Advierten ambientalistas que el comité sobre fracking es simulación

Por Redacción

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional y crear un comité “técnico-científico” para evaluar el uso del fracking encendió alertas en las organizaciones ambientales y especialistas, quienes advierten que podría tratarse de una simulación para legitimar una decisión ya tomada.

Diversas voces coinciden en que el problema no es quiénes integran el comité, sino si existe realmente la posibilidad de una deliberación independiente o es un mecanismo diseñado para avalar una política energética definida desde el Ejecutivo.

De acuerdo con la Alianza Mexicana Contra el Fracking, un comité cerrado, tecnocrático y sin margen real para recomendar la prohibición de la fractura hidráulica no es un espacio de evaluación, sino un instrumento de validación política.

Advierte que si el mandato del comité se orienta desde el inicio a discutir cómo explotar gas no convencional “mejor” o con “nuevas tecnologías”, la deliberación se reduce a una simulación.

El gobierno intenta posicionar la discusión como un asunto de soberanía energética y de  eficiencia tecnológica, pero los especialistas afirman que ese enfoque es insuficiente y deliberadamente limitado.

El fracking no es un asunto meramente técnico. Es una decisión que atraviesa dimensiones territoriales, climáticas, sociales y de derechos humanos, al impactar directamente en el acceso al agua, la salud pública, los ecosistemas y las comunidades. Reducirlo a una discusión entre expertos despolitiza un problema que nunca ha sido neutral.

¿Fracking sustentable?

El punto más contundentes del debate es el rechazo a la narrativa del supuesto “fracking limpio”, “verde” o “sustentable”.

La evidencia científica acumulada durante más de dos décadas —incluido el compendio del Concerned Health Professionals of New York con más de 2 mil 300 estudios— demuestra impactos consistentes, entre los que destacan la contaminación de agua y aire, las emisiones de metano, las afectaciones a la salud y la degradación ambiental. No existe el “fracking sustentable”.

Pero más allá del debate ambiental, hay un dato que se omite: México no tiene las capacidades reales para desarrollar gas shale a gran escala.

El país enfrenta limitaciones estructurales como falta de inversión suficiente, rezago tecnológico, infraestructura insuficiente, escasa experiencia operativa en yacimientos no convencionales y falta de certeza jurídica.

Insistir en el gas no convencional no sólo implica riesgos ambientales, sino una apuesta económicamente incierta y técnicamente débil.

El intento de reabrir la discusión sobre el fracking se da bajo la premisa de que México necesita más gas, una idea que también ha sido cuestionada.

Para los especialistas, apostar por más extracción de combustibles fósiles no es soberanía energética, sino la profundización en un modelo que ha generado contaminación, conflictos territoriales y rezago en la transición energética.

La disyuntiva no es cómo extraer más hidrocarburos, sino si el país está dispuesto a abandonar gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles, como lo ha comprometido internacionalmente al firmar el Acuerdo de París.

Para que el comité tenga credibilidad, organizaciones plantean como condiciones básicas la posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking; transparencia total en integración, metodología y deliberaciones; inclusión de comunidades afectadas y conocimiento indígena, así como la consideración del principio precautorio y antecedentes internacionales de prohibiciones.

Sin estos elementos, las recomendaciones del comité estarían viciadas de origen.