Una elección a tontas y locas

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Una elección en que la popularidad,

la simpatía y el carisma poco tienen

que ver en la lucha para ganarse

el voto de los electores.

A unas horas de la jornada electoral judicial para jueces, magistrados y ministros, el próximo uno de junio, preocupa al oficialismo el poco entusiasmo mostrado desde un principio por la ciudadanía para participar. Los pronósticos no son muy positivos y el reto, después de sacar adelante la polémica Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación, al aprovechar una cuestionada mayoría calificada de la bancada morenista en el Congreso federal, pareciera estar en alcanzar una mínima votación que permita una tranquilidad legitimadora a la fase final del tema más controvertido: la elección de los juzgadores de todo el Poder Judicial por voto popular.

Por lo inédito del proceso, y al ser la Judicial una materia con la que el pueblo bueno y sabio está poco familiarizado, resulta que, a pesar de que en las últimas semanas se intensificaron los mensajes oficiales para promover la elección, el interés ciudadano poco se conmovió.

Tampoco ayuda la información, oficial y de la oposición, coincidente en cuanto a la complejidad y dificultades para los electores, que deberán emitir un voto a ciegas, al no conocer a los candidatos que se supone van a elegir, y su absoluto desconocimiento sobre los cargos para los que competirán.

¿Qué tanto puede saber un elector, al carecer de conocimientos de Derecho, sobre las funciones que desempeña un juez de Distrito, un magistrado de Circuito o un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Además, para su vida cotidiana, poco importa que lo supiera.

Aunque se insista en que con la elección popular de juzgadores se tendrá una mejor justicia y el país será más democrático, la realidad es que la materia judicial es una especialidad que requiere de una formación académica y conocimiento a fondo de las leyes.

Los juzgadores están obligados a aplicar las leyes y, con base en el análisis y su interpretación, dictar sus sentencias. Sus fallos deben estar fundados y motivados en un marco jurídico, que es el sistema de leyes que establece derechos, obligaciones y responsabilidades en un contexto específico.

Un juez no puede resolver un caso, ignorando lo que ordena la ley, aunque, según su criterio, esté haciendo justicia a una de las partes, porque estará cometiendo una injusticia a la otra parte, a la que protege la ley.

La responsabilidad de esta novedosa elección es del Instituto Nacional Electoral (INE), que sobre la marcha diseñó un proceso electoral con muchas lagunas y deficiencias, derivado de una reforma aprobada al vapor y también a ciegas. Por el número de participantes —3 mil 423— y la cantidad de cargos judiciales en juego, la elaboración de las boletas electorales se dificultó y no hubo forma de simplificarlas.

Los electores recibirán, en el caso de la Ciudad de México, nueve boletas para elegir 881 cargos judiciales federales y a 137 juzgadores del Poder Judicial Local.

No hay modo de considerar un voto informado, pues requeriría mucho tiempo conocer los perfiles de los candidatos correspondientes, según su distrito judicial.

Además, la información existente es la proporcionada por los mismos candidatos como parte de su propaganda, lo que impide una semblanza objetiva. A esos personajes también se les complicó hacer campaña por las limitaciones impuestas por la autoridad electoral. Sin experiencia, les resultó muy difícil acercarse al electorado con un discurso en el que lo más que pueden ofrecer es respetar la ley y aplicarla con justicia.

Será una elección en que la popularidad, la simpatía y el carisma poco tendrán que ver en la lucha por ganarse el voto de los electores.

Según información del INE, se recibieron más de 316 mil solicitudes de registro como observadores electorales. Cinco veces más de las que hubo para la elección presidencial de 2024. Este inusitado interés despierta sospechas. Al 21 de mayo se habían aprobado 139 mil, mientras otras fueron desechadas al no cumplir los requisitos legales o haber sido solicitadas por miembros de partidos políticos, candidatos a puestos de elección popular o servidores públicos vinculados a programas sociales.

Entre las medidas adoptadas a última hora por la desesperación, surgieron unos acordeones con indicaciones para orientar los votos a favor de quienes reparten esos documentos. Violatorios de la ley, sin duda, aunque la autoridad electoral prefiere no meterse en honduras al afirmar que los electores podrán acudir a las urnas con acordeones.

Recordemos que la supervivencia del INE dependerá del resultado de esta elección. De ahí su muy generosa tolerancia ante los actos violatorios de la ley cometidos por partidos, funcionarios y candidatos. Estos últimos, precisamente, quienes deberían ser los primeros en respetar el imperio de la ley.

Mayo 29 de 2025