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Por Omar Garfias
@Omargarfias
¿Cuál es la probabilidad de que nos maten y que quien nos asesine quede impune y libre?
En Sinaloa el 99.4 por ciento.
¿Cuál es la probabilidad de que nos desaparezcan y nunca se castigue al culpable?
En Sinaloa, el 100 por ciento.
¿Cuál es la probabilidad de que una mujer sea violada y su violador no sea castigado?
En Sinaloa, el 95 por ciento.
¿Cuál es la probabilidad de que alguien nos extorsione, nos pidan dinero para no robarnos o matarnos, y el delincuente goce libre por la calle?
En Sinaloa, el 99.4 por ciento.
¿Cuál es la probabilidad de que nos secuestren y no le pase nada a los que lo hagan?
En Sinaloa, el 91 por ciento.
¿Cuál es la probabilidad de que nos roben y tengamos que aceptar que el malandrín salga triunfante?
En Sinaloa, el 98 por ciento.
La organización de la sociedad civil “México Evalúa” obtuvo estos datos a partir del Modelo de Evaluación del Sistema de Justicia Penal que recaba la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno federal para el año 2021.
Hace unas semanas, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que Sinaloa es la entidad con mayor impunidad de todo el país, con una tasa del 97 por ciento.
Aquí está una de las raíces de la violencia que padecemos.
No hay un aparato de estado que castigue las conductas antisociales.
La impunidad es un semáforo en verde para que, mediante el uso de la fuerza, una persona abuse de otra.
Vivimos un tiempo en el que domina quien tiene la fuerza, no quien tiene la razón.
Los conflictos entre las personas no se dirimen en paz, con base en la ley y con procedimientos considerados justos por todos.
A los niños y jóvenes se les pueden dictar valores, pero la mayor pedagogía es la que dicta la realidad. Sin embargo, en los hechos, corroboran que el valor del abuso es el dominante.
Aquí está uno de los cuellos de botella para el crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza.
Invertir, emprender, producir y hacer negocios necesitan de un clima de confianza entre los miembros de la sociedad.
La generación de riqueza requiere que todos confiemos en que nadie se quedará con una parte mayor a la que le corresponde.
En la capacidad de que impere un estado de derecho en Sinaloa nos jugamos la seguridad, la paz, la economía, el futuro y la vida misma.
¿Qué debemos hacer?
Es indispensable que las instancias de coordinación del sistema de justicia penal funcionen como tales: que cuenten con información confiable; organicen análisis conjuntos; diseñen y den seguimiento de políticas públicas compartidas; establezcan indicadores adecuados y realicen planeación en común.
El trabajo del sistema penal debe ser coordinado y evaluado.
Para que exista un equilibrio entre los actores que participan en el proceso penal se tienen que generar las condiciones para que la defensa pública cuente con recursos suficientes para litigar con o contra las fiscalías. Asimismo, requieren de fortalecer sus propios equipos de investigación y de servicios periciales, para no ser dependientes de lo que determine cada ministerio público.
El acceso de la justicia para los más pobres depende de la fortaleza de las defensorías públicas.
Para mejorar el trámite ante la Fiscalía se recomienda: eliminar los formalismos que la burocratizan y entorpecen; facilitar la recepción de la denuncia; aprovechar al máximo el uso de las salidas alternas, y revisar la tipología de casos que se quedan en archivo temporal o en el no ejercicio de la acción penal, para proponer soluciones de mayor calidad.
Nos urge una justicia rápida.
La programación adecuada de audiencias evita la congestión de personas y casos. Esa maraña que parecen las oficinas es la base de su corrupción.
Este es un punto central: los trámites lentos y engorrosos favorecen la corrupción. Agilizarlos abre espacios a la justicia.
Se consigue con inversión en tecnología y reorganización.
Alejar los intereses políticos de la impartición de la justicia es imprescindible.
Exijamos autonomía de la Fiscalía.
En Sinaloa sólo se denuncia el 5 por ciento de los delitos.
El acceso a la justicia requiere inversión suficiente de recursos y reformas institucionales profundas.
No se genera confianza en las instituciones con declaraciones a los medios.
Queremos que no nos maten, desaparezcan, violen, extorsionen, secuestren o roben.
Es lo mínimo.
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