Unidos en pro del digno poder supremo

Texto e imagen: © Fernando Silva

Los sentimientos de identidad (que define quiénes somos), al igual que los de pertenencia (como la conciencia de formar parte de la familia, parientes, amistades, colegas, comunidad…), que influyen en nuestra percepción hacia lo que se constituye en la mente de cada uno sobre un territorio, su historia y de lo que ocurre conforme lo que se siente o se piensa con lo que se dice, determinan en buena medida el desarrollo de una sociedad —tanto en lo individual como en lo colectivo— y, con ello, el progreso de cualquier país, particularmente de aquellos que somos soberanos y reconocidos en el orden internacional, dotados de jurisdicciones democráticas comprometidas con un proceder efectivo en todos los sectores socioculturales y económicos.

En este entendido, hay personas que al estar en las vitrinas políticas (se entiende) que han aceptado la potestad de ejercer como servidores públicos, asumiendo la convicción moral y ética basada en principios de gobernanza, es decir, hacer respetar y valer los pilares fundamentales de una gestión responsable y transparente, enfocados en la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Asimismo, infiriendo que la soberanía reside en el pueblo y en donde todos los habitantes, así como las instituciones públicas y privadas, estemos antepuestos a leyes que salvaguardan las teorías del pensamiento humanista y, con ello, que las resoluciones —sean decretos, autos provisionales, definitivos, preparatorios o sentencias interlocutorias— sean dictadas conforme a derecho, razón, equidad y, principalmente, con sentido de lo justo.

De esta manera, la cavilación entre el sentido de lo justo y lo legal permite caracterizar por lo menos tres significados según el entorno en el que se manifiestan:

a) Es posible comprender lo justo como principio de la doctrina teleológica y

lo deontológico en la justicia.

b) El sentido de lo justo da origen a tener idea clara de la justicia como

integridad y eficacia.

c) Considerar —justificados o naturales— los actos y/o sentimientos de toda

persona, dando origen al concepto de justicia como deber.

Bajo la premisa de que la idea de nación no es unívoca sino multívoca, sin admitir tajantemente que estas acepciones son (o no) caóticas, meramente aleatorias, apologéticas e, incluso, tenidas como imposibles de comprender, por ello desde hace décadas se ha desarrollado una amplia rama interdisciplinar de estudios sobre el concepto del nacionalismo, teniendo presente que las discrepancias que se presentan en los procesos de integración social estriban en el sustento de que las identidades son amenazadas en lo infra-nacional por las ideologías neofascistas y separatistas promovidas esencialmente por grupos oligárquicos, conservadores y de ultraderecha.

Lamentablemente, quienes dirigen —desde la tenebrosidad— a empresarios y medios de comunicación masiva (a modo), a líderes de partidos políticos e «influyentes digitales», se delimitan por posiciones programáticas radicales, oponiéndose de manera directa a la democracia y abiertamente favorables a la instalación de regímenes autoritarios con impetuoso actuar cargado de ira, odio, clasismo, aporofobia, soberbia, racismo, denostaciones y servilismo en la defensa de políticas promercado.

La tarambana ideología que caracteriza el pensamiento de tan oscura colectividad intenta, por medio de la abulencia y embrollos, embestir con el ánimo de causar daño a los preceptos de los sistemas de gobiernos progresistas que combinan elecciones libres y competitivas con la protección constitucional de los derechos individuales, el Estado de derecho y la limitación del poder estatal y, con ello, garantizar las libertades civiles, los derechos humanos, el pluralismo político, la división de poderes y la soberanía en relación con la consistencia de estructuras vanguardistas de carácter nacional.

Teniendo en cuenta que el ejercicio del poder que gobierna en un país recae en el pueblo, no quiere decir que la población realiza la intervención en directo, sino que la delega a sus representantes. Por lo tanto, la soberanía representa independencia. Este principio señala que la Constitución en cada nación es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de ella.

De ahí, que resulte inconcebible lo sucedido el 4 de mayo de 2025, cuando el presidente Donald John Trump sugirió ante la periodista de televisión Kristen Welker, en el programa Meet the Press de la National Broadcasting Company (mayormente conocida por sus siglas en inglés: NBC News), que no sabía —si como presidente— respetaría la Constitución, afirmando que su Gobierno «obviamente acatará» las decisiones de la Corte Suprema. En ese mismo espacio, la periodista le preguntó si los ciudadanos y los no ciudadanos merecen el derecho del debido proceso, a lo que Trump respondió «No lo sé. No soy abogado. No lo sé».

En tan insensato proceder, Trump ha generado un sinnúmero de insultos y exabruptos a través de su red social «Truth Social» que ha dejado una estela de controversias en el escenario mundial. Desde cuestionar la legitimidad de la Corte Penal Internacional hasta hacer comentarios despectivos hacia presidentes, migrantes, periodistas, actores y actrices…

Asimismo, Trump amaga con una incursión militar en Cuba. Asegura que una vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses regresen de Irán «tomará casi de inmediato» la isla. El anuncio parece cuestión de tiempo, ya que el uno de mayo de 2026 su administración endureció las sanciones contra La Habana a través de una nueva orden ejecutiva, en donde se impone un bloqueo total de activos en los Estados Unidos de América para extranjeros que apoyen al régimen cubano, así como contemplar sanciones a bancos que operen en la isla caribeña. Restricciones recalcitrantes que impactan en sectores como el de energía, minería y defensa.

En similares amenazas, México ha sido mencionado, por lo que la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la defensa del poder supremo (la soberanía nacional), enfatizando la importancia de garantizar honestidad y paz al pueblo mexicano, además de asegurar que «ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro». México es un país libre y soberano, no un protectorado o colonia de los Estados Unidos de América.