¿Para qué sirve el gobierno en Sinaloa?

Por Omar Garfias

@Omargarfias

La capacidad del campo sinaloense de generar empleos formales retrocedió nueve años. Hay que remontarse a marzo de 2017 para encontrar una cantidad de trabajadores eventuales del campo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) menor a la de marzo pasado.

En marzo de 2022, el campo sinaloense contrató formalmente a la mayor cantidad de trabajadores eventuales de la historia: 64 mil 35. Iniciaba el gobierno del doctor Rubén Rocha.

Un año después, en marzo de 2023, los empleos formales eventuales en el campo disminuyeron a 61 mil 453. Ya era un año del gobierno estatal de Morena.

En marzo de 2024, el empleo referido disminuyó a 55 mil 469. Dos años con Rocha, cinco con López Obrador. En marzo de 2026, el número de trabajadores eventuales ante el IMSS disminuyó a 42 mil 839.

En cuatro años del actual Gobierno del estado se han perdido 21 mil 196 puestos de trabajo eventuales registrados ante el IMSS.

Ni el Gobierno de Sinaloa ni el Gobierno federal tienen una estrategia eficaz para reactivar o suplir el mercado laboral de la horticultura ni para amortiguar los daños en la economía estatal y las economías familiares. Lo mismo se puede decir sobre los desaparecidos, robo de autos, abasto de medicinas, deserción escolar, feminicidios, cosecha de maíz, etc..

El gobierno capaz protege a los ciudadanos, resuelve conflictos de manera justa, proporciona servicios públicos, crea oportunidades económicas, establece la base de la prosperidad económica.

El gobierno democrático promueve la participación de los ciudadanos, es sensible a sus deseos. No roba el fruto de su trabajo ni ayuda a que el crimen organizado lo haga.

Vivimos en el peor de los mundos: un gobierno incapaz de implementar soluciones a los problemas sociales; por complicidad o por ineficiencia es muy débil para garantizar la seguridad pública; tan autoritario para no escuchar a la sociedad y con una población con poca capacidad de unirse para resolver sus problemas comunes.

Permítame traer a este texto algunos principios sobre desarrollo económico que llevaron a ganar el Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu y a James A. Robinson.

La prosperidad y el crecimiento económico se originan a partir de unos pocos principios básicos. Entre ellos, los incentivos para que la gente invierta, experimente e innove. Sin un gobierno eficaz, sin políticas públicas e instituciones eficientes, esos incentivos están ausentes en gran medida porque no hay ley para resolver las disputas ni la protección de los derechos de propiedad en mitad del conflicto, o porque las normas, como el dominio del crimen organizado, que han surgido para llenar ese vacío sin Estado distorsionan los incentivos económicos y desalientan la actividad económica.

El crecimiento económico duradero no sólo requiere que haya derechos de propiedad, comercio e inversión seguros, sino que resulta aún más crucial la existencia de innovación y mejoras continuadas de la productividad.

Esto es mucho más difícil de lograr bajo la adusta mirada del gobierno autoritario. Cuando un grupo domina al resto de la sociedad —“los íntimos del gobernador y el crimen organizado”—, las oportunidades no están abiertas a todo el mundo, y en una sociedad sin libertad, tampoco hay mucha tolerancia con los experimentos y los caminos alternativos.

Para que la libertad surja y florezca, tanto el Estado como la sociedad deben ser fuertes. Un Estado fuerte es necesario para controlar la violencia, hacer cumplir las leyes y proporcionar servicios públicos cruciales para una vida en la que las personas tienen poder para hacer elecciones y luchar por ellas.

La libertad necesita que haya una sociedad movilizada que participe en la política, proteste cuando sea necesario y vote cuando sea posible para que el mal gobierno abandone el poder. La libertad surge de un delicado equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad.

El gobierno en Sinaloa es incapaz de definir e implementar políticas públicas de desarrollo económico, pues es utilizado de manera sistemática para beneficiar a los miembros del grupo político en el poder.

Sin una sociedad movilizada, asertiva e irreverente, el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno y las protecciones de los derechos ciudadanos establecidos en las leyes y en la Constitución no valen más que el papel en el que están escritas.

El rasgo definitorio del autoritarismo es su capacidad para negar a la sociedad los medios para participar en la toma de decisiones políticas.

¿Cuántas organizaciones sociales autónomas existen (lo que en ocasiones se denomina la «sociedad civil»), capaces de articular demandas y hacer sugerencias al Gobierno? Somos una sociedad dividida contra sí misma, incapaz de actuar de manera colectiva y que, de hecho, desconfía profundamente de cualquiera y de cualquier grupo que intente influir en la política.

El poder de la sociedad se basa en la capacidad de las personas para resolver su problema de «acción colectiva» e implicarse en la política para bloquear aquellos cambios a los que se oponen e imponer sus deseos en las principales decisiones sociales y políticas.

Se requiere una amplia coalición de los diferentes actores de la sociedad sinaloense. Probablemente una coalición nueva, que apoye el fortalecimiento de la organización ciudadana, y es necesario un equilibrio de poder dentro de esa coalición para que un grupo no deje de lado a los demás y establezca su propio poder despótico.

Los problemas de la economía familiar se resuelven con políticas públicas gubernamentales exigidas por la sociedad organizada que crean condiciones para el éxito del esfuerzo individual.

Unirse a las acciones colectivas para que el gobierno proteja y fomente las oportunidades económicas que su talento y trabajo aprovecharán. No hay de otra, dice la ciencia.

Que sirva para lo que debe servir.