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Al gobierno no le interesa perseguir el delito ni hacer justicia
- migueldealba5
- hace 17 minutos
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Por Omar Garfias
@Omargarfias
En Coahuila han robado 282 vehículos en 2025; en Sinaloa, 6 mil 345. Por cada carro que roban allá, en Sinaloa roban 22.
A pesar de que suceden menos despojos, la fiscalía de Coahuila tiene 191 millones de pesos más que la de Sinaloa para investigar y perseguir delitos del orden común, como el robo de vehículo.
Si se relaciona el presupuesto de las fiscalías para investigar con el número de vehículos robados en 2025 —esto es, si dividimos los recursos disponibles entre el número de carpetas de investigación abiertas por tal delito—, hallamos que la sinaloense tiene 24 veces menos recursos que la coahuilense.
Por cada peso que Sinaloa invierte para investigar y perseguir una denuncia de robo de vehículo, Coahuila destina 24, una diferencia de 2 mil 400 por ciento de presupuesto efectivo por carpeta de investigación abierta.
En Coahuila hay menos robos de vehículos porque hay una Fiscalía que recibe un respaldo presupuestal del gobierno y del Congreso que le permite abatir la impunidad. Quien roba un vehículo allá, sabe que puede ser castigado.
Son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportados por el Observatorio Nacional Ciudadano.
Para 2026, la Fiscalía de Sinaloa enfrentará a las expresiones del crimen organizado más poderosas del mundo con uno de los presupuestos más débiles del país.
El presupuesto de la Fiscalía sinaloense crecerá en 63 millones; el de Coahuila, 68 millones. Se ampliará la brecha.
El presupuesto de la Fiscalía de Baja California en 2026 será de 795 pesos por habitante; en Guanajuato, 735; en Sonora, 826; en la Ciudad de México, 993; en Quintana Roo, 1 mil 345. El de la Fiscalía de Sinaloa, 397 pesos. Miserable, en comparación con otros estados de México, no con países desarrollados.
Los asesinatos en Sinaloa han aumentado 337 por ciento entre agosto de 2024 —el mes anterior al inicio de la narcopandemia— y el promedio de los ya 15 meses de crisis de violencia.
Los robos de vehículos aumentaron 187 por ciento entre agosto de 2024 y el promedio de los 15 meses de crisis de violencia.
El presupuesto de la Fiscalía sólo aumentó 6 por ciento en 2025 y apenas 5 por ciento para 2026.
El número de delitos que la Fiscalía debe investigar, perseguir y presentar ante los jueces creció monumentalmente, pero los recursos que recibe lo hacen raquíticamente.
La respuesta del gobierno del doctor Rubén Rocha ante la narcopandemia ha consistido en muchas campañas de propaganda, pero una miserable inversión en acciones y en capacidades de las policías de investigación y de los ministerios públicos.
Los rondines de fuerzas federales por las calles no sustituyen al trabajo que de la Fiscalía. Son actividades diferentes. Los militares y la Guardia Nacional no investigan las denuncias presentadas por los ciudadanos víctimas de delitos del orden común, como robo de vehículos, de modo que si el ministerio público no concluye eficazmente su trabajo no habrá justicia para esos casos.
La Fiscalía de Sinaloa ha sido incapaz de aplicar justicia y acabar con la impunidad. Además de la cooptación de algunos de sus elementos, la falta de recursos, la hacen débil y poco útil.
Un botón de muestra lo da el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), que informó que en 2023, en ocho estados, cuando los policías ministeriales solicitaron apoyo pericial para investigar delitos lo recibieron; ninguna solicitud quedó pendiente, mientras en Sinaloa quedaron pendientes 6 mil 400 casos. El problema aumentó en 2024 cuando, en lugar de disminuir, quedaron pendientes 18 mil 843 solicitudes de peritaje.
En Sinaloa no se vive en paz porque las instituciones responsables de investigar y perseguir el delito son incapaces de hacerlo, porque no reciben los recursos necesarios y han perdido autonomía respecto del poder político y de los poderes fácticos.
La incapacidad de la Fiscalía también está impune. No hay un contrapeso suficientemente fuerte que le obligue a cumplir cabalmente sus funciones.
Los pocos medios de comunicación y las escasas voces ciudadanas que critican, denuncian, evalúan y proponen no tienen un respaldo determinante.
Gran parte de quienes ocupan puestos de dirección en instituciones y organizaciones prefieren sumarse al coro que mantiene el estado de cosas de un crimen organizado fuerte y una Fiscalía débil. Es una variante de la complicidad, que permite al vicefiscal del sur decir a los reporteros: “¡...publiquen lo que quieran. No los voy a atender. Retírense!”. La soberbia de saberse impune ante la sociedad y protegidos por sus jefes, quienes quiera que estos sean.
La impunidad está solapada también por quienes toleran que el gobierno no haga lo debido, que se prestan a la selfie sonriente y hasta soportan humillaciones públicas. Le llaman formas correctas a ser alfombra aquiescente.
Ayúdeme con algunas respuestas.
¿Por qué el gobierno no fortalece a las instituciones locales de seguridad y justicia? ¿Por qué la prioridad que dicen dar a la aplicación de la justicia no se refleja en los presupuestos? ¿Qué estructuras de la política forman parte del sistema de macrocriminalidad que padecemos? ¿A quién beneficia que el policía investigador no tenga un buen sueldo, capacitación, condiciones de vida altas, apoyo de servicios periciales, la cantidad de compañeros necesaria y los recursos materiales indispensables?
¿Conviene renunciar a la esperanza? ¿Cómo nos podemos unir quienes no estamos conformes? ¿Por qué no aprendemos de las experiencias exitosas que han pacificado otros estados de Mexico y de otros países? ¿Cómo salimos bien de esta emergencia? ¿Debemos ser víctimas abnegadas de la incapacidad y complicidad de políticos e instituciones?