025, (…) el gobernador respondió tajante: ‘Ya te he oído. No tengo cifras ni voy a hablar de seguridad’”, reportó la página digital Espejo, el 14 de mayo pasado.

En 2024 sucedieron en Sinaloa mil 22 asesinatos; en Coahuila, 141. Para continuar la investigación de estos y otros delitos y detener a los presuntos responsables, la Fiscalía de Sinaloa tendrá mil 140 millones de pesos en 2025, 191 millones menos que Coahuila. La Fiscalía de Sinaloa tiene 780 por ciento más trabajo y 14 por ciento menos presupuesto.

Cuando el Dr. Rubén Rocha Moya entró a gobernar Sinaloa sucedían 10.69 robos con violencia por cada 100 mil habitantes; tres años y siete meses después, la cifra aumentó a 23.09. El problema más que se duplicó de octubre de 2021 a mayo pasado.

La tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes no presenta una tendencia decreciente en la actual crisis. En septiembre de 2024 fue de 13.44 y en mayo pasado de 23.09. No está controlado el problema ni disminuye.

“Las acciones coordinadas entre autoridades de seguridad de orden federal, estatal y municipal, están dando resultados en Sinaloa, aseguró el senador Enrique Inzunza”, según nota del diario Noroeste del 16 de febrero.

“Llama Imelda Castro a Mayos y Chapos a ‘tregua navideña’”, informó el semanario Ríodoce, el 18 de diciembre pasado.

Cuando el Dr. Rubén Rocha entró a gobernar, Sinaloa ocupaba el octavo lugar de competitividad. Tres años después cayó al lugar 16.

Cuando el Dr. Rubén Rocha entró a gobernar, Sinaloa tenía una productividad de 205 pesos por hora trabajada; tres años después cayó a 187, en marzo pasado.

Entre mayo de 2024 y mayo de 2025 debieron crearse 40 mil empleos permanentes con prestaciones para incorporar a los jóvenes que deseaban un trabajo. En lugar de ello se perdieron 11 mil 723 puestos permanentes registrados ante el IMSS.

“El gobierno de Rubén Rocha Moya se distingue por su humanismo, por mejorar el bienestar de las y los sinaloenses, y bienestar es también construir paz, progreso y felicidad”, señaló la diputada morenista Teresa Guerra, el pasado 29 de enero.

El gobierno del estado ha debilitado a las instituciones responsables de prevenir, investigar y perseguir el delito al asignarles los más bajos presupuestos y las menores cantidades de recursos humanos y materiales del país.

La actual crisis de inseguridad va a terminar cuando el crimen organizado quiera y va a volver a suceder cuando el crimen organizado quiera volver a hacerlo.

En el intermedio no habrá paz, sino un dominio criminal con un número de asesinatos, desapariciones y robos que escandalizaría a sociedades que no han normalizado la violencia.

Es un gobierno incapaz de garantizar la seguridad pública y resolver los problemas del campo, la salud o el desempleo; ni siquiera puede gestionar una declaratoria de emergencia por sequía ante el gobierno federal de su propio partido.

Es un gobierno con funcionarios sin límites ni contrapesos, pues tienen capturados los otros poderes, y sin vigilancia, porque desaparecieron los órganos autónomos que garantizaban la transparencia. Tienen todas las condiciones para cometer todos los excesos de corrupción y degradación de la vida pública.

No están ocupados en resolver los problemas, sino en repetir que todo está perfectamente bien e insultar a quien no lo crea.

Con pretextos y justificaciones siembran más caídas y descensos en la economía y más aumentos de la violencia y la inseguridad. Un futuro de tristeza, derrota y desesperanza.