¿Respeta el gobierno de Sinaloa la Ley Estatal de Seguridad?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

La ley ordena que los representantes de la sociedad que integran la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP) renueven cada cuatro años hasta un máximo de cinco de sus integrantes.

Debe hacerlo el gobernador. La última renovación fue el 9 de diciembre de 2021. Ya pasó la fecha y no se cumplió el mandato legal.

Ni los integrantes de la CGCESP, ni los diputados de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública han solicitado públicamente se cumpla la ley… y mucho menos se han inconformado.

No hay representación de la sociedad.

La ley ordena que los ayuntamientos establezcan sistemas y mecanismos para la evaluación y control de confianza, así como los procesos de profesionalización y desarrollo policial para la selección, ingreso, formación, permanencia, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública municipal.

La información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2025 establece que los ayuntamientos de Sinaloa no cumplen con el mandato legal.

Como se citó en otra columna, el Certificado Único Policial (CUP) es un documento oficial obligatorio en México que acredita que los miembros de las instituciones de seguridad pública, custodios y policías de investigación cuentan con el perfil, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones y garantiza confiabilidad y profesionalismo.

En Querétaro, 97 por ciento del personal de las corporaciones policiales municipales cuenta con el Certificado Único Policial; en Coahuila, 99 por ciento, y en Campeche, 100 por ciento. En Sinaloa, sólo 66 por ciento.

La Evaluación de Control de Confianza es un proceso en el que los integrantes de las instituciones de seguridad pública se someten periódicamente a exámenes para contar con servidores públicos confiables, competentes, con vocación de servicio y alejados de la corrupción.

En Querétaro, 90 por ciento del personal de las corporaciones policiales municipales obligado a presentar evaluaciones de control de confianza tiene evaluación aprobatoria vigente; en Colima, 94 por ciento, y en Coahuila, 97 por ciento. En Sinaloa, 67 por ciento.

No hay control de confianza ni profesionalización.

La ley ordena coordinación para mantener actualizada ante la Secretaría de la Defensa Nacional la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas de fuego.

El 26 de septiembre de 2024, los policías municipales de Culiacán fueron desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de una inspección extraordinaria a la Licencia Oficial Colectiva de portación de armas de fuego.

La revisión duró un tiempo anormal y concluyó hasta el 28 de octubre, por lo que dejó desarmada a la corporación durante más de un mes, en plena narcopandemia, según reportó la periodista Daniela Flores. A diferencia de Culiacán, en Navolato la revisión se realizó el 1 de octubre y los policías recuperaron sus armas el mismo día.

La Sedena reservó por cinco años las observaciones detectadas en la revista de inspección de armas que realizó a la Policía Municipal de Culiacán. Es muy sospechoso que se niegue la información. No se puede tener certeza de que se cumple la ley.

La ley ordena que el Consejo Estatal, las instituciones de Seguridad Pública, a través de sus instancias competentes, deberán proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana.

El 20 de marzo, el periódico Noroeste expuso que la Fiscalía de Sinaloa excluyó de su reporte diario a los 11 fallecidos en Valle Escondido y el hallazgo de restos óseos en la colonia 10 de Mayo, con lo que mantiene una tendencia de subregistro de las víctimas de homicidio.

La falta de correspondencia entre los hechos registrados y el reporte oficial no fue un incidente aislado, documenta el diario. Un día antes, el organismo estatal “olvidó” incluir en su estadística tres homicidios ocurridos el 18, lo que confirma la tendencia a minimizar el impacto de la violencia en sus registros públicos.

De la misma forma, Ríodoce identificó cómo la Fiscalía no se apega a la tipificación legal de los delitos de homicidio —doloso o culposo— y creó varias clasificaciones más que no contempla la ley para restar casos en el reporte de asesinatos.

La opinión pública no tiene la información necesaria. Esto es: se le pretende engañar.

La ley ordena que el gobernador promueva la participación de la población en el análisis de la problemática sobre seguridad pública en el estado.

El 27 de febrero, el Consejo Sinaloense de Empresarios publicó un desplegado donde afirmó: “Señor Gobernador: a pesar del hartazgo que enfrentamos todos, le reiteramos ahora públicamente que el sector empresarial sinaloense sigue dispuesto a colaborar estrechamente con su administración para transformar este desafío en una oportunidad histórica de construir un Sinaloa seguro, próspero y con paz social. Estaremos atentos a su llamado”.

“Le reiteramos”, le dicen porque más adelante aclaran que: “el pasado 10 de octubre, el Consejo Sinaloense de Empresarios entregó por escrito al Gobernador una Propuesta Integral de Seguridad Pública”.

Cuatro meses y medio, en plena narcopandemia, el gobernador no se digna a escuchar un análisis y propuesta de miembros de la sociedad.

¿Respeta la ley?

Hay quien propone cambiar la ley en lo oscurito para que el gobernador haga las modificaciones que se le antojen, porque quizá haga concesiones.

Otros valoran las deliberaciones públicas como método científico de mejorar la ley y creen en la presión social a los gobernantes para que la respeten.