Una herencia maldita

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Desaparición forzada: es

“...la detención, el secuestro

o cualquier otra forma de privación

de la libertad por agentes del Estado

o por personas o grupos de personas

que actúen con la autorización,

el apoyo o la aquiescencia del Estado…”

En los inicios del gobierno pasado, en febrero de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Una estrategia, se dijo, para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. En el comunicado correspondiente se detallaba la existencia de 40 mil personas desaparecidas, mil cien fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar.

El entonces jefe del Ejecutivo declaraba que con las acciones para dar cumplimiento a la Ley se atendería “un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal… Esta es la consecuencia de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede imponerse en nuestro país", denunciaba.

No obstante la afirmación reiterada de López Obrador en el sentido de que este tema era prioritario para su gobierno, su indiferencia, alejamiento y rechazo al caso de desapariciones y a las madres buscadoras, con las que nunca aceptó reunirse en los casi seis años de su mandato, se reflejó en el incremento de personas desaparecidas y no localizadas.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación, a sólo unos días de la terminación de su gobierno (septiembre 23 de 2024) el número de desaparecidos sumaba 51 mil 999 casos.

En 2023, un año antes de la conclusión de su mandato, su gobierno buscó manipular la información para reducir los reportes de desapariciones. Inconforme con ese manejo irregular, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, habría renunciado a su cargo.

Ahora nos enteramos que no hay datos confiables, mientras que la ex funcionaria que no aceptó alterar los números trabaja en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como responsable de la Institución Independendiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria.

Por la negligencia con que se ha tratado el problema en el pasado, no debería llamar la atención la decisión del Comité de la ONU contra la Desparición Forzada de activar el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Proteción de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, respecto a la situación de México, dadas las denuncias recibidas, “las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte… las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité, tras su visita a México”.

Esto significa que, en caso de que por la información recabada se tengan indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en nuestro país, se podrá llevar “la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de la Naciones Unidas…”.

La reacción del gobierno ante el anuncio del presidente del Comité fue de indignación. Por una parte se envió una nota diplomática de reclamo a la ONU, en la que se acusa al organismo de emitir una opinión sin contar con información, enfatizando que en México no hay desaparición forzada desde el Estado, si bien la presidenta admitió que hay un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada.

En el Congreso, la bancada morenista se fue con todo contra el Comité y su presidente, al grado de que, en el Senado, por mayoría se aprobó un pronunciamiento en el que se pidió la destitución del diplomático. Los senadores ignoran que la decisión fue de los10 integrantes del Comité y que su presidente sólo fue el conducto para anunciarla.

El partido Morena, por su parte, no se quedó atrás. Su presidenta, Luisa María Alcalde, acusó que los señalamientos contra México tenían orientación política e ideológica, afirmando, con una cara muy dura, que desde 2018 a la fecha, el gobierno de México no desaparece personas, viola derechos humanos ni tolera o encubre a alguna autoridad. Según la dirigente, todas las desapariciones registradas son herencia de un pasado muy remoto y ninguna ocurrió en los últimos seis años, durante el gobierno que recién concluyó.

En fin, que a pesar de los 125 mil desaparecidos, de las más de 5 mil fosas clandestinas, de los 72 mil cuerpos sin identificar, de una impunidad que casi alcanza el 100 por ciento, el gobierno se niega a reconocer la herencia que, en esa materia, dejó el macuspano.

Nadie acusa a México de tener una política de desaparición forzada, pero no se puede negar que, en algunos lugares y en algunos casos, hay tolerancia para las acciones cometidas por el crimen organizado o, de plano, complicidad de las autoridades. Los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, y del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, son sólo un par de ejemplos.

Las conductas de los grupos delincuenciales que merecen la invisibilidad de las autoridades caen en el supuesto del Artículo 2 de la Convención Internacional, que define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado…”.

Abril 17 de 2025