El narcolaboratorio en Chihuaha y la necesidad de distraer

El decomiso fue

un éxito operativo,

pero al convertirlo

en propaganda política

aparenta otra cosa.

En México, los temas de seguridad pública dejan de discutirse desde el terreno de los resultados para entrar, cada vez más, al terreno de la narrativa política. Y cuando eso ocurre el riesgo es evidente: la verdad termina subordinada a la conveniencia.

El reciente caso del narcolaboratorio desmantelado en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, ilustra con claridad esa dinámica.

En un primer momento, desde el discurso político se intentó instalar la idea de que el hallazgo representaba un golpe mediático contra la administración estatal encabezada por Maru Campos, gobernadora emanada de la oposición. El mensaje parecía sencillo: trasladar la responsabilidad política hacia el ámbito local y utilizar el caso como ejemplo del supuesto fracaso de gobiernos estatales ajenos a Morena.

Sin embargo, conforme avanzó la información oficial, la narrativa comenzó a complicarse.

La propia Fiscalía General de la República confirmó la magnitud real del operativo: más de 55 mil litros de sustancias químicas, más de 50 toneladas de precursores sólidos, cerca de dos mil litros de metanfetamina y equipo especializado para la producción de drogas sintéticas.

La dimensión del hallazgo no sólo exhibe la capacidad operativa del crimen organizado; evidencia el tamaño del desafío nacional que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad.

Y ahí es donde el discurso político empieza a entrar en contradicción, porque mientras el gobierno federal intenta utilizar el caso como bandera mediática, enfrenta simultáneamente una presión internacional creciente derivada de señalamientos desde los Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del narcotráfico.

Más aún, el contexto se tensó tras la muerte de dos agentes estadounidenses vinculados a labores de inteligencia, situación que generó incomodidad diplomática y endurecimiento del discurso bilateral.

La respuesta mexicana, centrada en cuestionar la presencia de agentes extranjeros sin autorización formal, puede ser entendible desde la lógica de soberanía, pero políticamente no alcanza a disipar las dudas de fondo.

Y cuando un gobierno intenta responder a una crisis al desplazar la conversación hacia otro tema, corre un riesgo mayor: que la estrategia de distracción debilite su propia credibilidad. Ese parece ser el problema actual.

El decomiso en Chihuahua pudo presentarse únicamente como lo que es: un golpe relevante contra estructuras criminales, pero al intentar incorporarlo rápidamente al terreno político-partidista, el gobierno abrió un frente innecesario que terminó por contaminar el mensaje original.

En política, la sobreexplotación mediática de un tema tiene efectos limitados. Funciona unos días, domina titulares momentáneamente y alimenta las redes sociales, pero cuando detrás existen problemas más profundos —violencia, tensiones diplomáticas, cuestionamientos internacionales o desconfianza institucional— la narrativa se agota sola.

Por eso la pregunta no es si la presidenta Claudia Sheinbaum debe abandonar el tema. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse una estrategia de comunicación basada en administrar crisis mediante distracciones temporales, porque la seguridad pública no debería convertirse en herramienta de confrontación política.

Mucho menos cuando el país enfrenta uno de los momentos más delicados de su relación bilateral con los Estados Unidos y una creciente presión internacional en torno al combate al narcotráfico.

Al final, los gobiernos pueden controlar durante algún tiempo la narrativa. Lo que nunca logran controlar por completo es la realidad.