Sinaloa tendrá más malos años si se mantiene la gobernanza criminal

Marcha en Culiacán. / © Cuarrtoscuro

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El pesimismo inmoviliza.

Todavía 27 por ciento de los ciudadanos de Culiacán, la minoría, cree que solo debe aspirar a regresar a la pax narca, donde el control lo mantiene el crimen organizado. Su falta de ánimo les impide reconocer la lección histórica de que ese orden siempre es inestable, que solo es un eslabón al que siguen nuevas crisis.

La esencia de la economía ilegal es la competencia mediante la violencia. Una secuencia que no incluye la paz verdadera. La escala del negocio de delincuencia organizada creció exponencialmente. El número de personas y grupos participantes dejó de ser un puñado controlado a través del trato personal del dueño; ahora los grupos y personas participantes son una multitud esparcida por el mundo que solo puede ser regulada por una maquinaria de terror.

Las más redituables y múltiples acciones delictivas ya no pueden ser desarrolladas mediante sobornos a algunos policías, sino mediante el gobierno criminal en amplios territorios. El crimen organizado ya superó su etapa “artesanal”. Ahora es una gran industria global intrínsecamente violenta. Una industria que premia con poder económico a los grupos industriales que logran imponer su poder militar a los demás. Pelear con el competidor es la forma de crecer.

Los niveles actuales de crisis en Sinaloa son de 120 personas asesinadas y 400 vehículos robados al mes. Los niveles de los estados pacíficos son de dos asesinados y seis vehículos robados. Los niveles del periodo pasado de pax narca en Sinaloa eran de 40 asesinados y 200 vehículos robados. Algunos de la minoría mencionada creen ilusa, pesimista y egoístamente que el nivel de la pax narca es al que deben aspirar porque sus colonias estarían a salvo y sus relaciones con el gobierno y sus guardaespaldas protegerían a sus familias.

El dominio del crimen organizado tiene dos componentes: la violencia y la amenaza de la violencia.

La paz verdadera a la que aspira 70 por ciento de los culichis, según el estudio de la consultora Lexia, es aquella donde el crimen organizado no pueda asesinar a ninguna persona impunemente. Ni robar sin que nada les pase.

Sin paz verdadera no hay crecimiento de empleos.  La decisión de la calificadora Moody’s de cambiar a negativa la perspectiva de Sinaloa es resultado de los señalamientos de vínculos del gobierno del estado con el crimen organizado. Al determinar “riesgo institucional” envía un mensaje a los bancos internacionales y a los empresarios: Sinaloa no es un estado confiable. La inversión productiva no solo no tiene condiciones para llegar. El riesgo también es que se vaya la que está aquí.

Sin paz verdadera no hay prosperidad económica. Desde 1980, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del estado, el conjunto de bienes y servicios que se producen por cada habitante, es menor que la media nacional. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demuestran que es falso que Sinaloa era un estado rico y que lo era gracias al narcotráfico.

El primer eje de la reconstrucción de Culiacán como una sociedad de paz es la vigencia de la legalidad y la justicia, dos valores que los ciudadanos consideraron como principales en la encuesta.

Esto significa, llanamente, contar con policías locales capaces de prevenir el delito y mantener el orden público; una Fiscalía que investigue y persiga eficientemente a quienes violen la ley; un Poder Judicial que imparta justicia con prontitud y una alianza del gobierno con la sociedad para dar el soporte de educación, empleo y acompañamiento que impida el reclutamiento criminal de niños y jóvenes en mayor situación de vulnerabilidad.

Los rondines y retenes de fuerzas federales son muy vistosos, pero en 20 meses se ha comprobado que no pueden establecer la paz verdadera. Son un elemento necesario, pero no debe ser el único.

El crimen organizado se desarrolla donde el Estado se lo permite, por ineficiencia y/o complicidad.

La policía municipal debe crecer en número de elementos; subir de mil a tres mil, ligeramente arriba de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en atención a que se vive una etapa crítica, pero también implementar mecanismos probados y las mejores prácticas para evitar su cooptación, y alcanzar los mayores estándares internacionales de equipamiento y capacitación.

Debe ser creíble y efectiva la capacidad de represión del delito por parte de la autoridad municipal.

La Fiscalía debe tener un presupuesto de mil 500 pesos por habitante y no de sólo 397 como ahora. El Poder Judicial, de 500 per cápita y no 309. Ambas, con un plan de inversión que garantice el mejor uso.

Los políticos vinculados con el crimen organizado deben ser depurados de la administración pública. Las acusaciones del Departamento de Justicia de los Esados Unidos han ayudado a alejar a algunos. Internamente, la sociedad civil organizada, los empresarios, los medios de comunicación, la academia y los ciudadanos debn exigir a todos los partidos que expulsen y no postulen a personas con apoyos mafiosos. No debe haber la mínima tolerancia.

El peso de la opinión pública es mayor de lo que comúnmente se cree. Tan es así que los poderosos realizan encuestas permanentes para saber qué piensa el ciudadano común. Debe recordarse cómo gobernantes que han dicho que no pasaría nada tuvieron que pedir licencia.

La opinión pública pesa. Se constituye por lo que publican los medios, pero también por lo que se dice en las redes, los cafés y las mesas familiares.

Queremos la paz verdadera. Digámoslo. Exijamos. Donde podamos. Cuenta.

Paz verdadera para tener empleos e ingresos dignos.