¿Y la presidenta?

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Por Omar Garfias

@Omargarfias

El pasado 3 de diciembre Claudia Sheinbaum anunció que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, se trasladaría a Sinaloa “para coordinar todas las acciones de seguridad con la Fiscalía General de la República y la estatal”. Esto es que no fue a sumarse, sino a tomar la dirección de los trabajos de investigación, prevención y persecución del delito y del crimen organizado.

En noviembre, Sinaloa tenía un promedio de 19.6 robos diarios de vehículos. Luego de seis meses de coordinación del secretario federal, el promedio subió a 21.9 en mayo.

Tres días antes del anuncio presidencial, los asesinatos en Sinaloa tuvieron un promedio diario de 6 en noviembre. Tras seis meses de coordinación del secretario federal, el promedio subió a 6.1 en mayo.

Los resultados de la intervención del gobierno federal no corresponden a las necesidades de la población ni a las expectativas de que estaría en Sinaloa el gran operador en seguridad del gabinete.

La presidenta Sheinbaum cuenta con el “Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural”, entre cuyos objetivos está apoyar a ciudadanos afectados por “fenómenos sociales que ponen a la población en situación de vulnerabilidad e impactan el bienestar de las personas”.

Al inicio de la actual administración federal, un conjunto de sinaloenses pidió al gobierno federal que se financiara con recursos de ese programa un esquema de empleo temporal, donde los desempleados por la crisis de seguridad pudieran acceder a un salario a cambio de hacer trabajos de beneficio comunitario, y no uno de regalar dinero.

Los desempleados por la inseguridad en Sinaloa son alrededor de 35 mil personas; tan sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que entre mayo de 2024 y mayo de 2025, los puestos de trabajo registrados se redujeron en 11 mil 468 y que van cinco meses seguidos donde acontece pérdida de empleos formales.

Ninguno de los desempleados por la crisis en Sinaloa ha recibido apoyo del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Dinero había: el programa federal para personas en emergencia social ha manejado recursos por alrededor de 2 mil 500 millones anuales.

La solicitud de empleo temporal emergente fue rechazada. La respuesta del gobierno federal no fue la que necesitaba la población ni la adecuada a las expectativas de ser gobernados por quien dijo tener su corazón en Sinaloa porque su esposo nació aquí.

En diciembre, el Monitor de la Sequía de la Comisión Nacional del Agua indicaba que ese problema afectaba al 89 por ciento del territorio estatal. Las presas estaban al 18 por ciento de almacenamiento. El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó al gobierno de la presidenta Sheinbaum declarar emergencia por sequía, lo que permitiría recibir apoyo de la Federación para la población sin acceso a agua para consumo humano.

La solicitud fue rechazada, según informó Rocha Moya el 14 de abril, cuando envió una segunda petición… también rechazada.

En la segunda solicitud, el gobernador confesaba textualmente que “la capacidad financiera y operativa del Gobierno del Estado ha sido rebasada para atender por sí misma la totalidad de los efectos de este fenómeno natural” y, cito el boletín de prensa del gobierno, “al contar con plantas potabilizadoras, también se podrá llevar agua para consumo humano, es decir, agua potabilizada y tratada para tomarse por las personas. Ese operativo es costoso, nos puede auxiliar el Gobierno Federal porque ellos tienen dentro de sus programas la posibilidad de estas emergencias”.

La respuesta del gobierno federal no fue la que necesitaban las familias sin agua para beber ni la correspondiente a la expectativa de ser gobernados por un partido que se dice humanista.

Luego de seis años de quejas ciudadanas de que no hay medicinas en las instituciones públicas y de que el entonces presidente negara el problema y sostuviera que gozamos del mejor sistema de salud del mundo, la presidenta Sheinbaum prometió, el 14 de enero, refiriéndose al desabasto: “el objetivo es resolverlo en estos dos meses”. Esto es, para marzo.

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Tres meses después de la fecha prometida, el 15 de junio, Julio Quintero, titular del IMSS en Sinaloa, informó que se padecía un desabasto de 60 por ciento, y el 23 de junio, el gobernador Rocha Moya admitió el desabasto de medicamentos y que “al IMSS-Bienestar le piden determinado stock y mandan lo que quieren”.

La respuesta del gobierno federal no fue la que necesitan los sinaloenses enfermos ni la correspondiente a la expectativa de ser gobernados por una científica.

Los campesinos tampoco recibieron una respuesta presidencial positiva a su petición de atender las causas y las consecuencias de que la producción de maíz bajara a menos de la mitad, ni a la expectativa de que el secretario de Agricultura nació en Sinaloa.

En medio de la narcopandemia, que ha cobrado miles de vidas y patrimonios familiares, la presidenta visitó el estado pero se negó a sostener reuniones sobre la inseguridad o la sequía y se refugió en un evento entre empleados de gobierno, donde exclamó al llegar: “lo tengo que decir grande, fuerte, que se escuche en todo México y en todo el mundo, el pueblo de Sinaloa es un pueblo trabajador, que sale adelante todos los días, que lo queremos, que lo apoyamos, que no vamos a permitir que nadie estigmatice a Sinaloa”.

Dio el clásico discurso populista: “hay un enemigo malo del que yo te estoy defendiendo”, pero ninguna de las soluciones que los sinaloenses necesitan y esperan.